MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 238 JULIO DEL AÑO 2018 ISNN 0124-4388 elpulso@sanvicentefundacion.com
M uy parcas resultaron las declaraciones que dedicó el Presidente Juan Manuel Santos como balance en salud de sus ocho años de gobierno, tal vez porque sus prioridades fueron otras, como la paz; sin embargo en entrevista otorgada a El Tiempo el mandatario afirmó que durante su periodo se dieron los mayores avances en cobertura y calidad y se impulsó la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que “definió la salud como un derecho fundamental y estableció los principios que rigen la prestación del servicio, las obligaciones del Estado y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas” sin embargo Santos no hizo alusión a que dicha Ley fue modulada por la Corte Constitucional hasta el punto que lo “impulsado” por su administración se parece muy poco a lo aprobado y vigente.
“Hoy no existe un solo colombiano que no sea atendido por el sistema de salud; pero no solo eso, no existen colombianos de primera o segunda clase. Acabamos con la diferencia en la prestación del servicio que dependía de si la persona era parte del régimen contributivo o del subsidiado. Hemos dado una lucha sin antecedentes para bajar los precios de los medicamentos de alto costo y se ha reformado el sistema para que cada vez sea más sostenible económicamente” señaló el mandatario en una serie de afirmaciones que parecen reflejar más su deseo frente a lo que se supone debería ser el sistema de salud, que la realidad que viven los ciudadanos.
Sin embargo un balance más cercano, por lo menos a las cifras y postura oficial, es el preparado por el Ministerio de Salud y Protección Social donde se presentan algunos avances en varios frentes aunque deja un vacío al no mostrar los temas pendientes.
Para el Minsalud el primer gran logro de estos ocho años es la regulación de precios, compra centralizada de medicamentos y la mayor competencia de biosimilares, que producirían ahorros de más de un billón de pesos al año. El número de medicamentos con precio controlado llegó a los 1.031, los ahorros al aplicar las medidas de compras centralizadas estarían alrededor de los 92 mil millones de pesos, y la regulación en general por la regulación de los precios de medicamentos habría generado ahorros por más de 4,7 billones de pesos. Este paquete de medidas aportaría a la sostenibilidad financiera general del sistema de salud.
El manejo de los medicamentos ha sido una de las líneas de acción que más se ha destacado por parte de los analistas de la gestión del Ministro Alejandro Gaviria. Y precisamente su informe de gestión destacada como un liderazgo global en acceso a medicamentos las medidas tomadas en el caso del Imatinib. En el país, el precio máximo de venta para todas las formas farmacéuticas y presentaciones comerciales del medicamento Glivec (principio activo imatinib) se estableció en 206,42 pesos por miligramo. Lo que significó una reducción efectiva del 44% con respecto a los 368 pesos por miligramo que estaban anteriormente autorizados.
Un segundo elemento destacado para el ministerio es haber alcanzado una cobertura universal técnica, así como la igualación de los planes de beneficios entre regímenes y la ampliación de los beneficios. El proceso de unificación de los planes se adelantó en tres etapas básicas. En el año 2010 para la población entre los 12 y 18 años, en 2011 se igualaron para la población mayor de 60 años, y en 2012 para la franja entre los 18 y 59 años. En cuanto a las inclusiones estas se presentaron en 336 principios activos, 156 procedimientos y 18 dispositivos.
Igual que lo hizo el presidente Santos, el ministerio resaltó la aprobación de la Ley Estatutaria, a la que califica como la “primera ley de un derecho fundamental social que sienta las bases para una definición justa y sostenible de los beneficios”. En esta misma línea la cartera resalta la expedición de normas para la reducción de trámites, haber establecido los parámetros para las exclusiones donde ya se encuentran 43 tecnologías y la desaparición de los Comités Técnico Científicos con la puesta en marcha del Mipres.
En cuanto a indicadores de salud pública, se resaltan logros en cuatro ítems. Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) por 100.000 menores de cinco años que pasó de 5,3 en el año 2010 a 3,4 en 2016; la mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en una tasa por 100.000 menores de cinco años habría pasado de 16,5 en 2010 a 13,8 en 2016; para el mismo periodo se encontraría también una disminución en el embarazo en adolescentes (15 a 19 años) al pasar de 19,5 a 17,4, y en cuanto a mortalidad materna en una razón por cada 100 mil nacidos vivos se bajó de 71,6 a 51,3.
Para el año 2010 la cobertura pentavalente en menores de un año era del 88%, al año 2017 habría pasado al 91,6%, situación similar sucedió con la cobertura de triple viral al pasar de 88,5% en 2010 a 93,1% en 2017, con lo cual el ministerio mostraría un incremento en las coberturas de vacunación, y coloca como ejemplo que ningún niño colombiano haya sido contagiado de sarampión.
En relación con la prestación de servicios de salud desde instituciones públicas, el Ministerio señala que en el periodo 2010 -2017 asignó recursos por más de $600.000 millones de pesos para 2.533 proyectos, y en lo corrido de 2018 se han aprobado proyectos por más de $32.000 millones, de los cuales gran parte de estos recursos se han destinado para fortalecer el Plan Nacional de Salud Rural.
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