Colombia atraviesa un momento crítico en materia de salud, marcado por la polarización y por un debate ideologizado que dificulta cualquier avance técnico. El país se ha enfrascado de nuevo en una discusión que ya parecía superada: ¿cuánto Estado y cuánto mercado debe haber en el sistema de salud? Se ha presentado como si fuera un dilema irreconciliable, cuando en realidad la historia económica mundial ya dio su veredicto: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Estas tensiones han impedido que la salud sea vista como lo que debería ser: una política de Estado y no una política de gobierno.

Los sistemas de salud que dependen únicamente del mercado y están divididos, atomizados y manejados solamente por incentivos privados han conducido a la exclusión, la desigualdad y los elevados costos que afectan principalmente a los más desprotegidos. Igualmente, los modelos estatales estrictos, centralizados y rígidos han padecido históricamente de ineficacia, burocratismo, escasez de suministros y capacidad limitada para responder a la innovación. Los dos extremos han fracasado: uno porque hay demasiada libertad sin regulación; el otro, porque hay demasiado control sin flexibilidad. Por ello, la experiencia internacional muestra que los modelos mixtos, propios de la economía social de mercado, son los que mejor logran equilibrar eficiencia, equidad y sostenibilidad.

El país no puede seguir atrapado entre polos ideológicos que buscan imponer, con orgullo y con frecuencia con espíritu de revancha, sus visiones particulares sobre cómo debe organizarse la salud. Esa lógica binaria termina destruyendo lo que funciona, paralizando el progreso e impidiendo que se mantengan políticas públicas estables. Ningún sistema puede sobrevivir si cada gobierno intenta rehacerlo desde cero. La salud requiere consensos amplios, continuidad institucional y reglas duraderas que no dependan de mayorías temporales.

En ese contexto, es fundamental insistir en que el Estado no debe reemplazar al mercado, pero sí debe vigilarlo, equilibrarlo y corregirlo cuando sus incentivos se desvían del interés general. Esta combinación, más que una elección ideológica, es una herramienta práctica que ha mostrado resultados en múltiples países europeos y en buena parte de los sistemas latinoamericanos más estables. Pero, para que funcione, se necesita algo que Colombia aún no ha consolidado: un marco jurídico superior, estable y protegido de los vaivenes pendulares de la política.

Por supuesto, esto no implica ignorar los problemas reales. Hay corrupción, hay ineficiencias, hay irregularidades en la gestión financiera y hay inequidades territoriales. Negarlo sería irresponsable. Pero también sería ingenuo creer que existe un modelo perfecto que, por decreto, elimine todos los fallos. La naturaleza de un sistema mixto exige gestión permanente, ajustes graduales y mejora continua, no rupturas totales que pongan en riesgo lo construido.

La reconstrucción de confianza en el sistema exige reconocer tanto los logros como las fallas. Colombia ha alcanzado avances significativos: cobertura casi universal, ampliación del acceso a tecnologías, fortalecimiento del aseguramiento solidario y mejoras en protección financiera. Estos logros deben preservarse, no desmontarse; y sus debilidades deben corregirse, no ignorarse. Colombia necesita un acuerdo nacional que permita dejar atrás la lógica de “borrón y cuenta nueva” y que reconozca que los avances deben preservarse sin renunciar a las correcciones necesarias. Reformas sí, pero con bisturí, no con martillo.

Por eso, el reto inmediato del país es convertir la salud en una auténtica política de Estado. El nuevo Congreso y el nuevo Gobierno tienen la responsabilidad histórica de sentar fundamentos legales y constitucionales que aseguren la permanencia del sistema, garanticen su sostenibilidad financiera y lo blinden de futuros ciclos de polarización. Se necesitan normas superiores, instituciones independientes, reglas fiscales estables y principios esenciales protegidos por acuerdos nacionales y no por decisiones de un gobierno particular.

La salud es un derecho fundamental y un patrimonio colectivo. Su estabilidad no puede depender del péndulo ideológico que cambia cada cuatro años. Blindarla como política de Estado es la única manera de garantizar que los ciudadanos tengan un sistema confiable, estable y capaz de mejorar sin destruir lo que funciona. Ese es el compromiso que el país debe asumir para proteger la vida, la dignidad y el bienestar de todos, y es la invitación que hago a los próximos legisladores y gobernantes del país.