El Sistema Nacional de Salud (SNS) se modificó con el Sistema de Seguridad Social en Salud, buscando resolver 3 problemas: falta de cobertura, falta de calidad en servicios y crisis hospitalaria. Se cambió el subsidio de oferta a demanda y se creó un sistema de aseguramiento, que "automáticamente" resolvería el tema hospitalario. Pero no fue así. Los problemas hospitalarios no son exclusivos de Colombia, porque iguales dificultades atraviesan en el mundo, más cuando tienen que entrar a competir por mercado cual si fueran entidades financieras, siendo en realidad entidades técnico-científico-asistenciales.
Los hospitales públicos tienen grandes exigencias en auto-sostenibilidad y competencia en el medio, condicionados al comportamiento del mercado; tienen dificultades financieras por la naturaleza misma de su misión, más históricamente muestran sostenibilidad. En el SNS no se cerraron hospitales aunque había crisis, pero para los ministros actuales más que un preciado recurso, los hospitales parecen solo un problema laboral y financiero.
Según el gobierno, los hospitales están en crisis por su corrupción e ineficiencia y por falta de interés de los dirigentes locales. Ante la situación, las únicas propuestas del gobierno son las exigencias de ajuste para garantizar equilibrio financiero y sostenibilidad (art. 36 - Ley 1151/07, Plan de Desarrollo 2006-2010), y el Programa de reorganización, rediseño y modernización de redes, o reestructuración hospitalaria. El Ministerio de Hacienda propone emprender la segunda fase del proceso, que las más de las veces fue peor remedio que la enfermedad: en la experiencia y en estudio de la Academia Nacional de Medicina, que compara hospitales reestructurados y sin reestructuración, los resultados mejoran en los 2 primeros años luego de la reestructuración, y caen al nivel de no reestructurados al tercer año. Además, se considera que el artículo 36 de la Ley 1151 es contrario a los fines del Estado Social de Derecho, porque el funcionamiento de entidades públicas de salud no puede condicionarse a su sostenibilidad financiera.
Las reformas en salud están orientadas desde la Ley 100, a que el Estado tenga menos intervención en la seguridad social y que ésta la asuma el sector privado, porque prima el criterio de rentabilidad económica sobre la social, en el sentido de que entidades viables financieramente se mantienen, y las que no, pueden ser liquidadas. Los hospitales públicos cumplen una misión especial, son imprescindibles, porque no hay sistema de salud que no los tenga. Y el sector público, el Estado, el gobierno, no pueden renunciar a su responsabilidad de garantizar la prestación de servicios de salud en hospitales públicos. Ya se vio como la Ley 100 puso a competir instituciones públicas con privadas con ánimo de lucro: las públicas acabaron desmontándose porque no soportaron la competencia con instituciones que no tienen funciones sociales.
Muchas veces, voceros oficiales salen a la defensiva a reafirmar que "este gobierno no está ni por liquidar ni por privatizar, sino que busca la optimización de instrumentos y sistemas". Más puede verse como el mercado de la salud creado por la Ley 100, en sus inicios dominado por el sector público en un monopolio estatal, ahora casi cerró el círculo, con la gran parte del aseguramiento en el sector privado y la prestación de servicios orientada ineluctablemente hacia él también, ante las dificultades de la oferta pública.
Es una actitud mercantilista para un bien preferente como la salud, que promueve al sector privado en la prestación de servicios, con imperativa mentalidad de supervivencia financiera. ¿Qué empresa puede sobrevivir si no le pagan? La crisis de los hospitales está en la transformación de recursos de oferta a recursos de demanda, que como tales quedaron sujetos al no pago. ¿Se puede esperar que si los hospitales públicos se ven en calzas prietas para atender la población más pobre y vulnerable, que en Colombia es la gran mayoría, los operadores privados sí lo lograrán, dando resultados económicos y rentabilidad, cuando salud es un componente de rentabilidad social y no económica?
Mientras el gobierno hace cuentas alegres sobre su política de concesión de hospitales públicos a operadores privados, gerentes de importantes centros asistenciales coinciden en un resultado fundamental: la reestructuración genera riesgo financiero que amenaza la sostenibilidad de los hospitales, en la medida en que la conversión de recursos de oferta a demanda acrecienta la cartera morosa con excedentes de facturación por los que no responde el gobierno. A su vez, la concesión a operadores privados es una privatización disfrazada, para la cual es un insumo la debilidad institucional y todo ello incide en la disminución de la calidad de la atención en salud. Ante la situación, el gobierno no está considerando las secuelas en el detrimento del patrimonio público y en los indicadores concretos de la salud pública.