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Comercial norteamericano,
se alude a la negociación de un TPA -Trade Promotion
Agreement- (Tratado de Promoción Comercial) como aparece
en la página www.ustr.gov.
Esto marca una diferencia fundamental, por cuanto en las políticas
internacionales un tratado bilateral de libre comercio implica
una negociación de par a par, en donde ambos países
acuerdan aspectos favorables para el intercambio de productos
y servicios; en cambio, un Tratado de Promoción se
refiere a las condiciones que un país necesita para
PROMOCIONAR sus productos frente al otro. La cuestión
es mucho más que semántica, es quizás
el verdadero fondo de lo que significa el tratado para una
de las partes.
No deja de ser curioso que mientras Estados Unidos llama “Tratados
de Libre Comercio” -FTA- a todos los acuerdos bilaterales
firmados con Australia, Chile o Centroamérica, sólo
da el titulo de “Tratado de Promoción Comercial”
-TPC- a los acuerdos firmados con Perú y Colombia.
La pregunta sería: ¿Por qué el gobierno
colombiano sigue hablando de un Tratado de Libre Comercio
-TLC-, mientras para su contraparte pasó a ser un acuerdo
de “Promoción Comercial” -TPC-? La economista
e historiadora Tatiana Andia considera que reconocer ante
los colombianos el cambio unilateral en el tratado, es muy
dificil para el gobierno Uribe: “Después de toda
la movilización de recursos y de opinión pública
para conseguir un TLC, queda muy difícil reconocer
que ya no es un Tratado de Libre Comercio sino de simple Promoción
Comercial, y que además en términos relativos
quedamos en desventaja frente al resto de países de
América Latina que sí tienen un TLC”.
Presiones desde el norte
El cambio de connotación que tuvo el tratado
para el gobierno norteamericano, no implica que haya perdido
el interés de firmarlo; por el contrario, y pese a
la oposición demócrata en el Congreso, las presiones
aumentaron. Así se desprende de lo acontecido con la
senadora Alexandra Moreno Piraquive, quién debía
presidir las reuniones conjuntas de las Comisiones segundas
en el Congreso para estudiar el texto definitivo, pero que
por una serie de acciones de la bancada uribista, fue reemplazada
por un congresista gobiernista: “Me contactaron funcionarios
de la Embajada de Estados Unidos para solicitarme una aprobación
rápida del tratado, que presionara el trámite
ante el Congreso norteamericano y sirviera para ablandar las
negociaciones con Corea, que exige no incluir los temas de
patentes ni de propiedad intelectual. Nuestro tratado sería
una carta de negociación frente a otros procesos. La
situación me pareció inconveniente y no me comprometí
a tramitar el TLC en un par de semanas: creo que es deshonesto
con los colombianos. Por eso me eliminaron de la presidencia
de comisiones y colocaron a un uribista que sí lo hiciera”.
Presiones desde adentro
Un argumento del gobierno frente al trámite
que el tratado debe tener en el Congreso, es la obligación
de que su aprobación o negación sea en bloque,
sin que el Legislativo pueda alterar el texto en estudio,
ya que se podría ir en contravía de lo negociado
por los dos países. Sin embargo, el ex presidente de
la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, sostiene que
el Congreso debe examinar la conveniencia del tratado y su
constitucionalidad; por tanto, si encuentra incompatibilidad
entre el tratado con algún principio de la Constitución,
no puede aprobar tal disposición y debe usar las facultades
que autoriza su reglamento, utilizando las reservas y declaraciones
interpretativas: “El Congreso puede aprobar inclusive
en su integridad el tratado, pero puede hacer interpretaciones
para excluir la aplicación en ámbitos que considere
inconstitucionales; por ejemplo: si encuentra que el tratado
o la interpretación de él puede tener efectos
negativos en salud, el Congreso a través de declaraciones
interpretativas puede excluir esos ámbitos de aplicación
para hacer compatible el tratado con la Constitución”.
