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Reviven expectativas y cuestionamientos
¿Es conveniente un manual
de tarifas mínimas en salud?
Redacción
El Pulso - elpulso@elhospital.org.co
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más que nunca, cuando desde abril pasado el presidente
Uribe anunció la inminente expedición del manual
de tarifas para el sector salud, está vivo el temor de
que en dicho manual, la tarifa mínima se convierta en
la tarifa máxima a pagar, porque a fin de cuentas, ¿quién
pagaría más y por encima de lo que la ley exigiría?
Se pretende que la calidad sería el elemento diferenciador,
pero de ser sinceros, la tendencia general es a no sacrificar
rentabilidad por calidad en el servicio, y de ahí que
la tarifa mínima sea preferida al momento del contrato,
más cuando existe sobreoferta e imperfecciones en el
mercado de servicios de la salud, con muy pocos compradores
y muchos vendedores. |
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El manual
tarifario para salud tiene una accidentada historia: fue promesa
del Manifiesto Democrático en 2002 y desde entonces hasta
hoy, siempre “ha estado en el horno, a punto de salir”,
con plazos presidenciales hasta de una semana, que hasta ahora
no se han cumplido. Sin embargo, al ser declarado exequible
en la Sentencia C-377/08 de la Corte Constitucional y estar
incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en la
Ley 1122 y 1164, lo obvio sería la pronta expedición
y entrada de vigencia del manual.
El artículo 146 de la Ley 1151/07 (Plan de Desarrollo),
reza así: “El gobierno nacional establecerá
un manual de tarifas mínimas de obligatoria aplicación
para las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y
los prestadores de servicios de salud públicos y privados,
para la compra y venta de actividades, intervenciones, procedimientos
en salud y servicios hospitalarios, contenidos en el Plan Obligatorio
de Salud del régimen contributivo y régimen subsidiado”.
Y en su parágrafo, establece que las tarifas mínimas
serán fijadas en salarios mínimos diarios vigentes
y deberán ser expedidas a más tardar a los 6 meses
de expedida la presente ley.
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Claro
que ante el reciente mandato de la Corte Constitucional de unificar
los planes de beneficios, se desprendería entonces que
el nuevo manual tarifario debería estar sujeto a fijar
las tarifas para un solo plan.
Y la 1122/07 delega en la Comisión de Regulación
en Salud (CRES), el establecimiento y actualización de
un sistema de tarifas que incluiría “un manual de
tarifas mínimas que será revisado cada año,
incluyendo los honorarios profesionales. En caso de no revisarse
el mismo, será indexado con la inflación causada”.
A casi dos años de esta ley, todavía no se conforma
la CRES, pero al parecer, el gobierno expedirá el manual.
Además, la 1122 también establece que los recobros
a Fosyga por Comité Técnico-Científicos
y tutelas, se reconocerán sobre la base de dichas tarifas
mínimas, y que se diseñará un “sistema
de clasificación de IPS con base en indicadores que provea
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud
relacionado con el Sistema Tarifario, de manera que incentive
a las IPS para ascender en su clasificación y optar por
mejores tarifas”.
Entre lo real y lo ideal
Podría decirse que la regulación de tarifas
busca evitar la guerra de precios que lleve a que los prestadores
comprometan la calidad en su afán de ofrecer precios
más bajos que sus competidores; asimismo, permitir a
los prestadores obtener ganancias en sus operaciones, si el
piso se establece de manera que los precios cubran los costos
de producción y generen excedentes.
Pero ha sido tal el tira y afloje para la expedición
del manual entre los involucrados en el tema, como la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) que ha promovido
y defendido siempre el manual, el gremio de las EPS (Acemi),
los ministerios de Hacienda y de la Protección Social,
las sociedades científicas y agremiaciones de profesionales
y trabajadores de la salud, entre otros, que las expectativas
de que el manual logre sus objetivos, queda en duda. Más
aún, cuando hay posición dominante de los pagadores,
y al parecer salen mejor libradas algunas actividades y profesionales,
que otros.
De ahí que se tema que una vez más, sean las IPS
las que tendrán que cargar en sus hombros la responsabilidad
de la financiación del sistema, hasta que colapsen; y
el país no está preparado para enfrentar un colapso
de los prestadores, que indefectiblemente arrastraría
a su paso al sistema de salud. La salud en esencia se apoya
en la prestación de un servicio, y si no hay quién
preste ese servicio, ¿qué pasaría?
Por poner sólo un ejemplo: en estudio de costos realizado
por el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de
Medellín en abril pasado, se concluyó que de aplicarse
el manual tarifario propuesto con el tope mínimo, el
Hospital perdería anualmente $4.284 millones; dicho estudio
fue posible de realizar gracias a que el Hospital cuenta con
un estructurado sistema de costos para hacer este tipo de proyecciones,
pero la mayoría de grandes, pequeños y medianos
hospitales del país todavía no han dimensionado
con certeza el impacto que tendrían con la aplicación
de un manual de tarifas mínimas, y solo lo sufrirán
cuando entre en vigencia y ya el caso sea irremediable.
Y ni hablar de profesionales y trabajadores de la salud, que
se preguntan qué tan mínimos serán los
mínimos que les traerá el manual, y en qué
condiciones quedarían ahora, cuando ya tienen la experiencia
de la desmejora que les implicó entrar al competido mercado
del talento humano en salud, nivelado la mayoría de veces
por lo bajo.
Por eso entonces, las dudas, expectativas y temores ante la
expedición del nuevo manual tarifario están a
la orden del día, en un momento en que el sector salud
está reorientando su rumbo, con la esperanza de tener
un sistema de salud justo y equitativo, para todos aquellos
que intervienen en él. |
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