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En transferencias se juega
más que un pulso político
Juan
Carlos Arboleda Z. - elpulso@elhospital.org.co |
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Aunque
tras varios debates en el Congreso fue reformada la fórmula
de distribución del Sistema General de Participaciones
-SGP-, aumentando los recursos que se giran a las regiones,
la propuesta sigue lejana de las aspiraciones de los entes territoriales.
La última iniciativa consiste en un incremento anual
sobre la cifra actual (unos $16 billones) más la inflación
causada y 4 puntos adicionales. En las últimas semanas
se le agregó un punto extra para educación y una
variación según la cual cuando el crecimiento
económico de la nación supere el 4%, los puntos
extras se incrementarán al monto de las transferencias.
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El presidente Álvaro
Uribe sostiene que el monto de los recursos girados a las regiones
no se disminuirán con la aprobación de la nueva
ley, y que por el contrarío aumentarían a $20
billones; si bien reconoce que en la fórmula presentada
los aumentos en los giros no permiten el crecimiento que establecía
la Constitución de 1991, niega que se hayan producido
recortes con el Acto Legislativo 01/01: “No hay recortes.
Las transferencias pasaron en estos años de $9 a $17
billones. En los próximos años llegarán
a $20 billones”. Recordó además que el cambio
en la formula obedeció a la incapacidad de la Nación
de cumplir lo estipulado por la Constitución/91, debido
a la crisis de fines de los 90.
Salud pública y prestación
de servicios: lo más afectado en salud
La visión de que se reducen o aumentan las transferencias
depende de contra qué se comparan. Los ingresos actuales
de departamentos y municipios comparados con los ordenados por
la Ley 60 y la Constitución del 91, aumentaron en cantidad
de pesos pero se redujeron en cuanto a la expectativa del monto
que se recibiría si la ley no hubiese sido transformada
en 2001; y esa disminución se agudiza al considerar que
dicha ley tenía un carácter transitorio y ordenaba
que en 2009 se volvía a la fórmula que ataba los
giros a los Ingresos Corrientes de la Nación, situación
que ahora se retrasaría hasta el año 2016.
Los opositores al proyecto consideran que se pone en peligro
la capacidad de los municipios para atender educación,
salud y saneamiento básico, sectores a los que se destinan
los giros del SGP. Y los defensores afirman que no hay un recorte
efectivo, puesto que en 2008 el giro será mayor en cantidad
de pesos al del presente. Un ejemplo que muestra la esencia
del enfrentamiento, es el niño al cual le prometen aumentarle
la mesada a $2.000 cuando hoy recibe $1.000, y al comenzar el
nuevo año solo recibe $1.500 y le argumentan que ahora
recibe más, pero frente a lo prometido recibe menos. |
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La ley de transferencias afectaría
inicialmente la salud pública, según el doctor
Julio Rincón, director de Cosesam, por cuanto se esperaban
más recursos para ejecutar más acciones: “Pese
a los recortes, los municipios hacen hasta donde alcanza, pero
es innegable que los recursos para salud pública crecieron
muy por debajo de los del aseguramiento, llevando a reemergencia
de enfermedades; y la única causa es falta de dinero”.
Y hay preocupación en prestación de servicios,
porque la lógica del mercado indica que los servicios
que prestan los entes territoriales disminuirán al aumentar
la población asegurada; los mandatarios regionales calculan
que los ingresos por rentas cedidas no cubrirán los componentes
No POS del régimen subsidiado; además, mientras
los planes de beneficios no se equiparen, aunque haya cobertura
universal seguirá existiendo un componente muy alto a
cargo de los municipios: ”Al aumentar la |
afiliación
se controla el primer nivel de atención y algunas patologías
catastróficas, pero sigue existiendo lo No POS y hay
que garantizar su cobertura; así, la prestación
de servicios No POS que cubren los entes territoriales estará
desfinanciada”, asegura el doctor Rincón.
Una lucha peso a peso desde las regiones
Un total de $17 billones habría dejado de girar
el gobierno nacional entre 2002 y 2008 por transferencias a
las regiones: $7,35 billones para educación, $7,11 billones
para salud y $2,52 billones para agua potable. Así lo
indica Darío Restrepo Botero, profesor de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, quien
explicó que ese es el impacto de la cuarta reforma al
Sistema de Transferencias. Con base en cálculos de la
Contraloría General, Restrepo Botero dice que ese "ajuste
a la descentralización" implicó a 2005 una
pérdida de cobertura en educación para 3 millones
de menores y en salud el sacrificio de casi 5 millones y medio
de personas.
Tanto la Federación de Gobernadores como de Municipios
rechazaron reiteradamente el proyecto, por considerar que impide
el desarrollo autónomo de los entes territoriales e impide
cumplir obligaciones con las necesidades de sus habitantes.
