MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 12    No. 160  ENERO DEL AÑO 2012    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


Régimen subsidiado en Medellín:
¿evidencia del colapso del
sistema de salud?

Juan Carlos Arboleda Z. - Periodista - elpulso@elhospital.org.co

Profundizar en el análisis y tener un diagnóstico exacto, propone el superintendente Conrado Gómez ante la nueva crisis del régimen subsidiado en Medellín, tras el anuncio de Cafesalud de abandonar la ciudad luego de un año de operación.
En el Foro “Presente y futuro de la salud en Colombia” de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia -Aesa-, en diciembre pasado, Gómez señaló que existen muchas posibles explicaciones según cada actor, y lo real es que ninguna EPS del país querría asumir el subsidiado en Medellín.

Supersalud notificó la última semana de diciembre a Cafesalud, que no puede dejar de atender los afiliados en Medellín hasta que el Ministerio de Salud y Protección Social se pronuncie sobre la interpretación del Acuerdo 415 de 2009 y el decreto 1024 del mismo año, que reglamentan el retiro voluntario de las EPS de una región del país.
Con la medida de la Súper se suspende temporalmente el riesgo de que 350.000 afiliados de la EPS-S en la ciudad queden sin aseguradora, luego de que el pasado 26 de octubre anunciara que solo prestaría servicios hasta diciembre 31/11, justificando su retiro en pérdidas económicas.
La notificación advierte: “Tendrá que garantizar la continuidad del aseguramiento (...), so pena de las responsabilidades civiles, penales y administrativas".
Nadie se le mide Medellín
Lo más grave es que el superintendente reconoció en el Foro de Aesa, que ninguna EPS del país quiere asumir a Medellín. Entre las razones de las aseguradoras, según Gómez, estarían: los señalamientos de la existencia de un 'cartel de prestadores' en la ciudad, que el costo de las tarifas de Metrosalud es supremamente alto, que la siniestralidad del alto costo en Medellín es mayor que en años anteriores y que administraciones municipales anteriores hicieron selección adversa incluyendo a cualquier persona que llegaba con enfermedades de alto costo; ésta última resulta muy curiosa, por cuanto no es creíble que las autoridades de salud salieran en 'cruzadas' buscando enfermos de tratamientos costosos, y desconoce que la afiliación al subsidiado tiene reglas de juego que permiten a los ciudadanos afiliarse en sus lugares de residencia sin restricciones por preexistencias.
Según el superintendente, las explicaciones son variopintas y reconocen condiciones especiales en Medellín y otras ciudades: “Hay unos elementos en el país preocupantes y muy reales; por ejemplo, en las grandes ciudades hay mayor gasto porque hay mayor acceso a servicios de salud y porque personas con enfermedades de alto costo se vienen a vivir donde existen esos servicios; mucha gente que vive en municipios en Antioquia trasladan su domicilio a Medellín, porque acá hay unidades de diálisis, por ejemplo, y eso es lógico y lo tienen que hacer, pero genera costos mayores para la ciudad-destino”.
Antecedentes
En los últimos años, la administración del régimen subsidiado en Medellín se convirtió en una “papa caliente” que ninguna aseguradora quiere y con la cual el gobierno local no sabe qué hacer. Primero fue el retiro de la caja Comfenalco Antioquia, que tras varios años declaró que la atención del alto costo fue desbordada por llegada de pacientes de otras regiones del departamento y del país, que hacía insostenible su permanencia. La situación se enfrentó con la llegada de Caprecom, enfatizando que la experiencia de la EPS pública permitiría asumir el reto sin problemas; un año después anunció su retiro y dejo la ciudad con una estela de deudas que aún reposan en escritorios de prestadores.
En esta tercera oportunidad, Cafesalud asumió a los afiliados de Caprecom, no hizo mucho aspaviento con su llegada, inició las atenciones, pero al año y cumpliendo el plazo que exige la ley para la renovación contractual, siguió el camino de sus antecesoras.
Luego de estas tres experiencias fallidas en la falta de continuidad en la contratación, el resto de población afiliada al subsidiado sigue siendo atendido por Comfama, la otra caja de compensación de la región, que señala la existencia de problemas estructurales, pero que en una apuesta de responsabilidad social, no ha querido tirar la toalla… todavía.
