Con la creación de la Adres, se redefinieron algunas formas de operación, esquemas de recaudación y consolidación de los recursos de la salud, incluyendo los provenientes de los entes territoriales a como las rentas cedidas. De esta forma se estableció un único fondo recaudador que potenciara la adecuada administración, agilidad y transparencia en el flujo de los recursos. Con corte al mes de octubre de 2019, para el régimen subsidiado, se encuentran los siguientes resultados.

Se destacan siete grandes fuentes que consolidan los fondos del aseguramiento en $17.5 billones, los cuales, según el promedio mensual, serían al final de la vigencia 2019 de $21 billones 083.693 millones, por lo que con 22’922.163 de afiliados en el régimen subsidiado (Fuente BDUA – ADRES 29/10/2019) se estaría asumiendo un valor per cápita - ingreso por afiliado – de aproximadamente $766.496. Este monto de recursos representaría al cierre de la vigencia fiscal, con relación al PIB de 2.2 puntos porcentuales y del 29.16% del gasto total en salud, y está representado en fondos como: recursos con cargo a cajas de compensación familiar: $23.598 millones (0.13%); recursos de esfuerzo propio a girar por entes territoriales: $49.999 millones (0.28%); monopolio rentístico de juegos de suerte y azar – Coljuegos: $291.666 millones (1.66%). En este mismo sentido el Fonpet contribuye a octubre 31 de 2019 con $232.669 millones (1.32%), y los recursos de esfuerzo propio girado Adres son de $1 billón 271.508 millones (7.24%).

Otras dos fuentes de recursos en conjunto aportaron el 89.36%, contribuyendo fuertemente a la financiación del aseguramiento en salud: los recursos del Sistema General de Participaciones S.G.P. con $6 billones 426.778 millones (36.58%), y los aportes del Presupuesto General de la Nación y/o Adres con $9 billones 273.525 millones (52.78%).

Como parte del componente de las rentas cedidas, o aportes de los Entes Territoriales, Cuyo recaudo se centralizó, se reconoce una participación a nivel departamental de 32 fuentes de recaudo, lo mismo que en 27 en lo correspondiente a fondos municipales girados a la ADRES, entre los que se encuentran:

Impuestos al consumo cigarrillos nacionales y extranjeros; a los licores nacionales, a las loterías operadas directamente y por terceros, impuestos a los ganadores de las loterías, al chance, impoconsumo a la cerveza nacional y extranjera, Impuesto a loterías foráneas, operación de rifas, premios caducos, loto en línea, juegos novedosos internet, Baloto, entre otros. Un listado similar se aplica para las fuentes de recurso municipales para giro a Adres.

El análisis de cada una de las fuentes muestra que las cajas de compensación familiar, de un total de 33 departamentos (Bogotá D.C. y Cundinamarca por separado), solo en 10 tienen un programa de aseguramiento, siendo Huila con $4.222 millones quien más contribuyó con una participación de 17.9%, seguido de Nariño con $4.149 millones, es decir del 17.6%, y por último la Guajira con 11.3%, cuya contribución fue de $2.667 millones.

De Coljuegos, como otra de las fuentes de la matriz de cofinanciamiento, se destaca el departamento de Antioquia que aportó la suma de $43.852 millones, lo que representó una participación del 15%; en segundo nivel de importancia Bogotá D.C. con $43.202 millones y una participación relativa del 14.8%. Para la fuente de financiamiento de FONPET, se destacó la mayor participación en el departamento de Antioquia que aportó la suma de $29.839 millones, con el 12.8%.

En cuanto al componente de esfuerzo propio girado Adres, Antioquia tuvo la mayor aportación en la matriz de financiamiento, toda vez que su participación fue de 20.4%, dada la contribución de $259.154 millones, seguido de Bogotá con $241.130 millones, cuya participación fue de del 19%.

Frente a las dos mayores fuentes, el Sistema General de Participaciones SGP, Antioquia fue quien más aportó con el 10.3%, para $661.650 millones, es decir que de cada $100 que se aportaron para financiar el subsidiado, $10.3 es la contribución del departamento de Antioquia, Valle por su parte aportó $7.7 ($496.025 millones) y Bolívar aportó $6.3, habida cuenta que su aporte fue de $405.296 millones. En cuanto a los aportes del Presupuesto General de la Nación y/o Adres, Antioquia consolidó un total de $845.193 millones, con una participación fue del 9.1%, Valle aportó $758.065 millones (8.2%) y Bolívar contribuyó con el 6.4%, con $593.156 millones.

