Más allá del silencio que rodea la fase incumplida de firma de la ley, preocupa que funcionarios cercanos a Presidencia dejen entrever que no existe intención del alto gobierno de rubricar una norma aplaudida como triunfo de la administración Santos el día que la Corte la declaró exequible. Pero esto fue una semana antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales y en ese momento cualquier bandera debía adoptarse como logro, más ahora todo indica que al gobierno le preocupan las compuertas que abre la Estatutaria para que jurídicamente se reforme de manera profunda el modelo de salud.
Los rumores que señalan el poco o nulo interés del presidente Santos para darle vigencia a la ley, surgieron entre otros escenarios en una reunión a mediados de enero pasado en Planeación Nacional, donde se convocó a líderes del sector salud para recoger opiniones sobre el proyecto de Plan de Desarrollo 2014-2018. Allí en por lo menos 4 oportunidades le preguntaron al director de Planeación, Simón Gaviria, sobre la fecha de la firma, y la respuesta fue igual todas las veces: silencio. Incluso alguien señaló que el mejor gesto de buena voluntad del gobierno para mostrar que busca mejorar las condiciones de salud de los colombianos en el cuatrienio era la firma de la ley; nuevamente: silencio.
Terminada la reunión, funcionarios presentes dejaron entrever que en Presidencia no se firmaría la ley y que se buscaban estrategias que permitieran al Presidente dilatar el trámite en el tiempo, por lo menos hasta aprobar el Plan de Desarrollo. La estrategia de dilación tiene una justificación: si la Ley Estatutaria no está vigente por falta de la firma, los parámetros legales para construir el Plan de Desarrollo en sus componentes relacionados con salud son la Ley 100/93, así como la 1122/07 y la 1438/11 -ambas a medias por falta de reglamentación-, sin que la ahora considerada inconveniente Ley Estatutaria se convierta en obstáculo para las directrices del gobierno en salud en 4 años.
Lo que no le gusta al gobierno
Luego de los auto-reconocimientos y elogios pregonados en octubre pasado por el fallo de la Corte, y tras mirar con más atención, varios aspectos no convencen al gobierno de la conveniencia de una ley que salió fortalecida del alto tribunal. La principal preocupación es que si bien el gobierno conocía bien el texto ya que incluso lo promovió, la Corte le dio una nueva trascendencia con los condicionamientos consignados en la Sentencia C-313: en ésta entra a operar no solo la parte resolutiva, sino los “considerandos” que se convierten en la interpretación jurisprudencial máxima con base en la cual el resto de la Rama Judicial y el Estado en general, deben interpretar el sentido del derecho a la salud.
Cabe recordar que los objetivos de fondo del gobierno con la Ley Estatutaria -según analistas del sector-, se circunscribían a 3 grandes conceptos: supeditar el derecho a la salud al criterio de Sostenibilidad Fiscal, poner límites a la tutela como mecanismo de protección del derecho y disminuir el Núcleo esencial del derecho a la salud, elementos que en la discusión generaron gran rechazo de distintos sectores. Sin embargo luego de la revisión de la Corte, la filosofía del texto cambió radicalmente.
La primera variación se centra en que la Corte mantuvo el “Núcleo esencial del derecho” e incluyó los Determinantes Sociales: “La salud no ha de ser comprendida de manera exclusiva como la facultad de goce de un determinado conjunto de condiciones biológicas que permita la existencia humana, pues esta garantía abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano”.
Además amplió la prestación a todos los servicios y tecnologías: “No solo se debe garantizar la existencia de servicios, tecnologías e instituciones sino de facilidades, establecimientos, bienes, servicios, tecnologías y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud. (…) Para la Corporación, el derecho fundamental a la salud tiene como punto de partida la inclusión de todos los servicios y tecnologías, y que las limitaciones al derecho deben estar plenamente determinadas; de lo contrario, se hace nugatoria la realización efectiva del mismo”.
Las implicaciones de esta nueva concepción son inmensas y pueden amedrentar al Ejecutivo que se vería en serios problemas financieros para cubrir sus alcances. Pero la jurisprudencia que crea la Sentencia C-313 va más allá: Mantiene la tutela como mecanismo idóneo para que los ciudadanos reclamen la garantía del derecho; señala que la sostenibilidad fiscal no puede limitar la garantía del derecho ni mucho menos el acceso a los servicios; determina que el control de precios de medicamentos debe hacerse desde el proceso de producción; defiende las condiciones laborales de trabajadores de la salud y ratifica la autonomía profesional; establece que los hospitales públicos deben ser medidos bajo parámetros de rentabilidad social y no financiera -lo cual cambia la concepción de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero a que se deben someter-; ordena eliminar trabas jurídicas y administrativas para garantizar el acceso a servicios de salud; cuestiona el enfoque morbi-céntrico implementado bajo la Ley 100; y frente al modelo de atención alude a la idoneidad de las Redes Integradas de Servicios como forma ideal de funcionar.
La Sentencia C-313, que incluso menciona algunos principios de la Organización Mundial de la Salud en Alma Ata, refleja así más el deseo de quienes piden un cambio estructural en el sistema de salud que las pretensiones iniciales del Ministerio de Salud; de ahí que su firma y entrada en vigencia podría dar el “revolcón” anunciado por el presidente Santos al principio de su primer mandato y que nunca se ha concretado, pero por un efecto de rebote y no por iniciativa propia. Sin embargo, diversos analistas señalan que la Ley Estatutaria no es la solución definitiva a los problemas del sistema, pero sí puede ser la herramienta para tomar los caminos jurídicos necesarios para reformarlo de fondo.
Varias organizaciones del país preparan estrategias que presionen la firma de la Ley Estatutaria en Salud, pero existe un principio de mayor fuerza que de ser omitido por el gobierno causaría grandes dudas sobre la vigencia de la democracia en Colombia: el respeto a la autonomía de las ramas del poder público. Solo existe un antecedente en la administración Santos y fue la no firma de la reforma a la justicia, pero en ese caso el mandatario tenía la potestad de hacerlo puesto que se trataba de una ley ordinaria; en este caso la Constitución no le permite ese privilegio por tratarse de una ley estatutaria. ¿Será capaz el gobierno de hacerle el quite a la obligación y trámite constitucional? Y, ¿qué consecuencias traería para el mandatario desacatar las obligaciones que juró defender? El pulso es fuerte y lo que se juega son los principios democráticos del Estado.

“Este decreto define las condiciones financieras mínimas para garantizar que las EPS cuenten con el patrimonio necesario, de manera que puedan honrar sus deudas y, sobre todo, prestar los servicios de salud con calidad. Nuestro propósito es garantizar que estos recursos públicos se inviertan en la salud de los colombianos, y no en otras cosas”. Y concluyó: “Varias de estas medidas tienen como objetivo mejorar la transparencia en el sistema de salud, porque la plata de la salud es sagrada y debe servir solo para mejorar las condiciones de vida de los colombianos”.
Voceros de Pacientes Colombia afirman que estos decretos no les favorecen, ya que aunque las medidas son buenas no se reflejan en beneficios, porque el sistema de salud está lleno de buenos decretos que no se cumplen. Por ello es necesario garantizar que Supersalud haga que se cumplan las medidas, pese a ser una entidad politizada que cuenta con defensores de las EPS y no de los ciudadanos: “La ley es interpretada por cada EPS a su acomodo, de nada sirve sacar y sacar decretos que no se van a cumplir, no van a descongestionar las filas, las admisiones, ni van a servirle a los ciudadanos" .