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Reflexión del mes
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“Los libros son,
entre mis consejeros, los que más me agradan, porque
ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo
hacer”.
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| Alfonso
V el Magnánimo, Rey de Aragón, España (1394-1458). |
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Divide
y reinarás
Ahora que se aproxima el ritual anual de la contratación
de los servicios que las IPS prestan, y que las EPS y ARS habrán
de pagar para ofrecer a sus afiliados el plan de beneficios
que les corresponde, valdría la pena reflexionar sobre
la dinámica de este inevitable requisito y de todo lo
que entra en juego al pretender cumplirlo.
Año tras año vemos que los costos en salud aumentan
inexorablemente, en algunos casos como resultado de aspectos
inherentes al simple paso del tiempo (como inflación,
aumento de salarios del personal de la salud, y depreciación
y deterioro de los activos), y en otros casos como consecuencia
inevitable de las crecientes exigencias que hace el mismo sistema
para permitir a las instituciones y al mismo personal mantenerse
en el mercado (por ejemplo, inversiones en infraestructura,
adquisición de tecnología, contratación
de personal idóneo y capacitación permanente del
mismo personal)…
Esto sin dejar de mencionar el costo financiero que implica
la obtención de recursos líquidos para hacer tales
inversiones (lo que algunos llaman el precio del dinero: intereses
bancarios, costo de oportunidad, gastos administrativos, etc.),
y sin dejar de lado tampoco la enorme exigencia de recursos
materiales y humanos que impone a su vez el compromiso de hacer
las cosas bien, que suele acompañar (aunque no siempre)
a los actores del sistema de salud: hablo de inversiones en
auditorías internas y externas, asesorías y hasta
contratación de programas para certificación de
calidad, que pretenden acercar las instituciones a estándares
de excelencia en el cumplimiento de sus funciones.
Añadidos están los costos de las pólizas
de responsabilidad civil que buscan proteger a las instituciones
de las cada vez más frecuentes demandas por malpraxis,
amén de la interminable lista de inversiones que ha de
hacer cada entidad para satisfacer medianamente las demandas
del servicio y los requerimientos de la propia empresa para
poder mantenerse en marcha…
Año tras año se repite este ritual que, haciendo
caso omiso al progresivo y evidente estrangulamiento contable
de nuestras instituciones, nos impone además el trámite
inicuo de la competencia desleal entre instituciones, fomentando
el canibalismo entre pares, para tratar de mantener cada una
el pedazo de mercado que le permita subsistir y brindar a sus
propietarios y trabajadores una fuente de trabajo (con cada
vez más exiguos dividendos).
Es así como se viene estimulando una carnicería
impresentable entre las IPS, que más que conducir a la
satisfacción de las necesidades de los usuarios, nos
llevará inexorablemente hacia una crisis en la prestación
de los servicios, y antes que nada a un inevitable deterioro
de la calidad de los mismos y en las condiciones laborales de
todos los trabajadores del sector.
Si, como lo he planteado con anterioridad, el manual tarifario
más utilizado para la contratación de servicios
de salud (el manual del ISS) tiene una desactualización
tal que implica un déficit de casi el 50% en el avalúo
de los servicios a contratar, ¿qué podríamos
esperar de tarifas que ni siquiera están a este nivel
sino incluso por debajo del mismo? Contratar servicios a tarifas
ISS menos algún descuento no sólo atenta contra
la sostenibilidad financiera de cualquier institución,
sino que desvirtúa cualquier justificación para
exigir a las IPS que busquen, alcancen y mantengan condiciones
de funcionamiento y estándares de calidad que de esta
manera no están en capacidad de ofrecer.
Es como si uno quisiera ir a un restaurante y con el precio
de un 'corrientazo', exigir que le sirvieran la mejor comida
a la carta, en manteles de seda, con un trío de cuerdas
tocando música de fondo y con todo en su punto. Casi
absurdo, ¿no? Ah, y a esto súmele de postre el
dudoso privilegio de poder objetar la cuenta (hasta por los
motivos más baladíes) y de pagarla cuando se le
antoje, nunca antes de 60 días, y sin que le corran intereses
de mora.
Así las cosas, uno entiende por qué las EPS y
ARS patrocinan y hasta propician tan inconveniente situación,
y por qué se esfuerzan por aprovechar al máximo
la subienda que cada año, por estas épocas, les
permite pescar en el río revuelto de la competencia salvaje
entre las IPS.
El problema es que, tarde o temprano, por ese afán del
pez gordo de comerse al chico, la competencia podría
dar al traste con los intentos de los peces chicos por sobrevivir,
generando una suerte de monopolio de los peces gordos que sería
aún más inconveniente para todo el sistema. De
pronto porque el pez gordo se indigeste o porque se torne tan
gordo que no haya carnada que le satisfaga o incluso porque
ya no quieran intentar pescarlo… Aunque para eso talvez
las EPS y ARS tengan desde ya la solución a la mano:
la integración vertical. De suerte que con cara ganan
ellas y con sello pierden las IPS…
La solución no pasa por declarar la guerra a las EPS
y ARS. Ni siquiera con declararlas personajes non gratos. Al
fin y al cabo, ellas están en su negocio. Un negocio
lícito y rentable que tiene el aval del mismo sistema.
