Los hospitales de Colombia siguen muriendo en la peor crisis financiera de los últimos tiempos, mientras que las entidades responsables de esta asfixia, y el gobierno a quien compete la rectoría del sistema de salud, siguen de espaldas a la realidad.
El panorama de los hospitales y clínicas es realmente desolador, incluso en hospitales públicos categorizados con riesgo fiscal y financiero bajo o sin riesgo, pero con frágil equilibrio financiero. En todos los niveles, la muerte ronda por las salas, los grandes deudores encabezados por algunas EPS, mantienen sometidos a asfixia mecánica a hospitales y clínicas, víctimas de su inveterada cultura de no pago. La iliquidez para seguir funcionando es el común denominador y realidad única en centros asistenciales, y no un invento de sus directivos y trabajadores como pretenden los voceros gubernamentales, empeñados en disimular la crisis con el subterfugio de “casos aislados”.
Una cartera total que en marzo de 2015 superaba los $12.3 billones, $5.3 billones de los hospitales públicos y $7 billones en los privados, más de la mitad de este pasivo por encima del año de antigüedad y sin atisbo de pago, sin mencionar los cierres de servicios esenciales en hospitales y clínicas, la penuria de miles de empleados sin salario durante meses y las suspensiones de pagos a proveedores y contratistas, no son cosa insignificante como lo ven quienes piensan que los hospitales se sostienen con buenas intenciones. Más aún: con una morosidad superior a 60 días y pagos a 6, 7 u 8 meses: ¿qué sector, actividad económica o empresa aguantan esos plazos de pago?
Una situación tan dramática como ésta, apenas ha servido para desnudar el mundo irreal que vive el alto gobierno. Se anunció un plan de choque con inyección de $1.5 billones. ¿Qué es esto, un chiste de mal gusto o la prueba de la incapacidad gubernamental frente a un sistema que hace aguas en medio de la improvisación y el caos normativo? ¿Qué son billón y medio de pesos frente a un hueco de más de $12 billones? Ante semejantes cifras, el gobierno compra cartera por $100.000 millones, un porcentaje ridículo: con esta plata no se cubre siquiera lo que debe una sola EPS como Savia Salud en Antioquia.
Pese a la billonaria cartera, el gobierno insiste en negar la crisis, alegando que muchos hospitales tienen grandes utilidades. Otro infortunado chiste: las cifras que a veces figuran como utilidad en el balance de un hospital es dato de ejecución presupuestal, soportado en valores incluidos en la cartera no ingresados en caja, ajenos al flujo real de recursos.
Por enésima vez: ¿Hasta cuándo tolerará el gobierno el incumplimiento en el pago a muchas EPS y a sus propias entidades? ¿Dónde están las sanciones de Supersalud? ¿Cuál es el peso de las conciliaciones de cuentas? Frente a la irresponsabilidad de las aseguradoras, responsables directas del deterioro en la atención de la gente, el Estado actúa como un árbitro más miope y desentendido que los de la FIFA.
Total, ni muchos deudores pagan, ni el gobierno le cumple a las EPS con sus deudas, ni el sistema cambia, ni terminan los remiendos cosméticos. El gobierno del Presidente Santos ni cuenta se ha dado del desastre sanitario, empeñado como está en practicar la política del avestruz y dar pildoritas de acetaminofén burocrático a un enfermo terminal.