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Fondo de Enfermedades
de Alto Costo puede ser un grave dolor de cabeza
Luisa
Fernanda Restrepo. Periodista, Medellín
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debate técnico y no político requiere el país
frente a la propuesta de la creación de un fondo de aseguramiento
para las enfermedades de alto costo. Diversos sectores llaman
la atención sobre la necesidad de revisar este Proyecto
de Ley. |
Si bien el Sistema de Seguridad Social pretende ofrecer
una cobertura total en cuanto a la atención en salud
de la población colombiana, el país debe no
sólo alcanzar este objetivo sino garantizar que el
mismo sea viable y sostenible en el mediano y largo plazo,
sin afectar la economía al punto de ponerla en peligro.
Este llamado hacen algunos actores de diversos sectores
involucrados con los temas económicos y de salud,
al considerar que el Proyecto de Ley 089 "Por el cual
se adoptan disposiciones en materia de enfermedades de alto
costo", requiere ser revisado cuidadosamente en el
aspecto de su financiación y estructura.
Para el autor de la iniciativa, el parlamentario Manuel
Ramiro Velásquez, con este Proyecto se pretende lograr
una financiación a través de la creación
de una Subcuenta en el Fondo de Solidaridad y Garantía
-FOSYGA- para ofrecer a la población colombiana una
cobertura total frente a las enfermedades de alto costo,
gracias a un aseguramiento que se haría en este Fondo.
Por su parte, el ponente en la Comisión Séptima,
Héctor Arango Angel, considera que la instauración
de dicha Subcuenta, "lograría que procedimientos
como transplantes, implantes, etc., que son sólo
para chequeras fabulosas, sean accesibles al grueso de la
ciudadanía".
"Los trabajadores colombianos no tienen acceso a esos
procedimientos, entonces lo que queremos es que se aplique
el concepto de igualdad de la Constitución y que
el Estado responda por la salud de todos y cada uno de los
ciudadanos, porque eso no se da en el país",
agregó Arango Angel.
En cuanto a la defensa que del mismo hace el Ministerio
de Salud, este despacho resalta que el proyecto permite
alcanzar un desarrollo legislativo de los artículos
49 y 365 de la Constitución Nacional, en cuanto genera
condiciones para que todos los habitantes puedan acceder
a los servicios de la Seguridad Social.
La cartera de Salud argumenta además, que el "Aseguramiento
de enfermedades catastróficas y de alto costo",
permite desarrollar un mecanismo ideal de financiamiento,
por cuanto posibilita la distribución del costo del
riesgo: "La creación de la Subcuenta Nacional
de Enfermedades de Alto Costo -EAC- se constituye en la
manifestación más desarrollada de mancomunación
de fuentes de financiamiento como soporte del aseguramiento
(aportes parafiscales, aportes de solidaridad y aportes
de los recursos de las entidades territoriales). Por lo
tanto, en este sentido, es un mecanismo social de cofinanciación",
indica el Ministerio.
El tema no está claro
Sin embargo, otra es la posición de la Asociación
Nacional de Clínicas y Hospitales, instancia que
a través de su representante, Juan Carlos Giraldo,
reconoce que si bien la intencionalidad de este proyecto
es buena, es inconveniente y fracasaría en los términos
en que está planteado.
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Algunos actores consideran que es un
error que el Estado maneje este Fondo, debido a los
problemas de corrupción e ineficiencia que se
presentan en muchas de sus dependencias.
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"Avalamos
esa voluntad de crear un mecanismo para financiar la atención
de alto costo de manera que cubra a toda la población,
esta es una buena iniciativa, pero infortunadamente el proyecto
sólo tiene eso, buena intención, porque la manera
cómo se ha estructurado y todo su articulado, presenta
graves fallas".
Sobre lo primero que llama la atención este dirigente,
y en ese punto coincide con el Ministerio de Hacienda y Planeación
Nacional, es en que el sustento financiero del Proyecto de Ley
está mal elaborado.
"Los cálculos que presenta el Ministerio de Salud
muestran que hay un equilibrio en ingresos y egresos de esa
Subcuenta de Enfermedades de Alto Costo sólo durante
los 3 primeros años, pero cuando se hacen las proyecciones
a partir del cuarto año, empieza a observarse que la
cuenta es deficitaria; así las cosas, esto no es una
solución para el mediano plazo y largo plazo, sino que
se trata de apagar un incendio".
De igual manera, Juan Carlos Giraldo sostiene que es problemático
que esas proyecciones en las que se estima ese déficit
al cuarto año de operación, lo hacen bajo unos
supuestos incorrectos, "debido a que toda la siniestralidad
y la prevalencia de las patologías consideradas de alto
costo, están subestimadas; sobra decir que apenas está
calculado un 25 a 30% de la siniestralidad real de estas enfermedades;
por ejemplo, en el país consideramos que hay entre 40
a 50 mil pacientes con enfermedades renales, mientras que los
cálculos en los que se basa ese Proyecto, sólo
estiman una cifra de 10.000 casos, y así ocurre con otras
enfermedades".