La solución pasa por procurar algunos acuerdos entre
bomberos: para no pisarse las mangueras, para alimentar la competencia
sana en vez de asfixiarla, para definir pisos tarifarios (por
debajo de los cuales ninguna IPS esté dispuesta a contratar),
para evitar las agendas ocultas y el lenguaje doble…
En fin, la solución sólo podrá llegar el
día en que se deje de lado la glotonería del que
mucho abarca y poco aprieta, y se entienda que no es feriando
nuestras instituciones como vamos a prolongarles la vida, y
que el legítimo apetito de los pescadores (léase
EPS y ARS) puede ser saciado sin necesidad de 'perratear' el
mercado y sin atentar contra el legítimo derecho de todos
los peces a sobrevivir en las tormentosas pero imprescindibles
aguas de tan revuelto río… por lo menos hasta el
día de la pesca. Las juntas directivas tienen la palabra. |
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Bioética
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La consulta médica
cronometrada
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Ramón
Córdoba Palacio, MD - elpulso@elhospital.org.co
Una de las más infamantes condiciones en las cuales
se presta la atención en salud, al menos en medicina,
es la determinación de las instituciones intermediarias
de fijar límite fijo en tiempo a la consulta de los
pacientes: infamante para el paciente e infamante para el
médico. Sin embargo, ni la Superintendencia de Salud
y menos aún el Ministerio de las Protección
(¿?) Social, llamados a defender la dignidad y la eficacia
de dicha atención, han hecho nada para suspender tal
atropello. Realmente, Superintendencia y Ministerio se han
sumado al criterio económico de la salud, al mercantilismo
de la vida y la dignidad humanas.
Tal medida es deshonrosa para el paciente porque no se le
considera una persona humana ni se acepta la honesta manifestación
de su compleja expresión como unidad inseparable de
espíritu, organismo, ser social y cultural, y se pretende
que sea un capítulo de cualesquiera de los tratados
de patología clínica, quirúrgica, psíquica,
etc., capítulo que el médico -médico
esclavo para pacientes esclavos- debe leer en 15 ó
20 minutos, condición indispensable para ser evaluado
como competente por sus amos que cuidan en esta forma que
los ingresos a sus arcas no disminuyan económicamente.
Si las condiciones clínico-patológicas del paciente,
protegido por cualquiera de los sistemas proclamados en la
malhadada Ley 100, no pueden ser adecuadamente resueltas en
los 15 ó 20 minutos, peor para él, pues lo importante
es que por ningún motivo el balance mensual de los
ingresos monetarios muestre descenso. La existencia, la vida
del “cliente” de la cual la salud es una circunstancia
-a veces no la más importante-, es para dichos intermediarios
cuestión de tasa monetaria que desconocen así
la dignidad y el valor intrínseco y no negociable de
la persona humana. Sin embargo, su falaz propaganda mercantilista
exalta la atención humana y diligente de las respectivas
“tiendas de salud”, como se promueve el uso de un
detergente, de una margarina, de una marca de papel higiénico,
etc.
¿Y quién responde por los errores en el diagnóstico
y en el tratamiento, por el deterioro a veces grave del paciente?
Éste, injustamente en la mayoría de los casos,
culpa y demanda al médico de turno que lo atendió
pero no exige a las instituciones garantías para que
la evaluación de su situación clínico-patológica
no se realice bajo la presión y la premura del cronómetro.
“No hay enfermedades sino enfermos”, o mejor aún,
“hay enfermedades en enfermos”, afirma Laín
Entralgo, y esto requiere tiempo para analizar los síntomas
que aquejan a cada uno de los pacientes que, reiteramos, no
son cosas sino personas con todo lo complejo y grandioso que
significa esta condición. Y buen número de los
medios de comunicación, que debieran contribuir a hacer
conciencia de tan absurda forma de atender a seres humanos,
ponen en la picota al profesional sin cuestionar las condiciones
en las cuales se le exige trabajar.
La consulta cronometrada es infamante para el médico,
pues de entrada le está manifestando que la empresa
desconfía de su honestidad y debe vigilarlo estrictamente
para que cumpla con el contrato, aún cuando para esto
falte a los deberes éticos de su misión, que
es, ante todo, humanitaria, que le exige estudiar a cada paciente
en su personal condición para poder ayudarlo adecuada,
diligente, oportuna y eficazmente. No contentos con semejante
atropello a la dignidad del médico, el Ministerio de
la Protección (¿?) Social creó un empleo
que acrecienta más la pérdida de la libertad
profesional de quien asume la responsabilidad de cuidar de
un ser humano, así sea por unos minutos: la auditoría
médica, en la cual unas personas, que pueden no ser
médicos y que si lo son no han evaluado personalmente
al paciente, deciden sobre los exámenes para-clínicos,
sobre el tratamiento, sobre la hospitalización, etc.,
como dioses que pueden disponer a su capricho de la evolución
de la patología que sufre el paciente. Y lo peor de
todo, dichos auditores son jueces y parte, pues laboralmente
están vinculados a la empresa que los ocupa y, no obstante,
deben juzgar sobre las diferencias entre lo que requiere para
su existencia y su salud el paciente, y la empresa que los
paga: juez y parte, figura propia de las tiranías,
de los capataces.
Todo lo anterior ocurre desde 1993, y el Ministerio de la
Protección (¿?) Social nada ha hecho para salvaguardar
los derechos del paciente; y ese mismo Ministerio estuvo muy
preocupado en reglamentar el aborto, la culminación
de una mentalidad inhumana, mercantilista.
¿Cuándo el pueblo colombiano y sus cuerpos legislativos
se darán cuenta del atropello a que está sometido
el ser humano, y reclamarán seriamente sus derechos
y el respeto a su dignidad?.
Nota: Esta sección es un aporte del Centro Colombiano
de Bioética -Cecolbe-
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