En la rendición de cuentas del pasado 22 de agosto, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, afirmó que uno de los logros más importantes fue alcanzar la cobertura universal en salud en 6 departamentos. Y fue Antioquia el primer departamento en lograrla: el 28 de diciembre de 2006, se anunció que con una inversión de $250.000 millones por año, la Gobernación de Antioquia a través de la Dirección Seccional de Salud y en asocio con los municipios, afilió a 1'150.000 personas de los niveles 1 y 2 del Sisbén al régimen subsidiado, y totalizó 2'780.000 afiliados.
Como es sabido, los departamentos deben pagar los servicios de urgencias, alto costo y alta complejidad de los afiliados al régimen subsidiado; con la cobertura universal, empezaron a consultar pacientes con enfermedades graves en estados avanzados, de tipo cardiovascular, renal, cáncer, VIH-sida, entre otras. El departamento también debe pagar servicios y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud subsidiado, que los usuarios reclaman vía tutela o son autorizados por los Comités Médico Científicos.
La Dirección Seccional de Salud afirma ahora que el departamento de Antioquia no tiene recursos para pagar a los hospitales que le atienden la población del régimen subsidiado, cada vez más demandante de servicios de salud de alto costo y alta complejidad. Por ello, la Seccional viene incumpliendo los pagos de estos servicios, y el problema ya es de grandes proporciones: no sólo no ha pagado deudas de años anteriores, sino que afirma que este año pagará aún menos de lo pagado el año anterior; esto aumentará de manera desproporcionada la cartera con los hospitales, especialmente de Medellín.
Sin embargo, llama la atención que entretanto, el departamento de Antioquia atiende pagos de hospitales en reestructuración y hace nuevas inversiones en empresas de salud. ¿Cómo se explica que la prioridad no sea el pago a los hospitales que le están atendiendo la población del régimen subsidiado, y en cambio sí tenga recursos para invertir? ¿Cómo adquiere nuevos compromisos financieros sin antes haber pagado las deudas con los hospitales y clínicas de Medellín, ni siquiera de años anteriores?
Desde la Ley 100 de 1993, los hospitales no reciben apoyo del Estado vía subsidios, sino que dependen de la venta de sus servicios de salud: lo menos que esperan es recibir los pagos oportunos por los servicios prestados, para poder seguir cumpliendo con su misión. Más aún: El costo de la ampliación de cobertura no puede ser con cargo a los hospitales, porque no es de ellos esa obligación ni tienen por qué ni con qué asumirla, sino que es una obligación del Estado: en este caso, la Nación y el Departamento de Antioquia. Y si la Nación y el Departamento no cumplen esa obligación, y reventaran financieramente a los hospitales, ¿qué hospitales les prestarían el servicio de salud? Ningún hospital puede cerrar sus puertas a los pacientes: cuando llega un paciente, tiene que poner a su servicio toda su infraestructura y su capacidad médica y tecnológica para ayudarle a recuperar la salud y salvar la vida. Ese servicio tiene gastos fijos: pago del personal médico y operativo, de proveedores, de contratistas; y no puede dilatar esos pagos a 1, 2 o 3 años.
De seguir así las cosas, y si en el peor de los casos la Dirección Seccional de Antioquia revienta financieramente a los hospitales que atienden población del régimen subsidiado, ¿Antioquia tendría entonces cobertura universal de papel y sin servicio de salud?
No es la crónica de una tragedia anunciada, pero al departamento de Antioquia se le había advertido de este escenario. La tragedia se vivirá si los gobiernos departamental y nacional no aclaran las fuentes de recursos y la aplicación de fondos. La Dirección Seccional de Salud y el departamento de Antioquia tienen la obligación de pagar a los hospitales de Medellín las deudas acumuladas y no dejar envejecer las nuevas, el Ministerio de la Protección Social debe participar en el enfoque de solución de este problema y la Supersalud debe tomar cartas en el asunto. Esta problemática no la mencionó el Ministerio en la rendición de cuentas, ni a nivel departamental ni nacional.
Entretanto, la demanda de servicios de salud crece y sigue creciendo, y es el momento de pagar esa deuda social que es del Estado y no de los hospitales. Porque insistimos: Si el departamento de Antioquia quiebra a los hospitales, ¿quién le atenderá a los afiliados del régimen subsidiado en el futuro? ¿El gobierno nacional y departamental podrá seguir alardeando del logro de la cobertura universal en salud, si no presta servicios de salud?
Vemos con agrado que se dé cobertura universal, a esto nadie se opone. Lo que sí preocupa es que no se presente en público la situación tal como es, y en última instancia que se amplíe esta cobertura por cuenta forzada de los hospitales y clínicas, en primer lugar para cumplir con la obligación de pagar, y en segundo para que la lectura que se dé, no sea que es un hecho político.