E xisten coincidencias en la opinión de varios actores del sistema de salud frente a los logros alcanzados en estos ocho años de gobierno en el tema de salud, sin embargo, el listado de los problemas y asuntos pendientes supera a los avances.

Para los pacientes, según Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), hay que partir de reconocer como logros la política de control de precios de medicamentos así como la MIAS y su operatividad a través de las RIAS, sin embargo ve retrocesos en la intervención de varias EPS y su falta de garantía en la preservación de los derechos fundamentales, así mismo la pretensión permanente del gobierno de evadir el alcance de la Ley 1751, Estatutaria de Salud, a partir de la expedición de reglamentación con una interpretación contraria a los fundamentos de la Ley, o también por una actitud, en otros casos, de omitir de manera inexplicada la normatización de aspectos indispensables para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Hospitales públicos abandonados a su suerte

“Para la red pública hospitalaria han sido los peores ocho años de su historia debido a la falta de una política pública que ha llevado a un debilitamiento progresivo” así de contundente lo afirma la Directora ejecutiva de Acesi Olga Lucia Zuluaga. Según la directiva, en la baja complejidad la red tiene una infraestructura antigua y equipos biomédicos obsoletos, principalmente en los sitios más lejanos y apartados donde la población tiene importantes necesidades y hay mayor inequidad. En cuanto a la mediana y alta complejidad se ha dado un debilitamiento y desaparición incluso de muchos servicios, o incluso su tercerización ante la necesidad de inversión para evitar desaparecer: “podemos afirmar que ha habido una política para acabar con la red pública hospitalaria, en los últimos cuatro años se han liquidado 27 hospitales públicos”.

La directiva también cuestiona que la medición de las ESE se realice por su capacitad financiera, lo que ha llevado a muchos hospitales públicos a iniciar programas de saneamiento fiscal y financiero buscando ser sostenibles a costas de la rentabilidad social, llevando a una disminución de los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad al no ser “rentables” y así lograr el equilibrio y el cumplimiento de los planes establecidos con el Ministerio de Hacienda. A lo anterior se suma como problema, según Zuluaga, la exigencia de hacer lo0s presupuestos con base en el recaudo sin considerar la cartera creciente, la que a su vez es producto de las políticas gubernamentales de salvamento a las EPS que ha terminado ampliando los plazos para el pago de la cartera no corriente e incumplimiento del giro corriente. A pesar de los problemas, Olga Lucia Zuluaga destacó el papel protagónico del país en el manejo de epidemias como Chikunguña y Sika.

De cal y de arena en salud pública

Para Hernando Nieto, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, existen decisiones históricas en estos años recientes, como las tomadas frente a las fumigaciones con glifosato, y las estrategias para la reducción en el precio de medicamentos, pero llama la atención sobre el hecho de que ambas fueron políticas de gobierno y no se blindaron como políticas de Estado, al punto que en las negociaciones para ingresar a la OCDE se notó un retroceso y ambivalencia, primando la posición del ministerio de comercio sobre la del ministerio de salud. Por otro lado si bien reconoce como un avance formal, más no material, la firma de la Ley Estatutaria, aclara que “Se hizo evidente la implementación y reglamentación fragmentada y la persistencia de un modelo donde la salud sigue siendo una mercancía y objeto de ánimo de lucro”.

Nieto señala que frente al modelo de salud, si bien se diseñó una Política Integral de Atención en Salud PAIS y un Modelo Integral de Atención en Salud, MIAS, su piloto e implementación en diferentes regiones del país ha mostrado que el modelo de aseguramiento sigue siendo limitante estructural. Cuestionó también la insistencia en mantener vivas aseguradores que no cumplían márgenes de solvencia, y el traslado de afiliados a otras EPS como “solución” a un problema de ingobernabilidad o capacidad de gestión, y no resolver los problemas de cartera del sector, lo que perpetua la precarización y la inestabilidad de hospitales y clínicas, y de los trabajadores del sector.

