El salvamento que no llega elpulso@sanvicentefundacion.com La propuesta de campaña de implementar una política hospitalaria “para la máxima cobertura geográfica, con equidad y racionalidad” que hiciera en 2010 el candidato Juan Manuel Santos, choca con los 80 hospitales liquidados y 366 más con riesgo financiero medio o alto que dejan sus 7 años de gobierno. Así lo indica Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), quien afirma que el balance de estos años del presidente Santos es agridulce. Su balance se remonta al 2010, cuando el gobierno saliente de Uribe declaró la emergencia social y con ella tomó una serie de medidas que luego fueron revocadas por la Corte Constitucional. Cuando llegó Santos al poder, se aprobó la Ley 1438 del 2011 con las que se trató de mejorar el flujo de recursos. Pero esa misma ley les representó a los prestadores una serie de inconvenientes: “Trajo consigo unos artículos donde se recicla parte de la emergencia social en lo que tiene que ver con la categorización del riesgo fiscal y financiero de los hospitales públicos”, dice Martínez. Esa figura no ha servido para evitar que la situación de los hospitales empeore. Según datos de Aesa, a diciembre del 2015 un 26 % de los hospitales públicos del país estaban categorizados en riesgo medio o alto, pero al cierre del 2016 esa cifra llegó al 40%. Con esto, las instituciones están en la obligación de “desarrollar e implementar programas de saneamiento fiscal y financiero o de gestión integral de riesgo que los obliga a disminuir costos y gastos hasta donde sea posible”. Aunque parecieran decisiones que solo afectan el funcionamiento interno de las IPS, Martínez es claro en señalar que este tipo de medidas “deteriora la atención, y los obliga a mejorar los ingresos de las EPS del régimen contributivo y subsidiado, que son responsables del gran lastre que tiene el sistema de salud”. Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) considera que “a pesar de que no existe una política hospitalaria, a través de todas las normas y decretos que se han expedido por parte del Ministerio de Salud, se observa cómo de manera sistemática se quiere menoscabar la posibilidad de que los hospitales públicos salgan de la crisis”. Zuluaga dice que “no hay coherencia en las políticas del gobierno nacional” porque mientras se presenta una profunda iliquidez por la falta de pagos a las IPS, se les exigen procesos procesos de laboralización y calidad así como inversiones importantes de infraestructura. Culpa: entre las EPS y el Estado El director ejecutivo de Aesa indica que en la actualidad, las clínicas y hospitales del país están en crisis y una buena parte de la responsabilidad recae en las aseguradoras. “En esencia, las EPS no tienen con qué pagar porque muchas inicialmente desviaron recursos o los destinaron en otros fines y el flujo de recursos no ha sido óptimo, lo cual ha generado las grandes carteras de los prestadores” señala. Según los cálculos de los hospitales públicos del país, a la fecha la deuda de las EPS asciende a los 7.3 billones de pesos, del que un 50 % es cartera con más de un año. En la red privada, esa deuda asciende a los 8 billones de pesos. “Los prestadores han tenido que ir soportando la salida de unas EPS (las más resonadas Caprecom y Saludcoop, pero previamente asumimos las liquidaciones de Solsalud, Cóndor EPS y algunas cajas de compensación), lo que nos ha dejado un lastre de deudas que no se revolvieron ni se pagaron” añadió. Según Martínez, esto es consecuencia del deterioro financiero de las EPS, y para ello cita el más reciente cálculo del Patrimonio Adecuado de la Superintendencia Nacional de Salud. Hay un “deterioro patrimonial y margen de solvencia (que se llama técnicamente el patrimonio adecuado), que pasó de -5.5 billones de pesos en diciembre del 2015 a -6.2 billones en diciembre del 2016”. El hecho de que los hospitales estén soportando el peso de las deudas del sistema se ve agravado con las políticas del Ministerio de Salud que les han dado plazos de entre 7 y 12 años a las EPS para cumplir con el patrimonio mínimo y margen de solvencia, dice Zuluaga. Por si fuera poco, el Estado no está cumpliendo con su labor de realizar vigilancia y control. Al ver los estados financieros de las EPS cada vez más debilitados, se nota que “no hay ningún tipo de control y, cuando se hace, no pasan de meros paños de agua tibia”, dice la directora de Acesi. “Nosotros encontramos que en los hospitales de mediana y alta complejidad, el recaudo no llega al 65%. ¿Eso qué nos está diciendo? Que por cada 100 pesos que facturamos, se nos está quedando el 35 % sin recuperar”, dice Zuluaga y pregunta por qué el Ministerio y la Superintendencia no intervienen cuando este hecho representa una clara violación a lo dispuesto en las circulares 014 y 016. A su juicio, el problema no es de falta de leyes sino de voluntad del gobierno hacerlas cumplir a los aseguradores. Estos problemas han derivado en que muchos prestadores redujeran su oferta hacia el público. Las IPS “han constreñido servicios al cerrarlos, cerrar camas, disminuido consultorios y han cerrado servicios de atención materno infantil en los últimos años”, cuenta Luis Alberto Martínez. Como parte de ese fenómeno también incluye la liquidación de la Clínica Minerva en Ibagué y la quiebra de unos 80 hospitales públicos del país, cuya infraestructura ha sido entregado a operadores privados. “Quien asume las consecuencias de esto es la población que tiene una oferta hospitalaria disminuida y debilitada por las leyes del sistema que se centra más en defender a los intermediarios financieros que a las personas y que no garantiza el derecho fundamental a la salud”, concluye Martínez. En esta medida, la situación de los hospitales del país no es mejor de la que hace 7 años. A juicio del representante de Aesa, que el Ministerio de Salud niegue la crisis no quiere decir que esta no exista: “Si no fuera así, no veríamos atiborrados los servicios de urgencias ni el cierre de camas permanentes, las huelgas del talento humano y los reclamos de los mismos proveedores porque no se les paga a tiempo”. Más información... 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