MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 10    No. 134  NOVIEMBRE DEL AÑO 2009    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 


La tutela y el derecho
a la salud - Período 2006-2008
La salud en Colombia: sigue

entre el consultorio y el juzgado
Hernando Guzmán Paniagua - Periodista - elpulso@elhospital.org
En Colombia, “para recuperar la salud ya no hay que ir a los médicos, sino a los juzgados a ver cómo va la tutela”. Esta frase del ex Coordinador del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional, Saúl Franco, bien podría resumir el estudio “La tutela y el derecho a la salud - Período 2006-2008”, presentado por la Defensoría del Pueblo en septiembre pasado. La investigación concluyó que las tutelas en salud representaron la tercera parte de las tutelas totales en ese lapso.
El Equipo Investigativo del Programa de Salud y Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo, que coordinó Martha Lucía Gualtero hasta mayo de 2009, e integran Alexandra Orjuela, Lyda Mariana González, Jairo Alberto Betancourt, Hilario Pardo y Edwin Julián Angulo, escogió una muestra de 6.164 tutelas, por muestreo aleatorio estratificado, sobre los expedientes que reposaban en la Corte Constitucional, excepto en 2006, cuando se tuvo que recurrir a las 35 regionales de la Defensoría del Pueblo, a estudiantes de reconocidas universidades y a personeros municipales. El nivel de confianza fue 95% y el margen de error 2.8%.
En 2008, la salud dentro de las tutelas en general representó 41.52%, seguido por los derechos de petición (32.9%) y el derecho a la vida (25.7%). El derecho de petición se invocó por demoras en las respuestas, por no resolver de fondo la petición del usuario o simplemente no responder. Es el caso de los derechos de petición ante el Seguro Social, Cajanal y Fopep, entre otras entidades, fueron por solicitudes de pensión que al fin se convierten en tutela y congestionan el sistema judicial.

Por ello -anota la Defensoría-, el Presidente de la República en la Directiva 04 del 22 de mayo/09, ordenó a los servidores públicos cumplir estrictamente con la forma, contenido y oportunidad en que se responde a las peticiones presentadas en los términos de ley.
La salud: líder en tutelas
Las conclusiones señalan que la acción de tutela sigue siendo el mecanismo más efectivo utilizado por los colombianos para hacer valer sus derechos; el 55.1% de las tutelas en general se concentra en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. El derecho a la salud fue el más invocado, con más de la tercera parte de las tutelas; en 16 departamentos fue el más interpuesto: Caldas y Antioquia registraron más de 60 tutelas en salud por cada 10.000 habitantes. El 86% de las tutelas en salud favoreció a los accionantes y la mayoría de las denegadas se debieron a factores distintos del reconocimiento del derecho.