Lo anterior implica imprecisiones en los cálculos y hace
que las cifras que sustentan la iniciativa legislativa no sean
reales. "Eso significa que si es deficitario al cuarto
año con unos supuestos muy optimistas, en el caso de
hacer las estimaciones reales se va a encontrar que la Subcuenta
vale mucho más; es decir, se estaría hablando
de una cifra de $900.000 millones al año", puntualiza
el director de la Asociación Nacional de Clínicas
y Hospitales.
Igualmente, las objeciones del Ministerio de Hacienda, despacho
que pidió aplazamiento de la presentación en la
Plenaria de la Cámara de Representantes de este Proyecto
de Ley, indican que es dudoso que existan cifras confiables
para embarcarse en la creación de esta Subcuenta y señala
además, compartiendo el criterio con Planeación
Nacional, que un error de cálculo obligaría al
Estado a correr con unos costos indeterminados.
Frente a este asunto, el parlamentario Héctor Arango
Angel se pronunció pidiendo una concertación entre
las carteras de Hacienda y Salud, pues ésta última
estima que los costos serían considerablemente menores,
ubicándose, según el ponente, en el 50% de lo
calculado por Minhacienda.
Cubrir un frente para abandonar otro
De otro lado, el directivo Juan Carlos Giraldo de la Asociación
de Clínicas y Hospitales, considera que la iniciativa
está sujeta además a consideraciones de orden
filosófico, frente a la manera como está concebido
el sistema de salud del país.
"En el esquema lógico de cualquier sistema, lo primero
que éste debe asegurar es la alta frecuencia y eso significa
bajo costo; por ejemplo, las inmunizaciones que son muy baratas
y las necesita toda la población del país. Entonces,
con eso se tendría que empezar a diseñar el sistema;
por esta razón, los POS se conciben partiendo de unos
criterios de costo, eficiencia y frecuencia, de lo cual se deriva
la afirmación de que primero se debe atender lo más
frecuente, que a su vez es lo menos costoso, para luego incluir
al final, a través de modalidades especiales (reaseguradoras
o financiaciones adicionales), el alto costo, que en esta lógica
es de bajísima frecuencia".
Este esquema muestra como lo que se pretende hacer, continúa
explicando Giraldo, es "que sin lograr la cobertura universal
en el país, sin alcanzar siquiera que los planes obligatorios
sean iguales para el contributivo y el subsidiado, se esté
pensando ya en dar 'cobertura universal' a toda la población
en EAC sin adicionar recursos frescos"
Frente a la proveniencia de los recursos, Juan Carlos Giraldo
considera que la manera como se financiaría -de acuerdo
con el proyecto presentado- afectaría a la población
de los regímenes subsidiado y contributivo. "Estos
beneficiarios muy posiblemente verían menoscabadas sus
Unidades de Pago por Capitación y al ocurrir esto, los
planes obligatorios de salud se van a resentir y las personas
tendrán dificultades en el acceso a la prestación
de servicios comunes y corrientes; entonces el proyecto presenta
un contrasentido, pues la población tendrá acceso
a lo más costoso y a lo más raro, mientras estará
desprotegido en lo básico, en eso de lo que se enferma
todos los días".
"Además, la financiación de ese proyecto
le está metiendo la mano al bolsillo de los vinculados
en cada una de las regiones, puesto que un porcentaje de los
recursos será cubierto con el aporte de un salario mínimo
legal diario vigente, proveniente de los recursos de oferta
de las entidades territoriales, y eso que aparentemente es muy
poquito, en algunas entidades territoriales es más de
la mitad de la plata que tienen éstas al año en
recursos per cápita para los vinculados. De ahí
que igualmente la iniciativa generaría un hueco enorme
en las finanzas territoriales", agrega Giraldo.
¿Qué piensan las EPS?
Desde otra perspectiva, David Palacio Valero, director de Cruz
Blanca EPS, explica que la visión de gran parte de estas
empresas y las conclusiones parciales a las que se ha llegado
a través de los encuentros promovidos por la Asociación
Colombiana de Medicina Integral ACEMI- indican que es un sofisma
aquello de que las EPS no están cubriendo las enfermedades
de alto costo.
"Esto es impreciso, porque si miramos las cifras y lo que
ha aumentado el Alto Costo dentro de las EPS, podemos ver cómo
empezamos en un porcentaje del 8 al 10% y ahora estamos en un
promedio del 15 al 16%. De hecho, todo el tiempo estamos pagando
cuentas de alto costo y los reaseguradores también lo
están haciendo, entonces el argumento de que nosotros
no lo estamos cubriendo, ¿de dónde sale?. Eso
no es preciso, están partiendo de un supuesto que no
es verdad para justificar una medida", anota Palacio Valero.
Otro tema que es urgente tener en cuenta, según indica
el Gerente de Cruz Blanca EPS, es la capacidad y confiabilidad
que tendría el Estado, con todos los problemas de corrupción
e ineficiencias que presenta, para hacerse cargo de esa cuenta
de Alto Costo, la cual manejaría una gran cantidad de
recursos.
