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Derecho a la salud y
sostenibilidad
del sistema: dos retos para conciliar
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Una
mayor cobertura,
mayores recursos
Redacción
EL PULSO - elpulso@sanvicentefundacion.com |
El envejecimiento
poblacional, el incremento de las coberturas y la creciente
oferta diagnóstica ponen presión sobre las finanzas
del sistema. ¿Hay con qué pagar? |
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La satisfacción
del derecho fundamental a la salud, no debe estar supeditada
a la sostenibilidad fiscal del sistema. Así lo estableció
la Corte Constitucional con su sentencia C-313 del 2014, en
la que declaró exequible la Ley Estatutaria de Salud.
Frente al principio de la sostenibilidad fiscal, a la que muchos
ven como un obstáculo para el disfrute del derecho a
la salud, la sentencia es tajante al decir que ninguna
autoridad, puede prevalerse de tal herramienta para restringir
el alcance o negar la protección efectiva de los derechos
fundamentales. Pese a esto, la preocupación por
las cuentas del sistema y su capacidad para atender las necesidades
de los ciudadanos, continúa.
Faltan recursos
Desde mediados del 2014, el precio del petróleo
empezó a caer de manera sostenida. Su precio, que llegó
a cotizarse en 118 dólares el barril de Brent, cayó
más de 66% hasta llegar a 37 dólares en diciembre
del 2015. |
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Esta reducción de los precios internacionales del petróleo,
que representan más del 50% de las exportaciones del
país, afectó seriamente la estabilidad macroeconómica
de los países productores como Colombia, con lo que se
han deteriorado sus balances fiscales.
Por su parte, el gasto en salud es creciente. Para el Ministro
de Salud Alejandro Gaviria, después de que el sistema
hubiera llegado a la cobertura universal y a la inclusión
de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de alto
costo, la implementación de la ley estatutaria en salud
representa nuevos retos para el sistema como lo son la
ampliación de los beneficios, la integralidad en los
tratamientos y el respeto a la autonomía médica.
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Una de las medidas aplicadas por el Gobierno nacional para
controlar los gastos en salud es la regulación a los
precios de medicamentos. Sergio Ramón Márquez
Nossa, quien asesoró al Ministerio en materia de política
de medicamentos, recuerda que en 2010 los recobros por concepto
de servicios no incluidos en el POS rondaba los 2 billones
de pesos. Partiendo de este diagnóstico, el Gobierno
Santos declaró la emergencia social. Con ella, se dictaron
una serie de medidas que ordenaron regular los precios de
recobro de 11.000 presentaciones comerciales. Más adelante,
se pudieron implementar controles para 800 moléculas
en el mercado.
Con estas medidas, se pretendió reducir de manera significativa
los costos que se estaban generando en el sistema y que, a
juicio del Ministerio, ponían en riesgo la estabilidad
del sistema. Pero no basta con controles más estrictos.
Cálculos del Ministerio de Salud indican que hace 10
años, un año de tratamiento para el cáncer
de colon ascendía a los 3 millones de pesos al año,
cuando hoy este mismo tratamiento puede costar 10 veces más.
Hay que incrementar el gasto en salud
Datos del Banco Mundial indican que a 2014, el gasto
en salud de Colombia ascendía al 7.2% del PIB, una
cifra superior al 4.7% de Argentina y al 5.4% de Perú,
pero debajo de los promedios de Chile (7.7 %), España
(9 %) y la mayoría de los países integrantes
de la OCDE.
Con el propósito de reducir las neoplasias, EPOC, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, pero también aumentar
los ingresos del Estado para gestionar la salud, el Gobierno
incluyó en su propuesta de reforma tributaria del año
pasado un aumento a los impuestos al tabaco y la creación
de un impuesto a las bebidas azucaradas. Con ellas se preveían
ingresos adicionales para el sistema de salud por encima del
billón de pesos al año.
Aunque la propuesta de incrementar los impuestos a las bebidas
azucaradas fue hundida en el Congreso, se aprobó medio
punto del IVA para salud, lo cual representa un aporte anual
de 1.3 billones.
Pero estos dineros podrían no ser suficientes. Del
presupuesto de 2017, que ascendió a los 224,4 billones
de pesos, solo fueron destinados 22,2 billones a la salud.
Esta cifra representa un incremento de 800.000 millones de
pesos frente al 2016, pero está por debajo de los requerimientos
del sistema.
Un informe de enero de la Oficina Asesora de Planeación
y Estudios Sectoriales del Ministerio de Salud asegura que
los montos apropiados para el sector salud vienen decreciendo.
Al revisar los valores apropiados para el sector Salud
del 2015, 2016 y 2017 se observa una reducción constante
al pasar de $13.4 billones para la vigencia 2015, $13.2 billones
para la del 2016 y $13.6 billones para la del 2017 en términos
corrientes.
La docente e investigadora de la Facultad Nacional de Salud
Pública, Luz Mery Mejía Ortega, sostuvo que
las cuentas reflejan un desbalance entre los ingresos y gastos
del sistema. De acuerdo con la Dirección General de
Regulación Económica de la Seguridad Social
del Ministerio de Hacienda, a junio del 2016 había
23,6 millones de afiliados al régimen subsidiado (52%)
y 21,8 millones al régimen contributivo (48%), con
una proporción de cotizante/beneficiario de 1.2 veces
en el contributivo.
Con el incremento del 8,2 % en el valor de la Unidad de Pago
por Capitación (UPC) que se autorizó a finales
del 2016, el Estado tiene que desembolsar un total de 15,7
billones de pesos para el plan de beneficios del régimen
subsidiado, y 15,6 para los afiliados del régimen contributivo.
Para Mejía Ortega, una de las responsables del déficit
presupuestal es la intermediación financiera. Aunque
considera que hay una abundancia de normas que regulan el
sector, indicó que el Ministerio y la Superintendencia
de Salud no han sido contundentes en su seguimiento.
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