En un tono más estructural, Hernando Nieto llama la atención sobre la profundización que durante estos últimos ocho años han tenido las políticas de extracción minera lo que ya ha tenido, y tendrá, efectos lamentables sobre el medio ambiente y la salud.

Años variopintos

Así califica Julio Alberto Rincón, director ejecutivo de Cosesam, los últimos ocho años en salud. Para el dirigente son importantes hechos como tener una cobertura universal “saliendo del estancamiento que teníamos en el primer decenio del siglo, se logró con la voluntad de aplicar a la financiación del régimen subsidiado el 100% de los recursos de solidaridad del contributivo que estaban en CDT, pero además creció el contributivo con la formalización laboral de un importante número de colombianos. Es importante también tener un sistema de información que identifica y hace seguimiento a cada afiliado. En equidad, se presentaron avances con la ampliación de la familia en seguridad social, incluyendo nietos y personas a cargo en circunstancias especiales, además de incluir como beneficiarios a los jóvenes hasta los 25 años. Y en derechos fue gran el avance social al permitir que las parejas del mismo sexo pudiesen ser beneficiarias en salud, y reglamentar la Eutanasia como un derecho”.

Sin embargo no todo fue tan positivo, para el doctor Rincón a pesar de los grandes ahorros señalados por el ministro con el control al precio de los medicamentos, estos costos no habrían disminuido, y lo que realmente se controló fue su rápido crecimiento el cual ha sido menor en los últimos años. Resulta también ambivalente la creación de la plataforma MIPRES la cual si bien es una gran fuente de información, al igual que otros sistemas creados en estos 25 años (RIPS, Circular única etc.) no se está explotando para el beneficio de todos, entre otras cosas por no haber sido implementada aun para el régimen subsidiado.

En cuanto a la visión macro y financiera del gobierno, para Julio Rincón se desconoció en estos años la importancia de los problemas de los ciudadano de a pie (objeto del sistema) “la accesibilidad a los servicios de salud por parte de la población se ha deteriorado, en especial la población ubicada por fuera de las ciudades, y dentro de ellas la población que vive en los suburbios lejanos a la concentración de servicios, ya que se ha permitido un crecimiento hacia lugares exclusivos y lejanos a donde vive y trabaja la gente. Este hecho es más visible para la población afiliada al Régimen contributivo y EPS con problemas económicos o intervenidos. El régimen contributivo ha desarrollado su red concentrando sus servicios en centros urbanos lejanos a los afiliados, en contravía de garantizar el acceso geográfico que implica una barrera económica para los afiliados”.

Por otra parte reconoce un avance en la claridad de cuentas al identificar las deudas de los municipios con las EPS del Subsidiado, donde se encontraron aproximadamente 420.000 millones de pesos, cifra preocupante pero menor a la que alegaban las EPS y que era cercana a los 2,4 Billones.

“Todos estos logros liderados por el Ministro Alejandro Gaviria son admirables, sin embargo quedan fracasos y soluciones aplazadas que deterioran y generan poca credibilidad en el sistema, además de otros interrogantes” señaló el directivo.

Para las EPS el panorama puede mejorar

Jaime Arias, director ejecutivo de ACEMI ha señalado públicamente que el legado de Alejandro Gaviria es muy importante y resalta entre otros logros el modelo de atención primaria en salud, la tesorería única, Adres, y las acciones en política farmacéutica. Sin embargo indica que el gobierno entrante encontrará “un sector que se volvió insostenible, que gasta más de lo que le llega”.
Para Arias el déficit del sistema puede estar entre uno y dos billones de pesos anuales, y para saldar el problema se requeriría aumentar un punto del PIB en salud, y así estar más o menos cerca de los otros países de América Latina: “estamos gastando 7 y Colombia debería estar gastando 8 puntos del PIB” situación que ya le habrían manifestado al presidente electo Iván Duque, aunque no han tenido aun una respuesta frente al tema.
Según Arias, una tarea pendiente es eliminar el No Pos que le cuesta al país alrededor de 5 billones y medio de pesos al año, y que según él: “está destruyendo el sistema”.