El directivo coincide en la crítica a la manera cómo
se financiaría el fondo. De un lado considera que esta
no es la fórmula como se debe buscar resolver el tema
de la crisis de los hospitales públicos y del Seguro
Social, mientras que desde otro punto de vista denuncia que
ese porcentaje que se le quitará a las EPS de la Unidad
de Pago por Capitación o UPC, afectará la aplicación
del POS y fragmentará la atención en salud.
"En este esquema, ¿qué le va a pasar a un
usuario hoy? Llega a cualquier EPS y esta le tiene que responder
integralmente por su atención y coordinar la red de prestadores,
la interacción entre todos los niveles; y si al paciente
se le diagnostica una atención de alto costo, ¿quién
responderá por los controles, por el seguimiento que
se supone le va a hacer el Fondo? Le va a hacer la diálisis,
pero las consultas con el nefrólogo ¿de quién
serán responsabilidad? Es decir, no se ha definido operativamente
cómo va a funcionar el tema, pero lo que sí se
percibe es una clara partición de la atención
integral, que va en contra de la filosofía misma de la
Ley 100", puntualiza el doctor Palacio Valero.
No es una salida a la crisis
Finalmente, el director de la Asociación Nacional de
Clínicas y Hospitales, Juan Carlos Giraldo, es contrario
a esa visión que sostienen muchos, entre ellos la argumentada
por la exministra de Salud, Sara Ordóñez, ante
el Congreso de la República, en el sentido de que el
Fondo de EAC permitirá un alivio económico para
la red pública hospitalaria.
"Desde este punto de vista es una mentira que esto sirva
para financiar a los hospitales públicos, eso es falso,
ya que para atender el alto costo se requiere una infraestructura,
una capacidad instalada de altísima tecnología,
cuya distribución en el país está dos veces
en el sector privado y una vez en el sector público.
Si éste último fuera a responder por estas enfermedades,
tendría, para poder empezar a operar el proyecto, que
hacer unas inversiones, abrir unas unidades, capacitar al personal
o contratarlo, lo cual es carísimo", concluye el
dirigente del sector.
Frente a este panorama, si bien los parlamentarios esperan llevar
una vez más a Plenaria de la Cámara el Proyecto
de Ley 089, el país exige un serio debate y un estudio
riguroso de sostenibilidad financiera, que implica que la discusión
abandone el terreno de lo político y se instale en el
análisis técnico. |
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La
discusión apenas comienza Se propone fondo mixto
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En
un sistema como el colombiano, en el que no se había
regulado con precisión el Alto Costo en la salud, es
prioritario repensar el tema y someterlo a una discusión
donde intervengan los diversos actores que tienen que ver con
éste, a fin de darle vida a un Proyecto de Ley que pretende
crear un Fondo para administrar los recursos para ese objetivo,
señalaron los ponentes y participantes del foro Gestión
Integral de las Enfermedades de Alto Costo, realizado en Bogotá
los días 13 y 14 de diciembre del año anterior.
Frente a la iniciativa del Ministerio de Salud, sostenida por
la ex -ministra Sara Ordóñez, de crear un Fondo
único administrado por el Estado, proyecto de ley considerado
por diversos actores privados como inconsistente, con unas cifras
que no se ajustan a la realidad y que en último término
esconde la intención de salvar el Seguro Social; comienza
a hacer carrera otra propuesta de Fondo Mixto.
Aseguradoras, EPS, IPS y profesionales de la salud, argumentan
que es apresurado el proyecto de ley en curso y que se requiere
mayor estudio e investigación, pues es imprecisa la información
con la que se elaboraron las estadísticas, al punto de
que los cálculos hablan de unos $900.000 millones, cifra
que está muy por debajo de lo que realmente se viene
gastando en Alto Costo en el país.
De acuerdo con lo expuesto por Claudia Gómez, auditora
médica de pólizas de alto costo de Delima, en
lo micro es posible señalar que cada vez se ha enredado
más el tema.
"La normatividad del Gobierno para definir las enfermedades
de alto costo en ambos regímenes nunca ha sido del todo
clara para el sector; el Ministerio y la Superintendencia de
Salud han emitido conceptos en muchos sentidos, lo que ha generado
confusión, eso nos obliga definitivamente hoy a concertar
y definir las coberturas y el alcance en alto costo", indica
esta experta.
Agrega además Claudia Gómez, que es válida
la propuesta de unificar unos contenidos de Enfermedades de
Alto Costo en ambos sistemas, pero eso exige un plan de beneficios
distinto al que se tiene desde 1994, para lo que se debe utilizar
la clasificación última de procedimientos (CUPS).
En términos generales, la discusión sobre el Alto
Costo debe ajustarse la lógica de la modernización,
actualización y comprensibilidad, para superar el esquema
que se ha aplicado donde prima la interpretación.
Concluye la experta que se precisan mecanismos para llegar a
acercamientos con el Ministerio y hacer propuestas técnicas:
"se deben buscar puntos medios concertados y conciliar
con la propuesta del Minsalud, pero teniendo en cuenta que es
muy grave volver al esquema centralista, ya que se puede caer
en el riesgo de la ineficiencia del Estado” |
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