El llamado no es de ayer no más, lleva años: clínicas y hospitales de mediana y alta complejidad han clamado intervención al gobierno municipal, departamental y nacional para resolver el hacinamiento desbordado en los servicios de Urgencias, que a veces supera hasta el 400% de sobre-ocupación y exige larguísimas horas de espera a los pacientes, algo desde todo punto de vista inhumano.
En estas salas atestadas con pacientes muy descompensados por la falta de atención oportuna, por la no entrega de un medicamento, por la no realización de exámenes diagnósticos esenciales, por falta de cita con especialistas, por la falta de red de su EPS… se constata la disfuncionalidad del sistema de salud colombiano.
Las vivencias diarias en Urgencias constituyen la mejor radiografía del sistema: la mayoría son pacientes con situaciones de salud que se resolverían adecuadamente en una consulta prioritaria o una consulta externa normal; pero el paciente angustiado al que le niegan estas consultas o no tiene una institución a la cual acudir porque su EPS no tiene red ni contrato con prestadores, acude a Urgencias con la certeza de que es la única puerta abierta para acceder al sistema y ser atendido.
Ya sabe que no lo atenderán de inmediato, más de una vez lo sobrecoge la angustia a él o sus acompañantes por la demora y agredirá a médicos y enfermeras, más de una vez hará escándalo y más de una vez se irá apagando lentamente hasta el momento en que cualquier atención ya será tarde… Pero ante la ineficiencia del sistema de salud para resolver sus necesidades en salud, el paciente siempre se dirigirá confiado a Urgencias.
Por eso, por ellos, para que puedan resolver su estado de salud en el momento debido, el gobierno está obligado no solo a garantizarle atención oportuna de Urgencias sino a prevenir que el paciente acuda allí sin necesidad, a garantizarle atención en los primeros niveles para que no se vea obligado a ir al segundo y tercer nivel de complejidad, muchas veces quitándole la oportunidad a pacientes realmente graves.
Afortunadamente ciudades como Bogotá y Medellín establecieron iniciativas que despertaron gran expectativa de que ahora sí podrá resolverse la crisis de las Urgencias, con modelos que pudieran replicarse en otras ciudades. Habrá que esperar…
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Dictaminar sobre la autoría intelectual en las muertes del sistema de salud colombiano es pararse en un terreno de arenas movedizas, tocar innecesariamente linderos del código penal, así los responsables de tan dolorosos casos sean señalados en secretos a voces. A veces, no vale la pena mencionar cosas que no por obvias constituyen una certeza jurídica. Sólo a la instancia judicial corresponde decidir si la actuación u omisión de uno u otro actor del sistema de salud, es o no determinante del deceso de una persona.
Los organismos competentes, infortunadamente, no pueden intervenir sin previa denuncia, cuya instauración recae preferentemente en la parte afectada, los familiares de las víctimas, quienes en su profundo dolor están desmotivados para esos procesos. Además, la mayoría de la gente no tiene capacidad para pagar un dictamen pericial que cuesta, al menos, dos salarios mínimos, más otros gastos del pleito. Sea como fuere, ahí están los muertos por desatención en salud, como testimonio de un sistema cuya inhumanidad es aberrante. Así como el general Videla en Argentina sostenía que las víctimas de su dictadura estaban simplemente desaparecidas, las víctimas de los constantes “paseos de la muerte” y todos los excluidos del sistema de salud están simplemente muertos.
Colombia tiene que reaccionar. No podemos seguir lamentando muertos cada día, ni engrosando el negro panorama de la impunidad. Los organismos judiciales, los entes de control, el ministerio público, la academia, los investigadores, las ONG, los profesionales y, sobre todo, los pacientes y usuarios, tienen que reclamar justicia. Mientras tanto, será como si el paciente sólo tuviese un derecho seguro: la muerte, y sus deudos un solo recurso: el llanto.
Mientras el sentido humano no esté entre los indicadores del sistema de salud, los responsables de las muertes de pacientes por desatención en salud seguirán sueltos y sin identificar.