A sumir el reto de dirigir la Superintendencia Nacional de Salud, que es prácticamente la entidad menos querida de todo el sistema, no es una tarea fácil y eso bien lo sabe el odontólogo Fabio Aristizábal, que le dijo sí a la propuesta del presidente de la República, Iván Duque.

Aristizábal tendrá a su cargo la inspección, vigilancia y control de más de 11 mil entidades, entre las que se cuentan instituciones prestadoras de salud, hospitales públicos, EPS, secretarías de salud, aseguradoras de salud, entre otros; para lo que cuenta con los recursos de la tasa de inspección y vigilancia, que pagan todos los sujetos vigilados; para este año serán $30.400 millones de pesos.

El mayor dolor de cabeza es, y seguirán siendo, las EPS, por las barreras de acceso que imponen a los usuarios. 50 mil quejas en promedio mensual dicen del nivel de insatisfacción de los afiliados a la salud o las cuantiosas deudas que denuncian los prestadores de servicios, situación que nunca tiende a resolverse.

Sin embargo, Aristizábal es optimista, espera darle a la Superintendencia el lugar que se merece.

¿Cómo recibió el nombramiento, y cómo ve la Superintendencia que está recibiendo?

El nombramiento es un honor que me hace el Presidente de la República, yo lo acepté con mucho orgullo, con mucho honor, me parece que es un nombramiento que amerita que uno lo entienda con el nivel de riesgo y compromiso que tiene una entidad de estas para mí es un reto enorme. Esta es una entidad muy importante para el país, que probablemente no le hemos dado la dimensión que tiene y me parece que es una de las entidades que más debemos fortalecer, pero creo que nos falta poder, nos faltan dientes, nos falta tener una capacidad sancionatoria más alta, entonces el reto, no solamente con los casi 48.000 vigilados sino con el país, es hacer una tarea digna y también fortalecer las competencias de la Superintendencia.

Le hemos oído la propuesta de que la vigilancia de las EPS sea realizada por la Superintendencia Financiera, ¿ese va a ser uno de los proyectos de ley que va a liderar?

Una cosa que me encontré en la Superintendencia, con mucho agrado, es que ya hay un área especializada en supervisión basada en gestión de riesgos, que era un poco lo que yo reclamaba, ¿quién vigila el patrimonio de las aseguradoras?, en eso la SuperFinanciera es impecable, pero ya me encontré con esta nueva realidad. Tomaremos la decisión si el artículo del proyecto de ley 090 se mantiene como vigilancia de la Superfinanciera o si yo ya lo puedo hacer acá, porque encontré que ya tengo un área a la que puedo fortalecer. Pero de todas formas el proyecto, sea allá o acá, va. Vamos a fortalecer la vigilancia en materia financiera de las EPS para que cumplan con lo que realmente se necesita.

¿Y también con que paguen sus deudas?

El tema del pago es complejo, lo vamos a revisar a detalle, sabemos que muchas EPS deben, también hay que entender que a algunas de ellas les debe el Estado, hay un rezago en el No-POS, en la Adres, de unos meses largos, entonces aquí hay de parte y parte. El Gobierno va a hacer un esfuerzo grande en analizar las deudas, tengo entendido que el ministro está en la línea de la titularización de las deudas, de emitir unas garantías por parte del Estado en cuanto a la deuda que es soberana estatal. Que las EPS paguen fue una de las promesas de campaña del doctor Duque que no solamente va a calificar a las EPS por la cantidad de usuarios, sino también por la oportunidad en los pagos, y por la calidad en los servicios.

Se ha reclamado mucho que la SuperSalud es una entidad muy centralizada, ¿cómo piensa enfrentar ese problema para llevar la vigilancia y el control más a las regiones?

Ya tenemos seis regionales, vamos a mejorar su capacidad técnica, probablemente tendremos tres oficinas nuevas, una hacia el sur de Colombia y vamos a tener una vigilancia especial en San Andrés y La Guajira mientras esas dos regiones avanzan en la implementación de sus planes de recuperación. Lo más importante, en realidad, es mejorar las capacidades resolutivas que hoy tienen las regionales, porque prácticamente lo único que hacen es recibir PQRD (peticiones, quejas, reclamos y denuncias) pero no tienen una capacidad más alta, se las vamos a tratar de elevar para que empiece a haber un acompañamiento en las regiones mucho más importante para que los aseguradores, prestadores y entes territoriales sientan un acompañamiento más fuerte de la Superintendencia.

El nivel de tutelas en salud falladas en el país contra las EPS es gigantesco, según reporta la Defensoría del Pueblo, ¿qué piensa hacer para actuar contra las EPS y en defensa de los usuarios ante las que son reiterativas en sus negaciones en salud?