El análisis consolidado por departamento de las siete fuentes anotadas, permite establecer que Antioquia está en el primer lugar a octubre de 2019, acuñó un total de $1 billón 844.071 millones, o sea una participación de 10.5%, o lo que es lo mismo, de cada $100 que cofinanciaron la salud de los colombianos del régimen subsidiado, aportó $10.5, seguido de Valle que contribuyó con $8.2, según el aporte de $1 billón 445.043 millones. Igualmente, se destaca el departamento de Atlántico que aportó $1 billón 055.332 millones, Bogotá con $1 billón 050.879, lo que representó el 6.0%, igual porcentaje de participación fue el departamento de Bolívar con $1 billón 058.536 millones.

El consolidado de los recursos liquidados del régimen subsidiado a octubre 31 de 2019, desde la UPC apropiada y hasta el valor final liquidado, se puede visualizar de la siguiente manera: el valor de la UPC apropiada fue de $18,3 billones como ingreso bruto del aseguramiento del régimen subsidiado, como monto total de financiamiento, al que se le restó el valor por concepto de restituciones por motivos de multiafiliaciones y fallecidos del sistema por $764.242 millones, lo que representó una disminución para las aseguradoras en general del 4.17%, entendiendo que eran valores que se habían reconocido en meses anteriores, pero luego de actualizaciones, terminan disminuyendo su valor bruto, es decir que el saldo neto fue de $17 billones 569.744 millones, que representó el 95.83%.

Del valor anterior denominado UPC Neta, se descontaron los valores girados a las aseguradoras y sus respectivos descuentos, por lo que iniciando con un valor de $17 billones 519.744 de valor de giro por fuentes de financiación central, al cual se le realizaron descuentos de auditorías realizadas por valor de $116.082 millones, y que corresponde a tan solo el 0.63%, lo mismo que descuentos efectuados al Sistema en General por operaciones de compra de cartera, también en un monto bajo de apenas $27.978 millones, y que solo representa el 0.15% del valor total de la UPC apropiada.

Otro descuento realizado es el relacionado con la cuenta de Alto Costo por valor de $37.895 millones, que corresponde a las acciones relacionadas con los riesgos de los pacientes adscritos a patologías de VIH y Hemofilia Severa Tipo A, y que finalmente representaron un 0.21%. Por descuentos de tasa compensada, según operaciones de crédito interno del sistema se registró un valor de $19.353 millones, es decir el 0.11%. El total de los descuentos realizados a octubre 31 de 2019 al sistema financiero del aseguramiento, por los distintos conceptos referidos, fueron de $201.309 millones, cuya participación fue de 1.10%.

Ahora bien, el valor de los giros directos a prestadores, como parte del proceso de giro neto, fue de $13 billones 012.570 millones, o sea un 70.98%, que puede entenderse como la transferencia directa. En este mismo sentido y como parte del resto de los recursos del sistema, a las EPS del régimen subsidiado a octubre de 2019, se le giró para cubrir los gastos de funcionamiento y operación la suma de $4 billones 282.771 millones, que equivale al 23.36%; en otras palabras, tres cuartas partes de los recursos se giraron directamente desde Adres.

Al final del balance de pagos como resultado del proceso de liquidación mensual de afiliados - LMA - a octubre 31 de 2019, se tiene que el valor de la UPC girada a prestadores y aseguradores, previos los descuentos fue de $17 billones 295.341 millones, es decir que se giró en 94.33% del valor total de la UPC apropiada, con pagos que irrigaron el torrente financiero del sistema de salud, siendo una cifra que resulta ser del 23.61% del gasto total en salud y del 1.7% del PIB.

El dilema y debate de sostenibilidad continúa abierto; el problema es de falta de recursos, de nuevas fuentes, de la siniestralidad y el costo creciente del sistema por varios determinantes, lo que supone niveles de eficiencia en la operación, gestión, debilidades de control, inadecuados procesos administrativos, enfoque y aplicación del modelo, desarreglos institucionales o de gobernabilidad del sistema, entre otros. Las cifras presentadas son crecientes y significativas para nuestra economía, no obstante parecieran ser insuficientes y ello genera todo tipo de presiones y tensiones que son necesarias revisar.