C omo corresponde cada año, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 2249 de 2018 en la que categoriza los hospitales públicos por su riesgo fiscal y financiero en la vigencia anterior, es decir durante el año 2017, en esta oportunidad 21 entidades antioqueñas aparecen reseñadas con riesgo alto y medio; es decir, cinco más que en 2016 (dos de Bello, y los hospitales de Chigorodó, El Bagre y Betulia).

Actualmente, el Ministerio indicó que los hospitales de Bello (Bello Salud y Marco Fidel Suárez), Chigorodó, Concepción, El Bagre, Granada, Guadalupe, La Unión, Maceo, Nariño, San Carlos, Santo Domingo, Uramita y Valparaiso están en riesgo alto; y que los de Betulia, Heliconia, La Pintada, Marinilla, Olaya, Santa Bárbara y Yarumal están en riesgo medio.

A todos ellos les corresponderá realizar, en menos de dos meses, un plan de Saneamiento Fiscal de la mano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permita pagar los pasivos que mantienen en rojo sus finanzas, algunos recibirán apoyo estatal para pagar las deudas, para que de esta manera logren salir rápido de la crisis, explicó Luis Hernán Sánchez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) y gerente del Hospital de Vegachí. En años anteriores el Ministerio ha otorgado a los hospitales públicos de Antioquia cerca de 50.000 millones de pesos para pagar pasivos laborales.

El Hospital San Juan de Dios, de Cocorná, cumplió con el plan de saneamiento financiero y ahora su nivel de riesgo es mucho menor, por lo que salió de la lista roja. Solo nueve hospitales lo lograron en todo el país durante el año pasado.

“Si estos hospitales no realizan el plan o no lo cumplen pasan a la siguiente etapa que ya no es bajo la tutela del Ministerio de Hacienda sino de la Superintendencia Nacional de Salud, allí deben realizar el Plan de Gestión Integral del Riesgo, que es una medida especial de vigilancia. En este punto ya no se recibe ni un peso, sino que la entidad debe salir del riesgo con sus propios recursos”, aseguró Sánchez, quien aclaró que esto se logra aumentando los ingresos y reduciendo los gastos, para que con el remanente se puedan pagar los pasivos.

El Hospital de Vegachí está en esta etapa, junto a los de Alejandría, Arboletes, Cáceres, Campamento, Caramanta, Ebéjico, Fredonia, Itagüí, La Estrella, Peñol, Remedios, Sabaneta, San Francisco, San Rafael, Sopetrán, Tarso, Toledo, Turbo, Valdivia, Yalí y Yondó. Lo que quiere decir que la crisis financiera ronda a 43 de los 77 hospitales categorizados en el departamento.

En el país son 378 hospitales los que aparecen en crisis: 95 adelantan un programa de saneamiento fiscal ante el Ministerio de Hacienda, 182 hospitales implementan un Plan de Gestión Integral de Riesgo (PGIR) ante la Superintendencia Nacional de salud, 85 están categorizados como de riesgo alto y 16 como de riesgo medio.

Se destaca que los hospitales de Bogotá, agrupados en cuatro grandes subredes de atención, fueron categorizadas sin riesgo financiero para la vigencia 2018. Así mismo ocurrió con los cuatro hospitales de Medellín: ESE Carisma, Hospital General, Hospital La María y ESE Metrosalud.

¿Por qué se da la crisis?

“Estamos viendo que en lugar de mejorar vamos empeorando”, sentenció Sánchez, lo que consideró una prueba irrefutable de que el sistema de salud colombiano está fracasando.

En esto está de acuerdo Luis Alberto Martínez, director Ejecutivo de Aesa, quien explicó que la situación no mejora: “tenemos el 53 % de los hospitales de Antioquia categorizados en riesgo a causa de la falta de flujo de caja, lo que significa que el dinero que recaudaron durante el último año no alcanzó para pagar el pasivo que suma ya 736.000 millones, siendo el año en que más vendieron”.

Esto se explica en que las EPS deben a los hospitales más de 1,1 billones de pesos. “Si las EPS pagaran a los hospitales lo que les deben, ellos tendrían cómo pagar los pasivos, pero como no es así, ellos vienen arrastrando esas deudas”, acentuó Martínez.

Por su parte, Sánchez contó que las EPS pagan muy tarde, y que las que fueron liquidadas no pagan, como es el caso de Caprecom, Saludcoop, Cafesalud y ahora Coomeva en algunos municipios de los que decidió salir. Son millonarias deudas que nadie asume durante muchos años.

El problema, según Martínez, es que la solución del Gobierno no es exigirles a las aseguradoras que paguen, sino pedirle a los hospitales que reduzcan sus gastos, lo que significa abaratar los costos de atención al paciente, es decir, darle menos de lo que el paciente necesita a cambio de que las cuentas den. Es acabar el verdadero sentido de la salud como derecho fundamental y pensar solo en el negocio.

Además de que las EPS paguen, a Martínez se le ocurre que en los municipios donde hay un solo hospital no tiene sentido que haya un sistema basado en competencia, porque sencillamente no hay competidores, lo que permitiría que estos hospitales no estén en crisis. Y en los municipios muy pequeños, en los que la facturación no es suficiente para pagar los gastos de operación, que haya un mayor subsidio del Estado.

La corrupción también hace de las suyas

Pese a que la morosidad de las EPS es un asunto que compete a todos los hospitales, la corrupción es otro factor que puede llevar a las entidades a la quiebra, aunque este no es un indicador medido en la resolución del Ministerio de Salud.

Sin embargo, el doctor Sánchez, gerente del Hospital de Vegachí, narró cómo su entidad terminó en la Superintendencia Nacional de Salud: “A este hospital se le olvidó rendir la información financiera a tiempo, al haber incumplido el Ministerio de Salud lo mandó con alto riesgo a hacer el plan de saneamiento financiero ante el Ministerio de Hacienda, allí se dieron cuenta que la deuda ascendía a 600 millones de pesos. El problema fue que entre 2013 y 2016 el hospital tuvo siete gerentes, ninguno duró más de seis meses, algunos tuvieron comportamientos equivocados, al alcalde no le gustó ninguno y no se cumplió el plan, el hospital no recibió la plata que el Ministerio de Hacienda iba a entregar para pagar el pasivo y, en cambio, fue castigado siendo enviado a la Superintendencia; tenía que salir de la crisis solo”.

Sánchez recibió el hospital de Vegachí en 2016 con una deuda de 760 millones de pesos, que ya va por 240 millones, por ese camino parecería que logrará cumplir con el plan antes de cinco años, que es lo que establece la Superintendencia Nacional de Salud. Quienes no logran hacerlo son liquidados o entregados a otro hospital.

“No hay que perder de vista que en muchas ocasiones el hospital es la caja menor del alcalde de turno, para satisfacer sus necesidades personales y políticas. Ahí se puede ir mucha plata”, concluyó el gerente.