La curva descendente en indicadores en salud pública, que se traduce en la pérdida de miles de vidas humanas por causas evitables y en desmejora de la calidad de vida para otros millares; la desnutrición galopante que cada día corta las ilusiones de miles de pequeños; la existencia de barreras de acceso al servicio de salud y la falta de oportunidad y calidad en dichos servicios; el retroceso en coberturas de vacunación, cuando Colombia era líder en las Américas; la falta de control de enfermedades infecciosas que cada día aumenta el número de enfermos de sida, tuberculosis, malaria, por mencionar sólo algunas enfermedades; la reemergencia de otras enfermedades y las epidemias que cobran su cuota en vidas, como la de fiebre amarilla en 2003…
En fin: la cuenta es larga, pero lo vergonzoso es reconocer que en aras de mantener la sostenibilidad financiera del sistema de salud, la salud ha venido perdiendo la batalla y perdiendo terrenos conquistados. Cuando a comienzos de 2003 se creó el sistema de protección social, puesto en marcha por el fusionado Ministerio de la Protección Social (surgido de los ministerios de Salud y Trabajo), se “vendió” dicho sistema como una panacea para enfrentar la crisis social; pero al evaluar sus resultados e impacto, el panorama es poco menos que desolador. La propuesta de la protección social pretendía enfrentar la recesión económica de 1999, cuando se deterioraron los ingresos de las familias colombianas, especialmente las más pobres, dejando en evidencia la necesidad de una red de asistencia social complementaria a los servicios tradicionales; escaseaban los recursos públicos y había explosión del gasto para cubrir pensiones. Además, se consideraba que el sistema de atención social estaba a cargo de entidades sin objetivos comunes, desarticuladas entre sí, y con alta fragmentación y superposición de programas; se determinó entonces que la protección a la población más pobre y vulnerable, se desarrollaría con instrumentos de aseguramiento y asistencia social.
A 3 años del nuevo sistema y del ministerio que lo implementó, existen sobradas razones para creer que el país equivocó el rumbo. No se puede hablar de un eficiente sistema de protección social, cuando el estado de salud de la población deja mucho que reclamar, pese al aumento de los recursos destinados y los perseguidos aumentos de cobertura en aseguramiento. Todo esto lleva a sentir que la ausencia más sentida, es sin duda la del desaparecido Ministerio de Salud, organismo que debía regir y orientar la mejor destinación de los cuantiosos recursos girados a salud, para lograr impactar efectivamente en el estado de salud de los colombianos, tal como manda la Constitución.
Es innegable que el mercado de la salud creado por la Ley 100/93, regido por sus propias leyes de oferta, demanda y rentabilidad económica, fue desplazando la salud como tal y por ende, fue alejando cada vez más el logro de las metas en salud. A la hora de los balances, bien vale afirmar que el sector salud está regido por lo económico, como sostuviera la editorial de El Tiempo del pasado 8 de octubre; más aún, cuando las decisiones en salud dependen del concepto del Ministerio de Hacienda sobre su impacto fiscal, dejando entrever que “la fusión del Ministerio de la Protección Social parece haber hecho agua” y la necesidad de “consolidar un verdadero Ministerio de Salud”, porque el descuido del sector salud arrastra la vida o la muerte de millones de colombianos.
Y aunque en principio se promovió la fusión argumentado que era necesaria para reducir el déficit fiscal, diversos voceros del Ministerio sostienen hoy día que el objetivo principal no era ahorrar sino por el contrario invertir más… porque no se debe pensar en salud y trabajo como dimensiones independientes sino pensar en protección social como la búsqueda de mecanismos para que el Estado asegure por lo menos los servicios básicos.
Hoy, cuando hay coyunturas permanentes, participación marginal en grandes discusiones del sector, falta de vigilancia y control, caída de la salud pública, des-actualización de los perfiles de morbi-mortalidad… en un sistema gobernado por las variables económicas del mercado, es más urgente que nunca insistir en la necesidad de tener un Ministerio de Salud capaz de promover un estado de bienestar, que desestimule el proceso asistencial y privilegie la promoción y la prevención. Un ministerio que dentro de una política social global, propenda por dar cobertura universal ante todo tipo de riesgos, encaminada a garantizar las necesidades básicas del bienestar, más allá de los riesgos de la vida moderna (enfermedades, profesionales o no, invalidez, vejez, muerte del jefe de familia), como una ambiciosa política de lucha contra la pobreza y las desigualdades.
Debe discutirse políticamente el sistema de protección social: Ojalá el gobierno, el Congreso de la República y la sociedad en su conjunto, no sean sordos a este llamado angustioso de millones de seres humanos que se debaten en la miseria y que reclaman efectivas políticas públicas de solidaridad, para no terminar diciendo como Santa Teresa, que “se derraman más lágrimas por plegarias atendidas que por las no atendidas".