Para la Federación de Municipios, así como en
2001 se priorizó la solución al déficit
fiscal de la Nación, ahora se debe priorizar la solución
al déficit social: se sacrificaron los entes territoriales
a favor de la estabilidad macroeconómica de la Nación,
pues los municipios obtienen excelentes resultados fiscales,
mientras los mayores niveles de endeudamiento están en
el nivel central del gobierno. La preocupación en el
tema de salud parte de considerar que el aseguramiento no es
viable en ciertas zonas rurales con población dispersa
y problemas de orden público: “No se puede seguir
midiendo el éxito del sistema de salud por cupos y por
carnets: es necesario medir por resultados de salud en la población”.
Por los pasillos del Congreso
En el Congreso las posiciones están polarizadas;
los congresistas de la bancada de gobierno califican de “mentirosas”
las argumentaciones que hablan de pérdidas de recursos
para las regiones, y los opositores se afianzan en estudios
que muestran cómo las pérdidas fueron y serán
reales. Para el director del partido de la U, senador Carlos
García Orjuela, la Nación es una sola, y ante
la unidad del país, la Nación necesita $1 billón
para atender necesidades como agua potable, carreteras, justicia
y fortalecer la seguridad democrática. El congresista
de Cambio Radical, Rubén Darío Quintero, considera
que la propuesta consolida la estabilidad macroeconómica
de la Nación y permite mayores recursos reales a los
del año pasado para municipios y departamentos. |
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En tanto, senadores de la oposición
como Camilo Sánchez del Partido Liberal, niegan los beneficios
de la reforma, por cuanto las transferencias se deben entender
como recursos de las regiones a las cuales se deben devolver:
“Por el centralismo, esos recursos pasan por las arcas
del gobierno central y luego se distribuyen en lo que el gobierno
quiere y no en aquello que las regiones necesitan, atentando
contra la descentralización; no he visto un gobernador
que esté de acuerdo, ni siquiera los de la U”. El
senador del Polo Democrático, Hernando Dusán,
señaló que el gobierno quiere resolver el déficit
fiscal recortando las transferencias, con implicaciones en salud
y educación como sucedió tras el recorte en 2001:
refirió estudios de Naciones Unidas, Contraloría
General de la Nación y Procuraduría General de
la República, que indican que por efectos de esa reforma
no se contrataron 25.000 maestros, se redujeron $49 billones
de ingresos de departamentos, desertaron de la escuela 3 millones
de niños y se redujo la planta administrativa de educación
y personal auxiliar, hacinando grupos de 45 alumnos por maestro.
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El pulso de las contrapropuestas
Frente a la imposibilidad de un acuerdo en el Congreso, se presentaron
varias propuestas que incluyen una convocatoria conjunta del
Partido Liberal y el Polo Democrático a un referendo
revocatorio, para el cual se recogen firmas que avalen la propuesta
ante el Congreso: se realizaría en octubre, simultáneo
a las elecciones de mandatarios regionales, con el fin de lograr
el respaldo de la mayoría de candidatos a gobernaciones
y alcaldías. Sin embargo y como en un juego macondiano,
el Partido de la U en cabeza de su Director el senador García
Orjuela, anunció la realización de un contra-referendo.
La viabilidad de un referendo es vista por los grupos que apoyan
al gobierno como politiquera y el senador Quintero advierte
como la medida tiene que pasar por el Congreso: considera difícil
que un Congreso que aprobó el Acto Legislativo que reforma
las transferencias, apruebe pocas semanas después un
referendo que las desmonte.
El Partido Liberal presentó una propuesta de ley que
se basa en que la participación de las regiones esté
atada a los Ingresos Corrientes de la Nación, más
un porcentaje promedio de los últimos 5 años que
permita que autónomamente las entidades territoriales
ejecuten los recursos, de acuerdo con las prioridades establecidas
en los Planes de Desarrollo. La Federación de Municipios
y Cosesam plantearon una formula de inflación más
7 puntos hasta el año 2015, y a partir de allí
inflación más 5 puntos, en donde cada punto son
cerca de $200.000 millones. Los 7 puntos parten del análisis
del impacto en el caso de no hacer reforma, y según el
doctor Rincón de Cosesam, se lograría el mismo
efecto que con la ley actual, pero diluido a 4 años,
sin producir un desbalance en las finanzas públicas.
Sin embargo, Planeación Nacional descartó de plano
la posibilidad de esta propuesta, tras considerarla inviable.
Lo único seguro es que el sistema de transferencias se
reformará en las próximas semanas y las regiones
deberán buscar como adecuar sus finanzas para cubrir
las necesidades de sus habitantes. |
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