MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 8    NO 101  FEBRERO DEL AÑO 2007    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Salud o protección social:
A cara o sello
Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co
Colombia cruzó el umbral del siglo XXI en medio de la más grave crisis económica de su historia: El PIB cayó 4,3% en 1999, el déficit fiscal alcanzó 7% del PIB, había más de 3 millones de personas sin empleo, el 60% de la población estaba bajo la línea de pobreza (11 millones en la indigencia) y casi la mitad de la población excluida de los sistemas de seguridad social. La crisis redujo significativamente la inversión en los principales sectores sociales (educación, salud, programas de vivienda, agua potable y saneamiento básico). De igual modo, afectó principalmente a la población más pobre y vulnerable, lo que a su vez demostró que el país no contaba con mecanismos de protección que permitieran prevenir los choques y hacerles frente en épocas de recesión (Banco Mundial, 2002).
Según el Ministerio de Hacienda, en los 90 el déficit fiscal tuvo una tendencia creciente: la deuda pública neta creció aceleradamente, llegando a 53% en septiembre de 2002. Desde sus inicios, el gobierno del presidente Uribe tomó medidas para reversar la tendencia fiscal, con reformas y Renovación del Estado que incluía fusión de ministerios y otras entidades. Además, afirmaba que para garantizar el gasto social era necesario el ajuste fiscal, sin que ello fuese incompatible con la protección a los más desfavorecidos.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Hacia un Estado Comunitario, se parte del cambio de modelo de desarrollo económico porque no era funcional. El modelo propuesto pretendía erradicar la miseria, construir equidad social, dar seguridad, restaurar y distribuir mejor el crecimiento económico y renovar el Estado. Decía el ministro de Hacienda Roberto Junguito en 2002: “Si Colombia logra convencer con hechos el compromiso de ajuste fiscal, esto redundaría en ampliación de mercados internacionales y fortalecimiento de mercados interno; el sector privado encontrará espacio para financiar inversión productiva, que pondrá al país en la senda de crecimiento económico sostenido. Ello, con medidas que faciliten absorción de mano de obra, permitirían reducir el desempleo”.
Además, en los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para asegurarse créditos a futuro, estaba la obligación de adoptar políticas para disminuir el déficit del sector público del 4,0% del PIB al 2,5% en 2003 y congelar gran parte del gasto corriente del sector público al nivel de 2002 -excepto gastos en seguridad, pensiones y militar-. En este contexto de reestructuración del Estado, se incluía fusión de ministerios.
Con la Ley 790/dic/02, el presidente Uribe recibió facultades extraordinarias por 6 meses para hacer el programa de Renovación de la Administración Pública y enfrentar el sobre-dimensionamiento del aparato estatal, que generó multiplicación de entidades públicas del orden nacional: de 110 en 1986 pasaron a 440 en 1999, con aumento del gasto del gobierno del 10% del PIB en 1991 a 20,1% en 2001. Se fusionaron entonces 6 ministerios en 3: los ministerios de Salud y Trabajo conformaron el Ministerio de la Protección Social.
La Ley 789 crea el Sistema de Protección Social (SPS), un “conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo el derecho a la salud, la pensión y al trabajo”. El objeto en pensiones era crear un sistema viable que garantice ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados, y en salud enfocar los programas a permitir que los colombianos accedan en condiciones de calidad y oportunidad, a servicios básicos. El SPS lo encabeza el Ministerio de la Protección Social, y lo integran dos componentes: Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) y asistencia social; el SSSI incluye los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales.
Con la fusión de ministerios se buscaba entonces reducir gasto público y burocracia, asegurar eficiencia y mejorar el Estado (o “achiquitamiento”, al restringir su participación en la política social y sustituir la política social por una opción asistencialista y compensatoria mediante la focalización). Se adelantaron reformas (laboral, pensiones, salud) para ayudar a instrumentar la política de la protección social. Y se modificó el modo de funcionar de los ministerios, alejándolos de la ejecución directa de programas, para ocuparse de funciones de planeación, coordinación y, cuando sea pertinente, regulación.
 
Protección social a la colombiana
En su artículo “El auge de la protección social”, el doctor Álvaro Franco señala como el concepto de protección social es tomado del Banco Mundial (BM), como un paliativo a la situación de pobreza generada por el ajuste estructural en el continente y como sustituto al más amplio concepto de seguridad social, que para los reformadores es inviable frente a la crisis financiera del Estado. El interés proteccionista es reparador, basado en un enfoque de riesgo que debe implantarse porque las fuerzas políticas no tienen interés en enfrentar el riesgo social de manera estructural. El manejo social del riesgo del BM es un medio para reducir la vulnerabilidad y salir de la pobreza, con estrategias de prevención, mitigación y superación de eventos negativos, cuya instrumentación corre por cuenta del mercado (en términos de oferta y demanda). Además, genera un nuevo asistencialismo para el siglo XXI, ante la incapacidad del Estado para cubrir toda la población: Son intervenciones públicas para asistir a personas, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la extrema pobreza.
 
 
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