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Hallazgos para romper vestiduras
El informe encuentra deudas de contratos de prestación
de servicios de salud y de aseguramiento desde finales de
la década de los años 90, lo que para los investigadores
demuestra que al Sistema le faltó efectividad en el
control y compromiso de los actores, pero además consigna
como anomalías generales a corregir en el subsidiado:
dificultades en el flujo de recursos; deficiencias en el modelo
de control y de autoridades regulatorias para establecer reglas
y condiciones de operación claras; dificultades en
el modelo financiero para el cálculo de la UPC; operadores
del sistema sin estrategias para gestión del riesgo
ni acciones de prevención y promoción que controlen
el gasto en salud; administradores territoriales (alcaldes,
gobernadores) que no cumplen su responsabilidad en la contratación
y el flujo de recursos del subsidiado -o en el pago de servicios
por atención de población pobre no asegurada-;
recursos insuficientes en entes territoriales para la atención
de lo No-POS; falta de garantías de condiciones dignas
de trabajo para el personal del sector; negación de
servicios, entre otros problemas.
En relación con las finanzas del régimen subsidiado,
el informe señala que a los hospitales públicos
se les debe más de $1,8 billones, de los cuales 1.3
(el 71.5%) es deuda de las EPS-S, $466.095 millones (24.5%)
está a cargo de los departamentos y $73.656 millones
es de los municipios; sin embargo, el informe resalta las
diferencias en las cifras, cuando se cotejan las proporcionadas
por el Ministerio con las de Supersalud.
A su vez, los departamentos a mayo de 2011 tienen una deuda
pendiente con las ESE por prestación de servicios No-POS-S
por más de $108.545 millones. Con los prestadores privados,
la deuda del subsidiado ascendería a más de
$545.893 millones, mientras los entes territoriales les deberían
por lo menos $409.552 millones.
La falta de oportunidad en la liquidación de contratos
es otra constante: 12 departamentos a mayo de 2011, tienen
1.535 contratos sin liquidar de la vigencia anterior al 1°
de abril/10, por más de medio billón de pesos.
Gracias a las labores de la Procuraduría, en los últimos
6 meses se liquidaron el 80% de contratos pendientes desde
hace una década, con recursos sin liquidar por más
de $11 billones, en solo 22 departamentos.
Otro aspecto preocupante son los Planes de Intervención
Integral en Salud Pública -obligación de los
Departamentos-, y donde se encontró que en Cundinamarca
de sus 116 municipios, solo 8 han contratado los planes. Situaciones
similares se presentan en Bolívar, Casanare, César,
Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo,
Risaralda, Santander, Tolima, Valle y Vaupés, donde
dicha contratación no llega siquiera al 50%.
Las conductas más reiteradas encontradas por la Procuraduría
y que requieren evaluación e investigación disciplinaria,
son: omisión en el pago oportuno a prestadores por
las EPS; incumplimiento de obligaciones contractuales, tanto
de las ESE como de EPS y alcaldes; el no pago oportuno de
entes territoriales a EPS y prestadores públicos y
privados; la no atención en condiciones de calidad
y oportunidad a los usuarios; el no reporte de información;
incumplimiento de obligaciones laborales con personal de salud;
la no contratación y no oferta de la red de servicios
por EPS o entes territoriales; la existencia de barreras de
acceso para la atención, injustificadas y adoptadas
por algunas EPS.
Frente a estas fallas, el ente de control recomendó
iniciar acciones sancionatorias, por cuanto “existen
suficientes elementos fácticos y de derecho, para dar
inicio a indagación e investigaciones disciplinarias
contra servidores públicos y gestores privados que
administran recursos del erario o ejercen funciones públicas”.
A la fecha del informe, compulsó copias contra 35 EPS,
128 entes territoriales y 51 ESE, para acciones disciplinarias.
El informe de Procuraduría es fruto de su función
de facilitación en la liquidación de contratos
del régimen subsidiado, proceso que en algunos departamentos
tuvo un éxito importante, pero en otros sigue en deuda.
En Antioquia por ejemplo, los representantes de las EPS-S
no tenían poder decisorio y no se hicieron los acuerdos
de pago, que era la expectativa de las ESE; la situación
se repite en otras regiones del país, donde el proceso
de conciliación tomó más un carácter
simbólico, puesto que las aseguradoras del subsidiado
que tradicionalmente incumplen pagos, también desconocen
los acuerdos, según dice la gerente del Hospital de
Entrerríos, Doris Edilma Medina.
Para Luis Alberto Martínez, director de Aesa, la importancia
de la labor de Procuraduría y del informe, fue evidenciar
que la deuda de los municipios con las EPS-S no alcanza el
tamaño que ellas advertían, y por el contrario,
se generó una nueva preocupación en el sector
hospitalario al evidenciarse que las aseguradoras no tendrán
recursos para pagar.
Al respecto indicó Martínez: “En Antioquia
las deudas de los municipios con las EPS-S llegarían
a $14.000 millones, la deuda de éstas con la red pública
supera $130.000 millones, y lo que les adeuda el Fosyga no
llega a esas dimensiones. La expectativa que tenían
las EPS del contributivo tampoco es tal, puesto que muchos
de los dineros esperados corresponden a acciones incluidas
en el POS que no serán pagadas, lo que indica que las
EPS no tendrían recursos para pagar, ni siquiera representados
en cuentas por cobrar. Acá no estamos frente a una
iliquidez, sino ante un déficit enorme”
Para Olga Lucia Zuluaga, directora de Acesi, el trabajo de
la Procuraduría es importante, sin embargo, “a
pesar de que se iniciaron investigaciones, aún no se
conocen sanciones. Y mientras éstas no se generen de
manera ejemplar, será más rentable continuar
reteniendo los recursos, y los prestadores y usuarios seguiremos
siendo afectados”.
Concluyó la directiva gremial: “El actual sistema
de salud puede estar en medio de su peor crisis, y la única
forma de lograr el revolcón que anunció el gobierno
nacional, es generar una reforma con cambios realmente estructurales,
como es la eliminación de la intermediación.
Es la única forma de garantizar que 'la salud sea un
derecho fundamental y no un negocio', como lo expresó
el presidente Santos”.
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