En caso de incluirse en el texto notas interpretativas o reservas
por parte de congresistas, el exmagistrado plantea que el
procedimiento ya existe como precedente, cuando la Corte Constitucional
declaró inconstitucionalidades parciales dentro de
tratados bilaterales; la consecuencia es que el gobierno nacional
tiene que plantear al otro Estado las reservas o interpretaciones,
y el otro país determina si acepta o no el tratado
en esas condiciones. En el fondo, es una renegociación
de aspectos puntuales del tratado. Para el doctor Montealegre
es muy claro que el Congreso debe estudiar la constitucionalidad,
porque en caso contrario o debido a la velocidad con que se
quiere tramitar el análisis del texto, le corresponderá
a la Corte Constitucional antes de que Colombia lo ratifique,
y en ese caso, “estaríamos en un proceso complejo
que puede durar 6 meses y el Presidente no podrá obligar
a Colombia internacionalmente sin que la Corte no haga ese
examen”.
Alegría en el norte
Una fórmula para evaluar los resultados de
una negociación es mirar las reacciones de la contraparte;
en el caso del tratado con EU, hay una gran duda sobre los
beneficios obtenidos por Colombia cuando se observa la alegría
del lado norteamericano, donde lo califican como “el
mejor texto hecho hasta ahora, con excepción de los
3 tratados con países árabes”, según
el doctor Francisco Rossi, especialista internacional en el
tema de medicamentos; señala además que en la
página gremial de la industria farmacéutica
americana www.phrma.org, en las evaluaciones que hace la industria
mencionan como pérdidas de sus empresas farmacéuticas
en Colombia por la falta de un tratado, cifras equivalentes
a las ventas de laboratorios colombianos productores de genéricos,
que con la vigencia de un TLC estarían bajo patentes
o protección de datos: “Ellos dicen que las empresas
norteamericanas perdieron más de 200 millones de dólares
porque los vendieron las industrias colombianas, y cuando
uno mira una reflexión de esa naturaleza concluye que
ellos quieren que las ganancias de los productores de genéricos
colombianos pasen a los suyos, con dos consecuencias muy graves:
los usuarios tendrán que pagar más caros los
medicamentos al no existir competencia y se destruirá
la industria nacional”.
Preocupación adentro
La preocupación por el tema de medicamentos
es evidente. La iglesia católica, hasta ahora siempre
amiga del gobierno, se pronunció con Monseñor
Pedro Rubiano en contra de la firma del tratado, por considerarlo
lesivo para la salud de los colombianos; y líderes
gremiales como el doctor Maximio Visbal de Asocoldro, que
apoyan el tratado, ven con preocupación el endurecimiento
de la propiedad intelectual por prohibición de divulgación
de datos de prueba y la compensación por demoras injustificadas,
que ampliarían los plazos de entrada de nuevas moléculas
al país y retrasarán el ingreso de sus genéricos.
La Fundación Misión Salud tiene estudios que
demuestran una preocupante proyección del aumento en
precios. El doctor Miguel Cortés considera que el ministro
de la Protección Social dice verdades a medias, porque
si bien es cierto que los medicamentos que están en
el mercado nacional no tendrían un impacto inmediato,
los nuevos productos que lleguen no tendrán competencia,
fortaleciendo el monopolio de multinacionales y por tanto
el precio lo establecerán ellos, sin competidores con
alternativas mas económicas. Algunas cifras de Misión
Salud muestran que se llegaría a un monopolio de casi
63%, un incremento en el índice de precios de 40% y
aumento del gasto en medicamentos de 919 millones de dólares
para 2020. Luis Guillermo Restrepo, quien fue negociador por
Colombia, manifestó que, contrario a lo que dice el
ministro Diego Palacio, el tema no es importante por el número
de medicamentos patentados, porque pueden ser muy pocos medicamentos,
pero con efectos muy graves sobre el sistema de salud.
El doctor Rossi tiene otra inquietud: ”Una aspiración
normal es que lleguen al país nuevos medicamentos,
pero tendrán precios escandalosos amparados en la propiedad
intelectual; los usuarios sin seguridad social no los podrán
tener, traduciéndose ello en mortalidad y diferencias
éticamente no justificables; y para el sistema, los
precios serán soportables hasta un límite, y
en ese momento vivirá Colombia la crisis que enfrenta
hoy el sistema de salud en Estados Unidos, que no soporta
la facturación de medicamentos; esto llevaría
a retirar medicamentos del POS o repartir la carga entre aseguradora
y paciente, haciendo que el medicamento lo tome quien tenga
dinero, y estoy seguro que en el mediano y largo plazo, el
sistema no aguantará”.
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