Desde la delegada de atención al usuario estamos dándole respuesta más oportuna a las necesidades de la población, muchas veces los usuarios creen que yo acá decido, lo que nosotros hacemos es tramitar de manera oportuna la necesidad del usuario y se la transmitimos a la EPS y hacemos que responda en términos perentorios. Las tutelas preocupan, pero por ese número de quejas y reclamos y la capacidad de respuesta de una EPS yo puedo tomar decisiones, ya el Decreto 1582 permite revocarle el funcionamiento o la habilitación como aseguradora a la EPS que no está corrigiendo esa conducta. Así que vamos a empezar a utilizar las herramientas de ese decreto, para prohibirle a las EPS su operación en algunas partes del territorio, o su operación total, si vemos que no está respondiendo oportunamente a las necesidades de los usuarios.

Ahora preocupa lo que ocurrirá con Medimás…

Hay mucha preocupación con Medimás, pero cuando llegas a la superintendencia y ves el panorama del país, no es solo Medimás, a nosotros nos preocupa la situación de Savia Salud, de Coomeva y de otras EPS. Vamos a tratar de hacer una revisión exhaustiva de esos casos, estamos revisando los informes que hay de los entes de control, especialmente de la procuraduría y los que hicieron las oficinas delegadas de la Súper, para primero analizar la situación que encontremos de Medimás, que es especial por su número de usuarios, pero más que preocuparme por la EPS, la Superintendencia se va a preocupar por sus usuarios, que son quienes sufren si tomamos una decisión mal tomada. Igual tenemos que mirar el caso Coomeva, las directivas también están preocupadas por la situación, y con el Gobierno tenemos que tener una organización en la toma de decisiones.

Savia Salud nos preocupa mucho en Antioquia, la Gobernación no logró la votación para enajenar las acciones, ¿qué salidas ve usted para salvar la EPS?

Lo que voy entendiendo es que por lo menos logró estabilizar la operación, las pérdidas de Savia no siguen creciendo, el problema es eso que está atrasado, yo creo que aquí vamos a tener que hacer una reunión con el gobernador para que nos explique su percepción porque en últimas tenemos que ver los dueños qué están pensando. Lo que me preocupaba a mí era que siguiera con ese incremento en la deuda y la operación, yo creo que ya está controlado y esa es una buena señal, y creo que deberíamos insistir en cuál es el futuro de Savia Salud, si entra otro socio, porque no le podrían impedir a una persona que le quiere inyectar recursos a una EPS. Para Antioquia sería durísimo que tuviéramos que liquidar esa empresa, hay que ver cómo ayudamos para que con Savia, digamos: “si se puede”, y que salga adelante.

También se presenta corrupción en los entes territoriales y los hospitales públicos, ¿cómo van a vigilar que los recursos del sistema de salud sean bien invertidos y que el sistema sea más meritocrático?

Vamos a tratar de endurecer las medidas, por eso decía que vamos a presentar un proyecto de ley que mejore la capacidad sancionatoria de la Superintendencia. Lo que sí tengo claro es que nosotros no vamos a mantener hospitales eternamente intervenidos, eso no está generando una utilidad para el país ni para nadie, un hospital intervenido tres, cuatro o cinco años no tiene ningún sentido, nuestra intervención debe ser para evitar que se sigan perdiendo los recursos donde hay corrupción o donde se comprobó que la institución no fue capaz de salir adelante. Debemos mejorar las medidas, ser mucho más exhaustivos en esa vigilancia, y en ese control y estar monitoreando los gerentes que hoy nombran los gobernantes, porque la potestad ya está en ellos. Indudablemente vamos a impedir que los hospitales públicos sigan siendo la caja menor de quienes quieren hacer política con la salud de los colombianos.

¿Le parece la liquidación una salida sana o cuál es la salida para esos hospitales que están en alto riesgo financiero y no han podido solucionarlo?

Las alternativas no las debe dar la Superintendencia, yo solamente tengo que verificar y velar porque una institución o sale adelante por sus propios medios o toca liquidarla, pero hay otras alternativas, las entidades tienen opciones de hacer alianzas público privadas, contratar un operador diferente, lo que sí da pesar es que a una institución del Estado tengamos que liquidarla y la población se quede sin el servicio. El país tendrá que aceptar que a futuro haya integración vertical en una región como San Andrés, donde se puede tener un solo asegurador y un solo hospital y lo tiene que operar el asegurador pues ese podrá ser un modelo que se implemente allá, pero dejar sin hospital a San Andrés no se me ocurre. Lo que sí es cierto es que nosotros no vamos a mantener esas intervenciones eternas, porque si no lo pudo hacer la entidad ni lo pudo hacer la Superintendencia, no hacemos nada. La competencia de la Superintendencia no es administrar hospitales, nosotros entramos a intervenirlos porque están en una situación de riesgo alta, para evitar que siga ocurriendo, pero si la situación continúa nosotros no podemos permanecer en una institución tantos años como hasta el momento ha ocurrido.