La Contraloría
General de la República reportó que por una “debilidad
histórica” en los sistemas de información
en el sector salud, a las EPS se les reconoce un pago de casi
$50.000 millones anuales por unos 89.000 afiliados ya fallecidos:
47.161 en el régimen subsidiado y 42.032 en el contributivo.
La contralora delegada para el sector social, Alba Lucía
Londoño, denunció que éstas y otras inconsistencias
constituyen un fraude al sistema de salud, que se presentan
por fallas en los cruces de datos entre la Registraduría
y la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), situación
que se utilizaría de manera dolosa para desviar recursos
del sistema.
L responsabilidad de las bases de datos no recae solo en el
Ministerio y Supersalud, pues las EPS, los entes territoriales
y el Fosyga deben armonizar sus datos para prevenir estos desfases,
dice la Contraloría. Para contrarrestar estas irregularidades,
el viceministro de Protección Social, Norman Julio Muñoz,
afirmó que el Ministerio de Salud hace monitorías
a la BDUA y se han recuperado cerca de $395.000 millones provenientes
de recursos que fueron reconocidos sin justa causa. |
