Al país le llegó la hora de la verdad para hacer para hacer la reforma al sistema de salud. El gobierno se comprometió en algo que despertó aceptación, dudas y escepticismo: el fondo único que afiliaría, recaudaría y pagaría. Los enemigos de la idea la atacan reluciendo la dolorosa experiencia del Seguro Social, señalando que esa institución renacería pero multiplicada en tamaño a la enésima potencia y con ello, multiplicados en progresión geométrica su lastre burocrático, ineficiencia y corrupción; motivos les sobran para pensar así, pero no necesariamente tienen razón para rechazarlo, ya que es medida de alta política que subraya la indelegable responsabilidad estatal en aseguramiento.
Dicho de otro modo: el Qué es absolutamente lícito y necesario para corregir de raíz una perversa gestión de los recursos de salud, y una deficiente e irresponsable gestión de la atención. Pero el Cómo no es claro, en un entorno político y administrativo corrupto, ineficaz y caótico. Por ello, es procedente pedir claridad al gobierno sobre quién será el garante real del aseguramiento y cómo garantizará un fondo acromegálico, una gestión de ingentes recursos (de $27 a 30 billones), que sea eficiente, ágil y ante todo, transparente.
También hay inquietud de las aseguradoras sobre su nuevo rol, por los nichos de mercado que tienen en peligro. Y a la sociedad también le interesa clarificar el nuevo esquema de gestión, financiamiento y atención del aseguramiento estatal: ¿Qué tanto margen de maniobra tendrán las EPS? ¿Tendrán incentivos, de qué tamaño y por qué concepto? ¿Seguirán, como parece, con poder discrecional de ordenamiento de servicios y atención? ¿Si son administradores, cuánto costará esa administración? Es más, ¿realmente merecen que se les confíe alguna forma de injerencia en el sistema después de producir su descalabro económico y contribuir significativamente a su quiebra?
Es urgente crear un espacio de verdad donde aclarar todas las cuentas de los actores, lo más riguroso posible, que no dependa de la simple relación de deudas, donde cada actor tire para su costal manipulando cifras a su favor, que la aclaración y cruce de cuentas se efectúe cuidadosamente, supervisado por la Contraloría General de la República y la Contaduría General de la Nación, con auditoría externa de un organismo universitario neutral que dé soporte técnico y garantice transparencia; y que se siga el compromiso serio de cada actor de ponerse al día en sus obligaciones financieras, empezando por quienes tengan más altas deudas, con acuerdos de pagos que permitan en un tiempo prudencial cerrar la brecha, borrón y cuenta nueva. Y Hacienda y Salud no pueden ceder a la pretensión de las EPS: “Que el Fosyga nos pague primero y nosotros les pagamos a los hospitales”. Eso no es serio. Eso sería justo si fuese mayor la deuda del gobierno con las EPS, pero es al contrario y la diferencia es abismal. ¿Acaso cuando Fosyga les hizo pagos parciales, respondieron en igual proporción con su deuda a las IPS?
Ese espacio para aclarar cuentas debe complementarse con otros espacios de sinceridad, sobre todo en indicadores de salud pública y de gestión, cumplimiento de normas legales y constitucionales, y compromisos de cada actor. El gobierno tiene el mayor reto: demostrar que el fondo único sí puede funcionar con eficacia, eficiencia y sin corrupción. Otro Seguro Social, Caprecom o Cajanal, pero hipertrofiados y descontrolados, no lo aguanta ni lo merece Colombia, pero tampoco otro SaludCoop. Esto demanda un modelo de gestión que no tenemos hasta hoy, en materia laboral, de procesos, sistemas de información, contratación, etc. Y en transparencia, no basta con decir: “Vamos a reformar la Supersalud, vamos a afinar la inspección, vigilancia y control”. El Estado tiene que aplicar una reingeniería para cambiar de pies a cabeza el sistema de IVC, y nuevas herramientas de control fiscal y administrativo, que incluyan sólida participación ciudadana, gremial y científica. Y ninguno de estos ingredientes será efectivo si cada organismo de vigilancia no asume responsabilidades específicas por su actuación, con consecuencias administrativas, disciplinarias, económicas y penales si fuere el caso. Si ese fondo fracasa, el fracaso creará la peor crisis de credibilidad en nuestra historia de la salud, porque las quejas de usuarios y pacientes no se podrán endosar a 50 o 100 EPS, sino al Estado.
Y las EPS deben contribuir a esos espacios de verdad, aportando toda la sinceridad y honestidad que a algunas les ha faltado. Ciertamente deben saber a qué atenerse, cómo salir del sistema de salud o cómo quedarse en él, pero eso debe depender de un correcto examen de conciencia, de su enorme deuda social y económica con el país. Lo mismo que en un proceso de paz, los colombianos les claman: verdad, justicia y reparación. El nuevo puesto que asumirían tienen que merecerlo, por algo nadie quiere que sigan.