El incremento del salario mínimo para 2026, fijado en $1.750.905, con un aumento del 23 % frente a 2025, se configura como uno de los ajustes más altos de las últimas décadas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1469 de 2024. En un contexto de inflación persistente y desaceleración financiera del sistema, esta decisión del Gobierno tiene efectos directos, cruzados y acumulativos sobre el sector salud, uno de los mayores empleadores del país y, al mismo tiempo, uno de los más frágiles desde el punto de vista financiero y operativo.

Al salario base se suma un auxilio de transporte de $249.095 y la continuidad del proceso de reducción de la jornada laboral, que para 2026 se mantiene en 44 horas semanales hasta el 15 de julio, en cumplimiento de la Ley 2101 de 2021. Bajo este marco normativo, el valor de la hora laboral ordinaria se sitúa en $7.959, cifra que sirve como referencia para el cálculo de recargos nocturnos, horas extras y trabajo en dominicales y festivos, componentes estructurales de la nómina en hospitales, clínicas y servicios de urgencias.

En términos agregados, el ingreso de 2.4 millones de colombianos que ganan el salario mínimo se incrementa en $327.405, mientras que el auxilio de transporte aumenta en $49.095, medidas contenidas en los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025. Desde el Gobierno se señaló que, frente a las advertencias sobre presiones inflacionarias, el salario vital representa solo un 6 % dentro de la estructura de costos de producción, un impacto que el Ministerio de Trabajo considera marginal.

Sin embargo, en el sector salud estos valores no son marginales. En un sistema donde la operación es continua, intensiva en talento humano y altamente regulada, el incremento del salario mínimo incide de manera directa en los costos de funcionamiento, especialmente en instituciones que operan 24 horas al día, siete días a la semana, y donde los pagos por recargos nocturnos, dominicales y festivos representan una proporción significativa del gasto. Para clínicas, hospitales y redes públicas, ya tensionadas por problemas de iliquidez, este ajuste salarial se convierte en un factor determinante que reconfigura la sostenibilidad financiera y la capacidad real de prestación de servicios en 2026.

Talento humano: mejora salarial, mayor costo estructural

Miles de trabajadores del sistema —auxiliares de enfermería, camilleros, personal de aseo hospitalario, vigilancia, apoyo logístico, administrativos y personal tercerizado— devengan ingresos cercanos al salario mínimo. Para ellos, el ajuste representa una mejora inmediata en el ingreso, especialmente relevante en un sector caracterizado por turnos extendidos, trabajo nocturno y alta carga física y emocional.

No obstante, para clínicas, hospitales e IPS públicas y privadas, muchas de ellas con problemas crónicos de liquidez, el aumento implica un incremento significativo de los costos operativos, particularmente en áreas donde los recargos son inevitables. En 2026, por ejemplo, una hora ordinaria nocturna tendrá un valor de $10.744, mientras que una hora nocturna en dominical o festivo alcanzará los $17.111, de acuerdo con la normativa vigente.

En hospitales de mediana y alta complejidad, que operan de manera permanente, la nómina continúa siendo el principal rubro del gasto. El salario mínimo, en este contexto, no es solo una variable laboral, sino una variable financiera crítica.

Para Mario Fernando Cruz, economista, “cerca de 490 mil trabajadores del nivel auxiliar y técnico trabajan en sector salud con ingresos cercanos al smmlv. Aumento de 23 % incrementará de manera directa costos laborales en cerca de $3.5 billones en 2026. Costos que no fueron incorporados en ajuste de UPC” así lo afirmó en su cuenta de X.

UPC: el desajuste que profundiza la tensión

El ajuste salarial, superior al crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo, ha reavivado las alertas sobre la sostenibilidad del sistema. Así lo advirtió María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca: “Hay un incremento de la UPC del régimen subsidiado que iguala a la del régimen contributivo, pero el aumento de la UPC del contributivo no alcanza ni el incremento del salario mínimo y tampoco llega a la expectativa que teníamos, que era cercana al 17 %. Finalmente, solo se incrementó en un 9 %”.

La preocupación es compartida por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien subrayó la necesidad de garantizar la operación de los hospitales públicos, llamados a absorber una mayor demanda cuando clínicas privadas reducen o suspenden servicios.

“Tenemos que mantener nuestros hospitales abiertos para que puedan brindar atención en salud con oportunidad y calidad. Si otras instituciones privadas cierran servicios, los pacientes llegan al hospital público universitario y tenemos que atenderlos. Eso para nosotros es fundamental”, afirmó.

IPS en alerta: riesgo de cierre de servicios

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) encendieron las alertas frente al impacto que tendrá en 2026 el incremento del salario mínimo sin un ajuste proporcional de la UPC, principal fuente de financiación del sistema sanitario colombiano. Desde el sector advierten que, de mantenerse esta asimetría entre costos laborales e ingresos reconocidos, podrían presentarse cierres de servicios médicos y una profundización de la crisis operativa.

La Unión de IPS señaló que el aumento salarial, aunque positivo desde el punto de vista social, genera una presión inmediata sobre la estructura de costos. “Con el incremento del salario mínimo serían varios servicios médicos los que podrían cerrar”, advirtió el gremio, si no se garantiza un reajuste adecuado de la UPC.

El riesgo es mayor para las IPS pequeñas y medianas. Según Jorge Toro, director de la Unión IPS, “si el tema sigue bajo la misma circunstancia, la operación para el 2026 por parte de las clínicas y hospitales va a ser absolutamente complejo en virtud de que los costos de operación van a ser muy superiores a los ingresos que se reciben por la venta de servicios de salud”.

Inflación, salud y pérdida de poder de compra

El impacto del salario mínimo se agrava en un entorno macroeconómico complejo. Según el Banco de Bogotá, “el rumbo de la inflación y la tasa del Banco de la República en 2026 dependerá del smlv, convirtiendo su definición en uno de los principales riesgos macroeconómicos del año”. El mismo informe advierte que “el aumento fue tan elevado que ningún analista tenía en el radar una cifra semejante”.

A esto se suma un dato estructural clave: la inflación del sector salud crece por encima del IPC general. Según el DANE, mientras la inflación total de 2025 fue del 5,10 %, la del sector salud cerró en 7,20 %, confirmando una pérdida de poder de compra real para la operación sanitaria, incluso cuando se cumplen ajustes nominales.

Más aportes y copagos: presión sobre los usuarios

El salario mínimo también impacta directamente a los usuarios. El Ministerio de Salud recuerda que el aporte total al sistema corresponde al 12,5 % del Ingreso Base de Cotización (IBC). Para los trabajadores independientes, el pago mensual en salud asciende a $218.360 con el nuevo salario mínimo.

Para José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, el efecto es directo y restrictivo: “Esto tiene un impacto directo sobre los copagos con un efecto inmediato en la misma proporción del aumento de salario mínimo, por lo tanto, restringe la capacidad de acceso al sistema de salud. Ese quizá es el más importante de todos”.

Nota: Las variables comparadas en la gráfica pueden analizarse de manera conjunta porque todas representan variaciones porcentuales anuales que inciden directamente en el equilibrio entre ingresos y costos del sistema. El aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte impacta de forma inmediata el ingreso de los trabajadores y los costos de nómina de los empleadores, mientras que la UPC define la capacidad financiera del sistema de salud para absorber esos incrementos. La inflación general y la inflación del sector sanitario aportan el contexto macroeconómico necesario para evaluar estos ajustes en términos reales, evidenciando los desbalances que se generan cuando los costos laborales crecen a un ritmo superior al de los ingresos reconocidos.