El título de este artículo es tomado del editorial de El Tiempo, 26 de octubre de 2008, editorial que hace un análisis de errores médicos, ilustrado con impresionantes ejemplos. El editorialista hace un somero recuento de las posibles causas de esos errores, con énfasis en la “mala práctica”, en la “formación dudosa” de los médicos, “en un sistema de salud que alteró la esencia del acto médico; los bajos ingresos y la pérdida de autonomía frente al manejo de los pacientes, así como la atención apresurada de los enfermos bajo un esquema mercantilista” y recalca sobre la necesidad de que los profesionales de la medicina no se escuden en las situaciones adversas -los "eventos adversos"- en el ejercicio de su misión, como excusa a su falta de responsabilidad.
Es, sin duda, un análisis relativamente completo, pero, como en muchos otros presentados en los medios de comunicación de masas, el énfasis recae sobre la conducta del médico y poco o nada sobre las situaciones en las que éste tiene actualmente que desempeñar su misión a causa de la Ley 100 de 1993, ley perversa desde su origen, pues tras el seductor ideal de salud igualitaria para todos los colombianos -lo que no se logró-, hizo de la medicina un ejercicio comercial, con todos los vicios del mercantilismo, en el cual unas cuantas instituciones creadas por la misma Ley -EPS, IPS- trafican con la vida, con la salud, con la integridad de seres humanos y, luego, hacen recaer la responsabilidad en los médicos, cuya libertad de acción honesta ha sido conculcada en beneficio de las rentas monetarias de dichas instituciones.
La salud no puede ser un bien de consumo ya que hace parte esencial de la existencia y es el cuidado de ésta, de la existencia, lo que confiamos al médico cuando acudimos a la consulta. La misión fundamental del médico, aunque parezca paradójico, no es el cuidado de la salud sino el de la vida del paciente, y esta vida es la que se mercantiliza en las instituciones creadas por la Ley 100. En otras palabras, se negocia con vidas humanas al amparo de una ley, en una nación cuya Constitución vigente, la de 1991, proclama en el artículo 17: “Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”.
«Ser médico es diferente de saber medicina». Ser médico implica una actitud, una vocación de servicio a la persona humana, manifiesta Félix Martí Ibáñez. La salud por sí misma carece de sentido, pues nadie desea estar sano por el placer de estar sano, como bien lo expresa Siebeck, citado por Laín Entralgo: «No hay salud cumplida sin una respuesta satisfactoria a la pregunta: Salud, ¿para qué? No vivimos para estar sanos sino que estamos y queremos estar sanos para vivir y obrar».
« [...] La labor del médico, su privilegio es ayudar a una persona; malgasta mucho de su oportunidad cuando limita su atención a la enfermedad de su paciente», nos enseña James Roswell Gallagher, el creador de la medicina del adolescente, y Laín Entralgo proclama: «La relación entre el médico y el paciente no puede ser satisfactoria si no tiene su término en el paciente mismo… no en la sociedad, ni en el Estado, ni en el buen orden de la naturaleza, sino en el bien personal del sujeto a quien se diagnostica y trata, y por lo tanto el sujeto mismo» (subrayado fuera de texto).
Debemos recalcar algo: “esa formación dudosa” de los futuros médicos apenas comienza y cada día será más crítica: los hospitales que se enorgullecían de su título de Universitario desaparecieron por la Ley 100, pues sobreviven de los contratos con las EPS, IPS, que no permiten que sus afiliados sea sujetos de enseñanza médica, no siempre por respeto a éstos sino porque esta práctica disminuye sus ingresos monetarios y porque en el fondo pueden manipular más fácil a los profesionales mal preparados. Así las cosas, inclusive las Facultades de Medicina que disponían de buenas áreas de práctica honesta y humana para sus estudiantes, ven menguada esta indispensable experiencia. Infortunadamente, estos aspectos fundamentales en la correcta atención de los pacientes, se soslaya y se da la impresión de que todo depende del cuerpo médico y que el Estado, que es el llamado a volver las cosas al buen camino, no tiene responsabilidad, toda la responsabilidad, al respecto.
Errores médicos han existido siempre y es imposible evitarlos: en primer lugar, porque la medicina no es una ciencia exacta, porque todo acto médico, por bien preparado que esté académica y éticamente el profesional, cae dentro del rango de la incierta certidumbre de lo biológico; en segundo lugar, porque como en todo quehacer humano ha habido, hay y habrá quien piense solamente no en cumplir su deber sino en explotar para su propio provecho lo que es una misión humanitaria, una obligación social.
¡Grave y urgente es la tarea de nuestros legisladores que se hacen los sordos frente a los hechos que vivimos día a día, en relación con el ejercicio honesto de la profesión médica.

Sin resolver aún las dudas sobre su necesidad, y estar sólo en la fase tres de experimentación, algunos gobiernos occidentales (Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Dinamarca y España) han aprobado con prisa sorprendente la vacuna contra los virus del papiloma humano (VPH) en el esquema público de inmunización. Promovido por todo un coro mediático de apoyos, que incluye el de Harald zur Hausen, reciente Premio Nobel de Medicina, el dudoso programa de tres dosis con valor de unos 300€, dirigido a niñas sin relaciones coitales, entre 11 y 14 años, podría consumir la mitad del presupuesto en la salud pública de los países mencionados. Y lo peor, debilitando en todos la agenda universal de vacunación eficaz contra viruela, sarampión, poliomielitis, difteria, tétanos, fiebre amarilla.
