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| PAÍS
Y NIÑEZ |
Prevención y erradicación
de la explotación sexual
comercial de menores
Juan
Pablo Guerrero Q., MD - Especialista en Gerencia de Calidad
y Magíster en Administración - elpulso@elhospital.org.co |
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La explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
se definió en el Primer Congreso Mundial sobre el tema
en Estocolmo, Suecia, en 1996, como “la violación
de los derechos fundamentales de la niñez. Comprende
el abuso sexual por parte del adulto y remuneración en
dinero o especie para el niño o para una tercera persona
o grupo de personas. El niño(a) es tratado(a) como objeto
sexual y como mercancía. Constituye una forma de coerción
y violencia y es considerada una forma contemporánea
de esclavitud”. Entre las modalidades están la prostitución,
la pornografía, el turismo sexual, la trata con fines
sexuales, la utilización de menores en matrimonios serviles
y la utilización sexual por distintos grupos armados
ilegales.
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Este problema existe
en el mundo desde hace años y en Colombia permaneció
invisible para la sociedad colombiana y para las autoridades
nacionales durante muchos años. Durante la década
de los 90 la problemática se hizo más notoria
con ocasión de múltiples estudios. Un sondeo realizado
por la Defensoría del Pueblo (1995) mostró la
expansión de esa problemática y la gravedad de
la situación en las principales ciudades del país.
Actualmente la explotación sexual comercial de menores
es considerada como una forma de esclavitud y un crimen de lesa
humanidad en los diferentes instrumentos internacionales de
derechos humanos, adoptados y ratificados por muchos países
que hoy disponen de un marco ético y jurídico
inequívoco para combatirla. Buena parte de los instrumentos
internacionales han sido ratificados por Colombia, y hoy el
país cuenta con importantes normas legales al respecto.
El impacto de este flagelo incluye la sedimentación de
la violencia social y problemas de salud pública como
la transmisión de infecciones de transmisión sexual,
tuberculosis, embarazos precoces, abortos, abuso de drogas y
violencia. También los múltiples efectos físicos
y psicológicos. Estas experiencias reiteradas en los
niños comprometen su vida, salud y desarrollo físico,
mental, afectivo y social.
Con el interés de atender esta problemática se
elaboró el “Plan de acción nacional para
la prevención y erradicación de la explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes,
2006-2010”, liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Ministerio de la Protección Social y la
Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la
Familia, y contó con la participación de otras
entidades del nivel nacional, departamental, de las organizaciones
públicas y privadas, de la sociedad civil y organismos
de cooperación internacional, entre otros.
El Plan Nacional tiene como objetivo desarrollar acciones coordinadas
entre actores públicos y privados en los ámbitos
nacional y local para la identificación, prevención
y erradicación del problema. Además busca el análisis
del fenómeno, el desarrollo y aplicación de normas,
la atención, restitución y reparación de
los derechos vulnerados a las víctimas, la prevención,
el fortalecimiento institucional y la participación de
los menores y sus familias.
Esta iniciativa incluyó el diseño y formulación
de planes regionales en 15 ciudades, entre las cuales están
Bogotá y Medellín. El Plan puede ser considerado
como una hoja de ruta para el actuar coordinado de las organizaciones
y autoridades frente a la problemática.
Constituye un avance importante en el país que involucra
diferentes estamentos, sectores, la sociedad civil, y en especial
a la familia, pero debe trascender más allá de
un instrumento de política pública. Requiere que
las líneas de acción y los enunciados políticos
se conviertan en hechos efectivos para enfrentar la situación
actual. Es necesario desarrollar y activar mecanismos eficaces
y coordinados entre las entidades con competencia en el tema,
así como también continuar el desarrollo de estudios
diagnósticos y análisis locales, regionales o
sectoriales para permitir la toma decisiones fundamentadas en
información válida. Cada entidad del Estado y
cada ente territorial debe incluir el problema como prioritario
en sus planes de desarrollo y destinar asignaciones presupuestales
y de recurso humano suficientes para la prevención y
erradicación de esta problemática que afecta la
dignidad y el desarrollo de nuestros niños, niñas
y adolescentes.
jpgq@elhospital.org.co |
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