Una vulnerabilidad histórica puede llevar a que los pueblos indígenas de las regiones más apartadas de Colombia estén ad portas de un nuevo etnocidio esta vez causado por la pandemia del Covid-19.

Si bien durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria en Colombia departamentos como Chocó, el Amazonas, Caquetá, mostraban un comportamiento con cero casos, a mediados de abril la situación cambió radicalmente y lo que eran zonas libres del Covid-19 comenzaron a mostrar brotes que pueden tener consecuencias muy graves si se tiene en cuenta que en dichas regiones las condiciones para la atención de pacientes son las más precarias de todo el país.

Los obispos de la región de la Amazonía y la Orinoquía hicieron un llamado urgente al gobierno nacional, los términos alarmantes y contundentes: “Si siguen los contagios, llegaríamos a un etnocidio”. Y es que en esta zona el número de casos había llegado a los 114 en pocos días (al 2 de mayo) y a la infraestructura deficiente se le debe agregar que el recurso humano en salud no está preparado ni equipado para atender a los pacientes por Covid-19. Leticia solo cuenta con un hospital de segundo nivel de complejidad, no hay una sola cama de UCI y a duras penas se pueden atender cuidados intermedios.

Pero si el panorama no fuera lo suficientemente desalentador, existen agravantes para toda la región que limita con Brasil en una frontera amplia y sin mayores controles para el tránsito de personas, ya que al otro lado de esa línea imaginaria está el país con mayor cantidad de casos de Suramérica y donde las medidas de contención son apenas un discurso al cual ni el presidente Bolsonaro hace caso. De ahí que el gobernador del Amazonas, Jesús Galindo, haya declarado a varios medios de comunicación que esa cercanía era la causa del aumento en el número de casos.

Solo después del llamado de los obispos, el gobierno nacional miró hacia la región y tomó dos medidas desde instituciones diferentes. Por un lado el ministro de salud Luis Fernando Ruiz reconoció que el riesgo en el Amazonas es muy grande por lo que había que era necesario tomar medidas urgentes para evitar el aumento de los contagios, las cuales coordinaría en un viaje a la zona. Dentro de las acciones que se tomarían están mejorar la dotación y generar camas de UCI, habilitar la realización de pruebas en el mismo departamento, para lo cual se envió una máquina para el procesamiento y se entrenaran dos bacteriólogos.

La otra medida no fue tan positiva y la tomó la Supersalud al ordenar la intervención forzosa del Hospital San Rafael de Leticia, remover a su gerente y designar un interventor por el término de un año. La decisión que coincidió con la emergencia es el resultado de una investigación que identificó fallas de tipo administrativo, financiero, asistencial y jurídico que hacían que en la institución: “no se garantizan servicios accesibles, oportunos, continuos y seguros, generando un riesgo para la vida de los usuarios”. En la investigación de la Supersalud se encontró que los equipos del hospital no cuentan con mantenimiento ni están en condiciones para la prestación de servicios de salud, hay desabastecimiento de medicamentos e insumos, y prácticas inseguras como el reuso de tubos de toma de muestras de laboratorio, lo que en las actuales circunstancias es un caldo de cultivo para el contagio.

Otros territorios

La Organización Nacional de Indpigenas de Colombia anunció desde el 15 de marzo que 90 habitantes embera dobida de la comunidad de Peñas Blancas, Riosucio Chocó tenían síntomas de Covid-19, aunque ninguna autoridad sanitaria se había acercado a efectuar las pruebas. Para el 29 de marzo, sin que nadie acudiera a los llamados, habían fallecido un bebé de 3 meses afectado por tos seca y fiebre, una bebé de 4 meses y una mujer adulta de 60 años afectada por dolor de cuerpo y tos seca. Una situación similar viven las comunidades afro de la región según Carlos Rosero, líder social afro, quien agregó que sus comunidades “están resistiendo el aislamiento en condiciones precarias entre la pandemia y la guerra”.

Una condena histórica

Y es que al abandono estatal que las comunidades indígenas han sido sometidas durante siglos, se deben sumar las catástrofes sanitarias producidas por la influencia de invasores, colonos, y otros grupos que invaden e irrumpen en sus territorios y que se remonta hasta el siglo XVI.

La llegada de los europeos y su abrupto contacto con las culturas nativas introdujo patógenos que diezmaron a los aborígenes en pocos años debido a la falta de inmunidad contra los contagios con una consecuente desaparición de muchas civilizaciones, deuda que occidente aún conserva ya que el fenómeno se ha prolongado hasta el siglo XXI.

“Los pueblos indígenas somos uno de los segmentos más vulnerables ante la actual pandemia de coronavirus Covid-19”, señala un comunicado emitido por la Confederación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Ya en 1493, solo un año después de la llegada de los españoles a América, los barcos de Cristóbal Colon trajeron el virus de la influenza que arrasó a los taínos de las islas del Caribe y se extendió hacia Cuba y la Florida. En 1518 los indígenas centroamericanos descendientes de los mayas sufrieron el embate de la viruela en una epidemia que abracó desde la isla de La Española (República Dominicana y Haití) hasta la península de Yucatán; de allí las tropas Hernán Cortés la llevaron al resto de México.

Y el listado continúa. Entre 1531y 1533, en Mesoamérica (mayas, toltecas, aztecas, etc.) vieron diezmadas sus comunidades con una epidemia de sarampión. 1659 también el sarampión prácticamente extinguió a los pueblos nativos de la Florida. Incluso la gripe española en el año 1918 causo una mortalidad entre las tribus de Norteamérica de hasta 80%; situación que similar en las comunidades autóctonas de la Amazonía.

En tiempos recientes, 1972, la construcción de la carretera transamazónica en Brasil fue el canal para el ingreso de la malaria a las comunidades más alejadas, y en 2009 el recordado virus N1H1, produjo en los pueblos nativos de Norteamérica una tasa de mortalidad cuatro veces mayor que la de todos los otros grupos raciales y étnicos juntos.

Esta vulnerabilidad demostrada debería ser el principal referente para que el gobierno nacional y las autoridades sanitarias del país, prioricen con urgencia la contención y manejo del Covid-19 en las poblaciones indígenas y evitar así un etnocidio más sobre nuestros pueblos ancestrales.