En estas mismas páginas de EL PULSO, escribíamos en noviembre de 2004: “Cuando se cierren los hospitales, los empleados se irán para sus casas, las instalaciones se caerán como se caen los locales abandonados, a los equipos arrinconados les llegará su obsolescencia y... ya, misión cumplida. ¿Y los enfermos? ¡Ah, pues que se mueran o vean a ver qué hacer! Ese no es problema del ministro, ni del Ministerio, ni del gobierno, ni entra dentro de lo que cualquiera pudiera considerar como protección social. Esa, ni más ni menos, es la lectura de desprotección que puede hacerse de la protección social y esa es la resultante de la indiferencia sentida y manifiesta, ante la crisis hospitalaria que hay, que "no hay"…” .
Bienvenido es el que al 56% de los hospitales públicos los categorizaran sin riesgo financiero para 2015. De 328 en 2014 se pasó a 539 sin riesgo en 2015. Aplausos merecen quienes trabajaron este logro en los ministerios de Salud y Hacienda, entes territoriales, gerencias y en los hospitales. En riesgo bajo se pasó de 59 en 2014 a 169: también logro importante. Y en riesgo medio y alto se pasó de 568 a 245: para esos 245 sigue la preocupación, porque los acecha el fantasma de la liquidación. Pero con riesgo o sin riesgo, todos enfrentan problemas financieros para subsistir y permanecer.
Y por el lado de los privados tampoco escampa. Una muestra fehaciente es la situación de clínicas y hospitales de Antioquia asociadas en la Alianza “Somos 14+1”, que pese a la gestión ante el gobierno central, ante el Señor Presidente, ante el Señor Ministro, ante los Superintendentes de Salud, ante la Comisión Séptima del Senado, ante medios locales y nacionales, no han recibido un apoyo definitivo para resolver su crisis y sus dificultades van en aumento. Su cartera ascendió a un billón y medio de pesos en mayo pasado, de ese total $808.000 millones (más de la mitad) es cartera morosa, los pagadores incumplen todas las normas de pagos y plazos de las cuentas y de las glosas…
Pero lo delicado es que su difícil situación ya no afecta solo las instituciones, sino que afecta a la comunidad hasta ir configurando una crisis social, porque ante la demora o la falta de pago de las aseguradoras, las clínicas y hospitales se ven obligados a cerrar paulatinamente algunos servicios. Esto implica falta de red de atención para los pacientes y los obliga a acudir a la única puerta de entrada al sistema de salud que les queda: los servicios de urgencias, que en Medellín se mantienen desbordados.
La crisis ya no es sectorial, es una crisis social, sus consecuencias afectan a todos los colombianos, porque el frágil equilibrio financiero de la gran mayoría de hospitales del país, grandes y pequeños, públicos y privados, pone en riesgo en mayor o menor medida la atención en salud en todo el territorio nacional.
Los pacientes seguirán reclamando el servicio de salud que necesitan y que no les garantice su EPS, con tutelas, con sentencias judiciales, con demandas jurídicas, con la Ley Estatutaria en Salud. Y todos los hospitales tendrán que estar ahí, seguir ahí, con sus puertas abiertas, para prestarles sus servicios. Esa es su misión y necesitan garantías para seguirla cumpliendo. Pero para ello es urgente que los recursos económicos del sistema fluyan de manera oportuna y eficiente, para ser sostenibles y continuar prestando sus servicios. Para ello necesitan el apoyo firme y decidido del gobierno nacional.
Señor Presidente, Señor Ministro: Para los hospitales de Colombia, la paz no puede ser la paz de sus muertos…