Si algo es evidente es la coexistencia de la triada salud-mercado-estado, en especial en el medio colombiano, pues cada una de ellas cumple un rol y función fundamental para asegurar la provisión de los servicios de salud con criterios y principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, mediante la aplicación de instrumentos que permiten la priorización del gasto en salud, a partir de las fuentes de cofinanciación del aseguramiento en salud entre fiscales, parafiscales y gasto de bolsillo, con los cuales, y mediante mecanismos como el giro-compensación y la Liquidación Mensual de Afiliados -LMA- , se allegan los recursos a través de valores por persona, UPC, que resulta ser la prima del aseguramiento y el mecanismo para atender el gasto médico en salud, un plan de beneficios.

Estas relaciones entre agentes económicos se presentan en un mercado, a partir del cual, se reconoce la premisa fundamental de que las necesidades, deseos y expectativas por demandas de servicios de salud, son cada vez más crecientes con presiones tanto del lado de la oferta como de la demanda, y que no consultan las reales capacidades internas de generar los recursos y fondos suficientes para asegurar y garantizar tales propósitos deseados, lo que conduce a que se den situaciones y fenómenos propios de los submercados del aseguramiento, que se ven abocados a resolver la escasez y la disponibilidad de recursos, para lo cual es mandatario la asignación y priorización eficiente.

Esto supone enfrentarse a juicios de valor, reflexiones justicialistas y de ética entre los tomadores de decisiones, máxime la limitación de los recursos, pero también de considerar prioridades que van desde la orbita social, económica, de racionalidad, decisiones sobre quien vive, quien muere, quien acede a ciertas tecnologías y dispositivos, constituyéndose en fuentes de criterio, según los postulados económicos respecto del costo, pero también de la efectividad, la utilidad o los beneficios logrados en salud a manera de economía clínica.

Una vez que se resuelve el dilema sobre la asignación de los recursos entre las posibles opciones, lo que implica la elección de un curso de acción sobre el conjunto de decisiones efectuadas, se genera el criterio de costo de oportunidad con un beneficio potencial de recepción, pero la limitación para otra opción que también puede ser válida. Acá el criterio de elección es determinante sobre los desenlaces en salud, la vida, la enfermedad y los costos asociados que de ella se derivan, haciendo que la racionalización supere el racionamiento, es decir, que los beneficios superen la distribución misma de los recursos disponibles, lo cual hace de la economía de la salud una fuente obligatoria, necesaria y de altísimo provecho, en la medida que ofrece una lectura, si se quiere, que facilita el análisis, interpretación y toma de decisiones frente al costo de las eventuales atenciones, pero también de su efectividad. Es por esto, que se pregunta qué tanto mercado posible y qué tanto estado es necesario, en especial en el sector de la salud.

Para ejemplarizar lo expuesto, basta con analizar la asignación de mayores recursos para la contratación de atenciones de actividades curativas por encima de la actividades individuales y colectivas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, a través de estrategias de atención primaria en salud, bajo las organizaciones de equipos básicos, salud familiar y comunitaria, que conllevan a mayores gastos en 2° y 3° niveles por lo que la ecuación se rompe y se hace desigual, y no permite que los recursos financieros alcancen de manera eficiente para lograr los objetivos del sistema y con ello el mismo no sea sostenible.

La asignación de mayores recursos para la mediana y alta complejidad, y relativamente pocos y escasos para las acciones de prevención y promoción, hace que estos no sean costo-eficiente, con lo que los beneficios futuros serían de mayor impacto, mejor pronóstico y efectividad; si la elección atendiera criterios técnicos fundados, se implementaran incentivos positivos, mayores controles para los agentes y la disyuntiva se resolvería en favor de prevenir y no de curar, por lo que el costo de oportunidad está representado en los recursos que se dejaron de aplicar a actividades de PyP y a las mayores cargas de enfermedad, insatisfacción, barreras de acceso, desequilibrios estructurales del sistema, tratamientos parciales e incompletos o que se dilatan en su resolución, habida cuenta que los fondos se hacen restrictivos, pues solo alcanza para cubrir y sufragar los costos de curación, donde reside gran parte de la rentabilidad del aseguramiento, haciendo que se aleje la posibilidad de lograr mayores racionalidades del sector, esto es, las eficiencias que demanda el sistema de salud en Colombia, y ostentar mejores indicadores trazadores entre los países de muy alto desarrollo humano.

Es tan evidente la existencia de la triada que la actual pandemia de SARS-COV-2 demandará, según estimaciones oficiales, más de $4.9 billones derivados de la atención de 13´898.853 posibles infectados, de los cuales 13.8% será grave, sin contar otros costos asociados, para lo cual habrá necesidad de adoptar medidas como las priorizadas e implementadas por el gobierno nacional. La declaración de la OMS de “emergencia de salud pública de importancia internacional”, hace que prime la salud, la vida como derecho fundamental, así se vea afectada la economía interna general a través de la demanda agregada, se ralentice el crecimiento económico, se racionalice la libertad temporal del libre juego de mercado por afectación de los factores de producción, por obvias razones, todo esto materializa la indivisibilidad entre la salud, el mercado y el Estado, donde sin salud, no hay salud de los mercados y los estados se ven afectados en el cumplimiento de su fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios consagrados en la Constitución.