Se encuentra en la red una nueva disposición que al momento de escribir estas líneas no se encuentra aún numerado, que considera las exigencias de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para los bancos de sangre del país, concediendo un plazo de 6 meses para presentar al Invima el plan de adecuación a esta nueva norma y un año para su ejecución.
Con absoluta certeza, nadie se opone a que el Estado genere normas que procuren la seguridad de los pacientes cuando son usuarios de elementos o productos como la sangre o sus derivados, pero esas normas y exigencias deben ser posibles de cumplir y responder a las posibilidades del medio, tanto en lo económico como en lo técnico y lo administrativo.
Las normas vigentes en el país clasifican los bancos de sangre en dos categorías, a saber: dependientes y vinculados. Unos y otros tienen organizaciones y formas de operar distintas, según éstas hagan o no parte de otra institución.
En la norma citada, son llamativos varios aspectos que valdría la pena que quienes tienen a su cargo la expedición de esta normas tuviesen en cuenta, por ejemplo: dispone el anexo técnico sobre BPM, una serie de cargos de tipo administrativo que no siempre podrán ser exclusivos del Banco, pudiendo incluso ser externos. El inconveniente se presenta en la medida que la norma sea sujeta a ser interpretada, generando dificultades; por ejemplo, frases como: “Contar con personal suficiente...”, hacen subjetiva la aplicación.
Otro ejemplo son las normas de sismo-resistencia. ¿Será que pretende esta resolución el cumplimiento de estas exigencias en un año, cuando la norma que regula el tema da mayor plazo? Y así por el estilo se abordan varios temas.
La legislación no puede convertirse en un obstáculo para la prestación de los servicios, ni el sector salud puede equipararse a la industria, ni deben exigirse patrones que sólo se cumplen en países desarrollados.
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