Con el médico español Juan Gervás hay que repetir que las vacunas son un tesoro sanitario, el legado de salubridad más grande después de la educación general obligatoria y el suministro del agua potable. En ellas se compila toda una efectiva y seria tradición médica tutelar, la que se inicia con Edward Jenner y el hallazgo contra la viruela en 1796. Fe pública en ese legado ancestral que no se puede aherrojar por el afán comercial de esos grandes consorcios farmacéuticos. Hay que salirles al paso diciéndoles que los virus del VPH se transmiten por contacto, no por fluidos, durante las relaciones sexuales. Que hasta el presente no hay epidemia alguna de cáncer de cuello uterino, ni siquiera en Haití, el país con más alta tasa de infección del mundo. Que hay más dudas que certezas y que su eficacia y seguridad no están demostradas. Que esta vacuna no previene el cáncer de cuello uterino, sino las infecciones provocadas por algunos de estos virus.
De nuevo, es el marketing del miedo en plena operación. Es la heurística de las enfermedades o la reducción de sus baremos. Todo apunta a una publicidad engañosa como la desplegada a favor de la vacuna anti-neumocócica, o el terror suscitado con la meningitis C y la gripe aviar, en las que también se desconoce su impacto en la historia natural de la infección y los posibles efectos adversos. ¿Dónde están las inversiones para investigar soluciones a enfermedades que causan cientos de millones de muertos al año en países empobrecidos? En todo esto, el silencio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy sospechoso.

La historia nos muestra con terrible evidencia cómo, desde tiempos inmemoriales, las peores tiranías, las más crueles y sangrientas, se han ensañado en imponer sus criterios y en desconocer uno de los más fundamentales derechos humanos como es obedecer a la propia conciencia, empleando la violencia física o legal en contra de quien o de quienes tienen el valor de desconocer sus criterios para salvaguardar la propia dignidad y la dignidad incondicional de todo ser humano.
Recordemos, sin ceñirnos a una estricta sucesión histórica, algunos de estos vergonzosos y crueles episodios: uno de los más antiguos es, sin duda, el que conocemos como “El martirio de los siete hermanos” y de su madre, en la época de los Macabeos -cerca de 200 años antes de Cristo-, en el cual uno de los Antíocos hizo gala de una sevicia que ni el más feroz de los depredadores irracionales emplearía con sus víctimas. Más cerca de nuestro tiempo encontramos el circo romano y la multitud de personas sacrificadas por su fe o como combatientes que debían morir para complacer la sed de sangre de los habitantes del Imperio que proclamaba la civilización.
Y en el siglo pasado, siglo XX, se nos presentan como verdadero baldón del llamado Homo sapiens sapiens, los campos de concentración nazis y rusos, donde por motivos raciales, religiosos, políticos, etc., se eliminaban seres humanos con refinamientos que no aminoran sino que agravan la ferocidad de tiranos de pueblos llamados civilizados, portadores de cultura, creadores de ciencia “en pro de la humanidad”.
Bien. En Colombia, de forma muy sutil pero con preocupante firmeza, se instaura una de esas tiranías tan crueles o más que las que hemos citado. Más cruel porque involucra a seres humanos indefensos, que no han cometido por su misma condición biológica ningún delito ni han quebrantado ninguna disposición legal y que son condenados a muerte sin otorgárseles la posibilidad de defender sus vidas. Más cruel porque trata de obligar a personas libres a cometer el delito que ellos señalan como un derecho, o a convertirse en cómplices porque no les permite el recurso de la objeción de conciencia, derecho humano fundamental como lo afirmamos antes, reconocido en la Constitución de 1991, artículo 18, que ellos, al asumir sus cargos, juraron cumplir y defender. Todo tirano jura cumplir la Constitución, pero luego se hace un perjuro que sólo obedece a su propio criterio.
Desde las altas Cortes, desde el Ministerio de Protección Social (¿?), y ahora desde el Ministerio Público, se lucha denodadamente por abolir, especialmente para los médicos y las instituciones del área de la salud, el esencial derecho a la Objeción de Conciencia.
¡Ministerio de Protección Social! Parece por su nombre tener el encargo de cumplir en todos los casos el artículo 11 de la Constitución de 1991, que a la letra dice: “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Sin embargo, actualmente no sólo se considera legal condenar a muerte a seres humanos en el período embrionario de su natural desarrollo, sino que se pretende obligar al médico a ser el verdugo.
La misma Constitución al ocuparse del Ministerio Público ordena en el “Artículo 277. El Procurador General de la Nación por sí o por sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo. etc.”.
Sí, sutil pero firmemente la tiranía se impone en Colombia y, por temor más que por desconocimiento, poco o nada hemos hecho para defender nuestra libertad, antes de que sea demasiado tarde.
“El derecho a la vida es inviolable”. “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”, señalan los artículos 11 y 18 de la Constitución vigente, al reconocer los derechos esenciales de todo ser humano a la vida y a obrar según su conciencia. Vuelvo a preguntar: ¿qué hemos hecho o estamos haciendo para defender nuestra libertad, nuestra dignidad?.
Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-