Buena calidad convertida en problema
Otro elemento que incidió en que la ciudad sea polo de atracción de pacientes del Chocó, Bolívar, Córdoba, Santanderes y otras regiones del país, es la buena calidad en la prestación de servicios, como señala el superintendente: “Medellín tiene estándares altos en la prestación de servicios, y ese es un factor cultural que no se puede desconocer”.
El superintendente señaló otro fenómeno muy grave e inadvertido: “Se da una situación muy preocupante: las aseguradoras se quieren retirar de los lugares donde hay mayor concentración del gasto para irse a atender sólo poblaciones donde las personas están a varias horas en lancha u 8 horas en mula, donde no se utilizan los servicios”. Todas estas consideraciones evidencian que el caso de Medellín y el subsidiado tiene muchos elementos que confluyen contra la continuidad en la atención o en la contratación.
Desde lo macro, lo más preocupante es la forma tan simple en que las aseguradoras se retiran de un municipio o región, cuando la rentabilidad no es la esperada; y aunque nadie puede obligar las EPS a perder dinero, queda en entredicho el nivel de su compromiso con la salud de las personas, el cual abandonan cuando la contabilidad da señales de alerta. Frente al caso, el gobierno no tiene una posición clara ni vislumbra medidas de solución. Por ello, Supersalud solicitó al Ministerio aclarar la interpretación de las normas que permiten el retiro de las EPS-S: “El gobierno en algún momento decidió sancionar a las EPS que se retiraban de un municipio, obligándola a retirarse de todo el departamento para que no hiciera selección del riesgo, pero ahí sigue habiendo problemas; el gobierno por ejemplo, da una prima adicional en la UPC a las grandes ciudades, lo cual puede incluso considerarse un elemento de inequidad frente a otros lugares del país”.
“Aquí estamos abocados a una situación muy difícil, que para nosotros los salubristas siempre ha sido muy difícil de resolver: lograr que haya un enfoque más preventivo que curativo. ¿Cómo resolver el problema de que siempre la prestación arrasa y consume todos los recursos en desmedro o a costa de otras prerrogativas necesarias a nivel de salud pública, como la prevención? Eso es una realidad y hay que resolverla, espero que encontremos una solución, y creo que lo vamos a conseguir”, concluyó el doctor Gómez.
Sin embargo, una solución estructural y radical podría ser la propuesta ampliamente difundida, de ciudades como Bogotá y Medellín, de crear aseguradoras mixtas donde municipios, gobernaciones y otras entidades oficiales tengan participación al lado de inversionistas privados. Esto generaría cierto equilibrio de intereses, pero ante todo, garantizaría a los entes territoriales continuidad en los procesos, y a la población la sacaría del vergonzoso papel en que cayó de ser simples números para una negociación contractual, a convertirse algún día en seres humanos reconocidos por las EPS-S.
El caso de Medellín resulta paradójico, pues el Ministerio de la Protección Social le otorgó la certificación “Municipio con cobertura superior en la afiliación al régimen subsidiado”, lo cual en la práctica no parece significar mucho cuando la salud depende de vaivenes contables…
 
Caso Medellín: síntoma de colapso
El Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud de Medellín le dirigió el 14 de diciembre una carta al ministro Mauricio Santa María, señalando su “preocupación por el fracaso del sistema de salud, evidenciado por la renuencia de las EPS del subsidiado a prestar sus servicios en esta ciudad argumentando insuficiencia de recursos”.
Se indica que la situación del subsidiado en Medellín es resultado de múltiples fallas estructurales del sistema, especialmente la libertad de los actores para interpretar la prestación de servicios con un enfoque de mercado que privilegia la rentabilidad sobre el derecho a la salud. Igual responsabiliza al gobierno por la falta de rectoría, y al ministerio y organismos de control de tener “connivencia expresa o tácita” que genera incertidumbre permanente al municipio y deja en entredicho la prestación de servicios de salud a la población más vulnerable. Y le recuerda al ministro que la Secretaría de Salud de Medellín planteó propuestas de solución sin que la cartera diera respuestas concretas.
 
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