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La Contraloría
General de la República adelanta procesos de responsabilidad
fiscal e indagaciones preliminares en el sector salud, a nivel
nacional, por una cuantía de $1.59 billones. Las investigaciones
abarcan municipios, hospitales, direcciones territoriales de
salud municipales y departamentales, y entidades como el Instituto
de Seguros Sociales.
La contralora Sandra Morelli explicó que estas investigaciones
muestran un panorama completo de las irregularidades en entidades
del sector, en materia de contratación, sobrecostos,
manejo de inventarios, vencimiento y pérdida de medicamentos,
pérdida de recursos financieros, doble pago de pensiones,
multi-afiliaciones y cobro de facturas adulteradas, entre otras
situaciones. Entre los casos más impactantes están:
- ARS Caprecom habría desviado recursos parafiscales
del sistema de salud por presuntas irregularidades a través
de Cooperativas de Trabajo Asociado e inconsistencias en gastos
de servicios de salud financiados con estos recursos. La cuantía
del presunto detrimento patrimonial supera $1 billón. |
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- En Guaitarilla (Nariño),
presunto detrimento patrimonial por $30.120 millones por omitir
cruce de datos de multi-afiliaciones al subsidiado, lo que generó
mayores pagos a EPS.
- Dirección Territorial de Salud de Caldas: presunto
detrimento patrimonial por $10.663 millones, por concesión
en 2006 para explotar chance, entre EDSA y Su Suerte.
- Presuntas irregularidades en manejo de medicamentos y equipos
hospitalarios en la ESE José Prudencia Padilla, por $1.342
millones
- Santa Rosa de Lima (Bolívar), presunto daño
patrimonial por doble afiliación de 4.486 personas en
Mutual Ser, Caprecom, Emdisalud, Ambuq y Comparta, por $1.057
millones.
- Hospital de Usme compró irregularmente un lote para
construir instalaciones de segundo nivel. Visita fiscal determinó
que el hospital no tiene vías de acceso apropiadas, está
en zona no desarrollada y sin cerramiento. La cuantía
asciende a $1.000 millones.
- Responsabilidad fiscal por $1.473 millones en Hospital Materno
Infantil de Soledad (Atlántico), por incumplimiento y
pago de contratos como si se hubieran ejecutado.
- En Mocoa (Putumayo) se investiga a la EPS Selvasalud, que
pagó más de $1.400 millones a un abogado para
recuperar cartera vencida, sin resultados concretos.
- En Corporación Autónoma Regional del Valle presunto
detrimento de $10.862 millones, por contratación de un
plan complementario de salud para todos los empleados.
- En Villamaría (Caldas), se pagaron mayores valores
a las EPS Cafesalud y Caprecom porque las bases de datos de
afiliados al régimen subsidiado presentan duplicidades
e inconsistencias. La cuantía de presunto detrimento
es $1.054 millones.
- En Instituto Departamental de Salud del Caquetá proceso
de responsabilidad fiscal por $1.179 millones, por irregularidad
en 6 contratos de servicios entre Idesac y Clínica Uros
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