Idris Londoño Restrepo, MD Presidente

Ante la caótica situación del sistema de seguridad social del país, los planteamientos del nuevo gobierno tienen puntos que es importante analizar y que podrían, por fin, orientar las cosas hacia el norte que debían haber tenido desde el principio: la unificación de la seguridad social.
El primer paso, si bien pudo no haber sido motivado por esta razón, permite unificar criterios en temas de la seguridad social: la fusión de los Ministerios de Salud y de Trabajo, permitirá, si hay la voluntad real manifestada, unificar criterios de prestación de servicios y simplificar legislación en temas comunes, disminuyendo trámites y suprimiendo contradicciones frecuentes en los actos legislativos, facilitando el acceso de la población a los servicios y definiendo responsabilidades.
Los muchos años desgastados en una lucha sin resultados, sin ganadores, pero sí con muchos perdedores, tienen que enseñar algo, tienen que permitir hacer un alto y plantear como posibilidad de solución un diálogo abierto, franco, real y con metas definidas entre todos los actores del maltrecho sistema, con el fin de rescatar lo que sea bueno.
Como alternativa a algunos de los problemas dentro del sistema y que podría permitir ante todo la simplificación de la normatividad y la disminución de la burocratización ineficiente en términos de cobertura y beneficios vs costos, pienso que es posible mejorar la situación del sistema tomando algunas medidas simples y precisas, sobre temas específicos que solucionan problemas de raíz:
1. Unificación de intermediarios para los 3 subsistemas, con unificación de empresas de diferente razón social pero de los mismos dueños, y de intermediarios financieros, que asuman en bloque la prestación de servicios de salud, pensiones y riesgos profesionales; esto disminuiría la amplia legislación que controla las relaciones entre ellos y las costosas comisiones de la intermediación, muchas veces innecesarias; además, agilizaría el reconocimiento de las prestaciones.
2. Unificación de los derechos asistenciales en salud dentro de todo el sistema, en todos los regímenes, diferenciando únicamente las prestaciones de servicios para enfermedades "de alto costo", que serían prestados centralizados por instituciones públicas, con intervención de los ámbitos universitarios, subsidios estatales y la constitución de un fondo común entre los intermediarios. Ello disminuiría costos por la utilización del personal docente y asistencial universitario, mejoraría la calidad académica, permitiría compra de insumos centralizada con mejores precios de oferta de los proveedores y facilitaría las labores docente-asistenciales dentro de parámetros administrativos y de costos tolerables por las instituciones y el sistema. Para el manejo de las otras prestaciones asistenciales, diferenciadas según las posibilidades de acceso a servicios de atención médica, la unificación de prestaciones agilizaría la prestación de servicios y disminuiría las acciones de tutela; por tanto, disminuiría enormes costos al sistema por procesos administrativos y legales implementados para negar servicios y simplificaría al tener un cubrimiento similar en los diferentes regímenes. Se pueden disminuir costos con la utilización de los consultorios universitarios y la extensión de los servicios sociales obligatorios, que podrían tener una forma diferente de trabajo, con la colaboración de diferentes protagonistas del sistema.
3. Implementación para que las políticas de salud pública sean definidas por un solo actor en el sistema, con estricto control estatal y con la participación de los intermediarios, tanto en los aspectos financieros como en los de logística operativa, centralizando y unificando los lineamientos en dependencias del Ministerio de Salud y trabajo especializadas en ello, con la asesoría de las universidades y los organismos internacionales (OMS, OPS, etc.).
4. Control a las formas de contratación de los trabajadores del sistema de seguridad social, con el fin de evitar formas de trabajo ilegales, informales e incentivos negativos para la prestación de servicios, que generan altísimos costos y minan los objetivos del sistema. También debe plantearse la forma como las responsabilidades en el sistema de salud por la atención a usuarios sean compartidas o asumidas por el intermediario que dicta normas asistenciales y define protocolos de tratamiento, algunas veces fuera de los científicamente aceptados como mejores.
5. Montaje de un sistema único de información que abarque los tres subsistemas y evite el aplazamiento de los reconocimientos asistenciales o prestacionales; este sistema debe tener estricta vigilancia y control que permita la salvaguarda de los derechos de los pacientes respecto de su intimidad y de los intermediarios en los ámbitos comerciales y de protección de sus bancos de datos. También es importante definir de alguna forma el manejo de los archivos de historias clínicas, incluyendo los que según la normatividad se pueden considerar inactivos o susceptibles de destrucción, pues son de vital importancia en temas como la definición de derechos generados por invalidez, o para la reclamación de sustituciones pensionales y reclamación de otros derechos pecuniarios que se basan en estos documentos.
6. Intervención y control estatal en la importación, comercialización, producción, venta, distribución de todos los productos susceptibles de formulación médica y su publicidad, combatiendo frontalmente la ilegalidad, el engaño y la corrupción, e implementado medidas para que los entes encargados de controlar y penalizar las infracciones que contra la normatividad se presenten, tengan apoyo del Estado, y que sus decisiones tengan peso sancionatorio.
Cuando hay situaciones como las vividas en nuestro país, es válido plantear propuestas en beneficio de la comunidad, para empezar a cerrar con un grano de arena la gigantesca brecha que genera serias dificultades, compromete la integridad del país y sirve de pretexto a los violentos para explicar toda su barbarie.