La telemedicina es una caja de sorpresas que apenas estamos descubriendo en Colombia: promete aumentar la oferta y la calidad de los servicios de salud a las personas y comunidades que habitan en zonas apartadas del territorio nacional, y es un programa considerado en principio, útil y costo-efectivo. Pero como todo lo nuevo en tecnología -más en un campo tan delicado como la salud-, también genera preguntas y dilemas éticos por resolver: lo primero que se cuestiona es el aparente reemplazo de una relación que debería ser entrañable, entre el médico y su paciente.
La generalización del uso de la telemedicina obliga a preguntar si ofrece respuestas realmente aceptables en calidad y eficiencia del servicio de salud, en eficacia y efectividad, en márgenes de seguridad aceptables para los pacientes. Y deben resolverse además los criterios y parámetros a utilizar, el número de casos a ser atendidos en este programa, y evaluar el impacto del mismo sobre el bienestar y la salud de la población atendida, frente al modelo tradicional de atención.
Los defensores de la telemedicina sostienen que contribuye a mayor equidad dentro del sistema de salud, al ofrecer recursos disponibles a un mayor número de habitantes; pero hay que resolver si la falta de acceso al servicio de salud en una región se puede superar con atención remota. Es cierto que la tecnología genera un efecto casi hipnótico, pero hay que tener los ojos bien abiertos a su utilización en salud en beneficio de intereses financieros o políticos, para vender equipos o ilusiones de salud y bienestar a la población; también es cierto que muchas comunidades huérfanas de toda atención podrían beneficiarse de servicios de telemedicina, que este programa impacta positivamente en la modernización del sector salud, y que genera oportunidades de acceso a atención médica de alto nivel en comunidades tradicionalmente marginadas.
Pero tampoco puede ignorarse la otra cara de la moneda: muchos lugares de regiones apartadas no tienen una red de telecomunicaciones adecuada para adaptar el uso de la telemedicina; tampoco se han clarificado y unificado los criterios de regulación y control de calidad del ejercicio de la telemedicina para proteger la confidencialidad de la información recolectada, el respeto por la autonomía de los usuarios y su derecho a decidir sobre esta forma de atención; y en el país no hay debate ni se cuestionan las características éticas y conceptuales de este nuevo modelo de atención en salud.
En países desarrollados se plantea que para ser exitosa y sostenible en el tiempo, la telemedicina debe estar totalmente integrada en las estructuras y las políticas de salud; para el caso colombiano, se planteó desde la legislación la integración del programa de telemedicina a los planes estratégicos de salud, pero esto no se cumple.
Aunque en años por venir siga en discusión si el acto médico tal como se conoce por siglos pueda modificarse al punto de evitar el contacto personal médico-paciente, todo sí indica que los más pobres y vulnerables aumentarán su marginación al verse obligados a interactuar con su médico o enfermera a través de una pantalla y un teclado. Y es posible que la telemedicina se emplee para evitar la saturación de los sistemas de salud y mejorar el acceso al servicio, pero ello obligaría a plantear nuevos modelos de consentimiento informado para la práctica médica a distancia, un nuevo sistema de licencias y la estandarización de la práctica de la telemedicina. Además, vale preguntar si la generalización del uso de la telemedicina mejorará los sistemas de atención primaria y educación para la promoción de la salud, o si aumentará los costos médicos al agregar prácticas médicas innecesarias originadas por incentivos de los proveedores de estos servicios.
Todo indica que los sistemas de telemedicina tendrán un protagonismo creciente, apuntando a desplazar el punto de resolución de un evento médico o clínico hacia la ubicuidad, dondequiera que se encuentre el paciente. Y si se demuestra que la telemedicina es realmente útil para disminuir las inequidades en la provisión de servicios de salud, ésta deberá integrarse al ejercicio tradicional de la medicina bajo criterios racionales y éticos. El caso es que la implantación irreversible de la telemedicina será un hecho positivo o un experimento lamentable, según los juicios y valores que prevalezcan en las discusiones pendientes que haga el país y el modelo de salud que elija.