Periódico EL PULSO

Los siguientes son algunos comentarios del salubrista Antonio Abad Restrepo, que además, ha participado en diversas administraciones municipales y departamentales de salud en Medellín y Antioquia: El proceso de descentralización representó para los municipios un compromiso, con un sinnúmero de requisitos en el papel, y no una real asunción de funciones y obligaciones. La mayoría de estos al certificarse, no contaban con la capacidad técnica ni logística para cumplir con dichos compromisos. Se inició entonces el proceso de adaptación de los hospitales y creación de las direcciones locales de salud que ameritaron una selección de personal, tanto en el nivel directivo como en el operativo, y una capacitación exhaustiva para implementar la compleja y cambiante normatividad. Estos funcionarios, idealmente, deberían permanecer, a pesar de los cambios de administración, para desarrollar con eficiencia y eficacia las obligaciones. Esto no se ha dado debido a manejos administrativos de algunos municipios donde la política involucra, en ocasiones, a personas de pocos conocimientos. Se han evidenciado casos de corrupción, favorecidos por una permanente improvisación a su vez justificada, en muchos casos, en la supuesta autonomía de los municipios. Hay también dificultades en el sector privado. Se observa un deseo de lucro de estas empresas, más que una misión de servir a una comunidad necesitada. Es preocupante que numerosas Administradoras de Régimen Subsidiado -ARS- que surgieron de la misma comunidad en varios municipios del país, sean hoy ejemplo de la peor administración, despilfarro y corrupción del sector. Hablar del papel de los departamentos es fundamental debido a que su función se sigue teniendo en cuenta desde los municipios para acceder a recursos que, en su mayoría, hacen tramite a través de las direcciones seccionales. Unos son de obligatoria inversión y otros se entregan teóricamente para fortalecer obras de infraestructura, dotación... Numerosas veces se llevan a cabo programas aislados que generan desarrollos incipientes y otras acciones infructuosas permitidas por la ausencia de un sistema de vigilancia y control que, por cierto, los municipios dejaron perder parcialmente, invocando a veces la tan defendida autonomía. Aunque de tal autonomía se olvidan cuando, en medio de las dificultades, tienen que solicitar asistencia a los departamentos. Hay que resaltar la importancia de la vigilancia y el control, funciones que han estado ausentes, también, debido a la centralización que se hizo con la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio, organismos que no han cumplido a cabalidad sus funciones, permitiendo en muchos casos una legislación excesiva, con cambios y contradicciones permanentes. Esto ha producido, por ejemplo para los sistemas de información, un caos que impide a los departamentos y municipios tener datos confiables necesarios para una buena planeación, evaluación o desarrollo de proyectos.
De otro lado, no se ha cambiado la cultura asistencialista, ni fortalecido las políticas de promoción y prevención, único medio por el cual se lograrían disminuir los alarmantes indicadores de problemas en salud pública.
Estamos ante la penosa situación de una crisis que no encuentra responsables que puedan asumir la solución, debido a que la compleja legislación permitió repartir entre todos esa responsabilidad. Hablar de que el Ejecutivo, el Legislativo, los organismos de control, los departamentos, los municipios o cualquiera de los actores sea, en un momento dado, el llamado a presentar soluciones, es algo que se ha propuesto en un infinito numero de foros, debates... que no han trascendido. Si en una situación en la que intervienen tantos actores todos tiramos indiscriminadamente para nuestro costal, nunca se encontrará un consenso para la solución. La intersectorialidad, la interdiciplinariedad tan promovidas, no han tenido espacio. El país está dejando morir más ciudadanos con el mal manejo del sistema de salud, que los que se están reportando en la guerra. Sólo una política de Estado, que considere la salud, y también la educación, en primer renglón, aportará a la rentabilidad social, que, a su vez, se traducirá seguramente en esa rentabilidad económica que tanto pregonan como única solución. Estamos llamados a hacer parte de un consenso nacional alrededor de una comunidad urgida de participación, como lo expresa la Constitución. Casi se pudiera asegurar que la salud y la educación, concertadas con la comunidad, son el mejor camino para obtener una verdadera paz.