Ramón Córdoba Palacio, MD - elpulso@elhospital.org.co

Si, lástima, Señor Presidente, Doctor Álvaro Uribe Vélez, que usted se haya engañado, o se haya dejado engañar, en relación con las supuestas bondades de la Ley 100 de 1993; lástima que haya pensado, y aún piense, que una ley que cambia de un plumazo la misión esencial de una profesión, la médica -tan antigua como la humanidad-, de procurar el bien del paciente, pueda convertirse en un menguado oficio cuya meta es producir ganancias económicas a unos pocos que ponen precio a la existencia y a la salud de sus conciudadanos.
Lástima, Señor Presidente, que usted se siga engañando, o dejándose engañar, por personajes que tienen en más estima la curva estadística ascendente de colombianos “cubiertos” con una falaz seguridad social en cuanto a salud se refiere, y no escuche las justas quejas y el llanto de quienes han visto morir a sus más cercanos parientes -padres, hijos, esposa o esposo- porque “no aparece en pantalla”, o “porque su Sisbén es de otro municipio”, o porque la intervención quirúrgica, o el tratamiento médico, o los exámenes necesarios no fueron oportunamente aprobados o fueron negados por gerentes o auditores médicos cuya mayor obligación es la de cuidar el rédito de la empresa antes que la vida o la salud del mal llamado “cliente” o “usuario” -el antiguo y clásico y adecuadamente denominado "paciente"-, y que no conocen de primera mano el estado clínico patológico del paciente ni su angustia y la de su familia. Detrás de esas voces de entusiasmo pueden esconderse, porque somos humanos, intereses más de índole personal -preservación de cargos, créditos políticos, etc.-, que verdadera pasión por el bien de la comunidad.
Lástima, Señor Presidente, que usted se siga engañando, o dejándose engañar, por los que tienen a su disposición todos los medios de comunicación para hacer creer a quienes reciben el citado Sisbén, que tienen asegurada la protección que la Constitución Política de la República de Colombia exige por parte del Estado en materia de salud para todo colombiano, valga la redundancia, cuando en realidad la calidad de tal protección queda a merced de gerentes y auditores que tienen la potestad de impedir se lleven a cabo los cuidados que necesita el paciente, a veces de secretarias que niegan camas, y el enfermo fallece mientras mendiga un cupo que teóricamente le prometía su “Sisbén”, su “POS”, la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, la propaganda oficial, etc.
Sí, lástima, Señor Presidente, que usted se engañe, o se deje engañar, y piense que sirve a los colombianos mirando impasible o permitiendo que se cierren beneméritos hospitales que han adquirido renombre nacional y, a veces, internacional por su labor humanitaria y científica en favor de los pacientes, hospitales que son convertidos luego en casas de moneda que benefician, no la atención en salud de la comunidad, sino los ingresos de quienes negocian con seres humanos -como lo hacían siglos atrás los que traían esclavos para venderlos al mejor postor bajo el pretexto de mejorarles a aquéllos la “calidad de vida”-.
Lástima, Señor Presidente, Doctor Álvaro Uribe Vélez, que usted se engañe, o se deje engañar, sobre los beneficios de que en la atención de salud adolece un sistema que permite crear restricciones arbitrarias que sólo pueden repercutir en perjuicio del paciente, como son: la limitación en el tiempo de consulta, la restricción en interconsultas, en exámenes complementarios, en costo de tratamientos necesarios o la limitación de procedimientos indispensables, y que coarta en esta forma la honesta, adecuada y oportuna misión del médico en bien exclusivamente de su paciente y que, además, permite que gerentes y auditores médicos decidan sin conocer al paciente, sobre la vida y la salud de éste.
Lástima, Señor Presidente, que las entidades encargadas de vigilar los magníficos balances presentados por algunas de las Empresas Promotoras de Salud creadas por la citada Ley 100 -balances pienso que ofensivos de cara a la situación económica más que precaria de un núcleo importante de nuestra población-, no sean escudriñados minuciosamente por las autoridades competentes para detectar que no han ingresado a esas ganancias dineros economizados en exámenes, tratamientos, etc., injustamente denegados o aplazados, actos que han hecho que la enfermedad avance hasta volver inútil la terapia o desembocar en el fallecimiento del paciente por no haberle prestado la atención médica oportuna y diligente, y que coartan la honesta misión del médico, no con perjuicio de éste sino de los pacientes que la Ley 100 dice proteger. O, caso contrario, hospitalizaciones innecesarias para el paciente pero productivas económicamente para la entidad. Esto me recuerda el bochornoso episodio de uno de sus ministros de Protección Social, que afirmó ante un nutrido grupo de estudiantes de medicina de una de las universidades de Medellín, que los médicos teníamos en nuestras manos un gran negocio y no lo habíamos explotado, que ahora sí iba a ser posible explotar, y ante las observaciones de uno de los docentes presentes sobre las contradicciones de su discurso con la ética médica de siempre, con el êthos de la medicina desde el origen de la misma, respondió olímpicamente que “esa ética es muy vieja y hay que cambiarla”, como si el compromiso de hacer siempre el bien debiera cambiarse. Pero la Ley 100 de 1993 lo hizo y cambió la misión del médico -buscar por todos los medios honestos el bien del paciente- por la del comerciante de la salud: aumentar a como dé lugar sus propias ganancias.
Lástima, Señor Presidente Uribe Vélez que, habiendo otros sistemas de protección social en salud, efectivos y probados por muchos años, que conservan la libertad del paciente para buscar su propio médico y la de éste para ejercer honestamente su misión, usted se haya engañado, o dejado engañar, por el actual sistema que priva de la libertad tanto al primero, al paciente, como al segundo, el médico, con perjuicio esencialmente de aquél.
Nota:
Esta sección es un aporte del Centro Colombiano de Bioética -Cecolbe-.