Sobre las negaciones de servicios
de salud, dice la Defensoría: “A pesar de que
algunas entidades no allegaron la información
solicitada, esta entidad encontró que durante el último
trimestre del año 2008, el total de negaciones
ascendió a 129.124, las cuales, en su mayoría,
pueden ser potenciales acciones de tutela”.
El 78.1% de estos recursos se interpuso contra EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, seguidas por los entes territoriales, que juntos apenas alcanzaron 14.3%. En el régimen contributivo, el Seguro Social fue la entidad más tutelada: 31.5% en 2008, seguida por Coomeva (20.3%) y Saludcoop (15.1%). El ISS es líder en el número de tutelas por cada 10.000 afiliados, al registrar hasta que dejó de funcionar (1º de julio/2008) 97.6 tutelas, seguida de Coomeva (55) y Salud Colpatria (51.4). Entre las EPS exclusivas del régimen subsidiado, Comfenalco Quindío fue la más tutelada, con 32.6 tutelas por cada 10.000 afiliados, seguida de Comfenalco Santander y Cóndor. En 2008, cerca de la mitad de las tutelas contra entidades del Estado, se dirigieron contra Acción Social de la Presidencia de la República. En promedio, hay mil tutelas anuales en contra del Inpec o directamente de las penitenciarías, para reclamar servicios de salud: Caldas, Santander y Boyacá tuvieron el mayor número de tutelas por este concepto.
El 53.4% de las solicitudes de las tutelas se refieren a servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud -POS-, el 85.5% de ellas del régimen contributivo. Las cirugías, los medicamentos y los exámenes para-clínicos, en su orden, fueron los servicios más solicitados en las tutelas. El 74.8% de las solicitudes por cirugías están incluidas en el POS, y el 88.5% de ellas, son del régimen contributivo. Las principales negaciones fueron de cirugías que requieren insumos o aditamentos adicionales para su realización: corrección de cataratas, implantes de stent, mientras en ortopedia fueron las que implican reemplazos articulares y material de osteo-síntesis.
El 23.5% de las solicitudes de medicamentos está en el POS; de éstas, el 51.6% corresponden al régimen contributivo. Los más solicitados son el Ácido Valproico, Losartan, Metoprolol y Omeprazol, entre otros. En lo No-POS, resaltan medicamentos como Clopidogrel, Glucosamina, drogas siquiátricas y anti-hipertensivos de nueva generación, biológicos y, en general, todos los medicamentos de marca.
En exámenes para-clínicos, el 62.6% de las solicitudes se relaciona con exámenes incluidos en el POS; de éstas, el 87% corresponde al régimen contributivo. Las más reiteradas son la resonancia nuclear magnética de cráneo y de columna, y TAC abdominales de columna y cerebro. En lo No-POS, se piden las pruebas alergénicas, electrofisiológicas (mapeo y ablación), test de mesa basculante y los cariotipos.
El 48.2% de las prótesis y órtesis solicitadas en las tutelas, las incluye el POS; de éstas, el 93,7% son del régimen contributivo. Las solicitudes más reiteradas son lentes intraoculares, stent básico y reemplazos articulares.
Participación de las tutelas
de salud, período 1999-2008
En cuanto a lo No-POS, las negaciones están en requeri-mientos de tecnologías específicas: implante coclear, prótesis con especificaciones especiales y stents medicalizados, entre otros.
El 66.9% de las solicitudes por tratamientos está incluido en el POS; de éstas, el 86% son del contributivo. Las más demandadas son quimioterapias y radioterapias; luego, están las terapias de rehabilitación (fisioterapia, de lenguaje y ocupacional). En lo No-POS, se destacan los tratamientos odontológicos.
Las guías de manejo y los modelos de atención, redujeron significativamente las tutelas para VIH/sida y pacientes renales.
Para garantizar el tratamiento completo de su enfermedad, los pacientes solicitan en las tutelas el tratamiento integral: el 77.7% de las solicitudes de procedimientos está en el POS y el 91% de éstas son del régimen contributivo. Las más solicitadas, son: biopsias, litotripcias extracorpóreas, diálisis peritoneal y hemodiálisis.
La falta de recursos humanos, la concentración de profesionales en las grandes urbes, la falta de oportunidad y el aplazamiento en citas de espera, fueron los principales motivos de tutelas para citas médicas especializadas. Sobre las negaciones, dice la Defensoría: “A pesar de que algunas entidades no allegaron la información solicitada, esta entidad encontró que durante el último trimestre del año 2008, el total de negaciones ascendió a 129.124, las cuales, en su mayoría, pueden ser potenciales acciones de tutela”.
Todos ponen
En las Recomendaciones del estudio realizado, la Defensoría del Pueblo urgió del gobierno nacional la reasignación de los recursos del sistema y, si es necesario, definir mecanismos de consecución de nuevos recursos para unificar el POS, que garanticen el cubrimiento de las necesidades de los ciudadanos sin menoscabar el contenido actual del plan de beneficios del régimen contributivo. Como quien dice, que los POS no sean nivelados por lo bajo.
También instó al Ministerio de la Protección Social a adoptar guías de manejo y modelos de atención para diferentes patologías, como hizo con VIH/sida y pacientes renales; lo conminó a modificar la resolución 3099/08, por no ceñirse a la Sentencia T-760/08 de la Corte Constitucional en cuanto a garantía de acceso a los servicios en salud, que genera negaciones, en la mayoría de los casos convertidas en tutelas; y también le pidió adoptar junto con el Ministerio de Educación, una política nacional que regule y garantice el recurso humano en salud en toda Colombia.
La Defensoría señaló que la Superintendencia Nacional de Salud debe ejercer sus facultades jurisdiccionales y sancionar de manera ejemplar a las entidades que reiteradamente vulneren el derecho a la salud, especialmente si niegan contenidos del POS.
También instó a la Comisión de Regulación en Salud -CRES-, a velar porque el plan de beneficios unificado no sea inferior a los contenidos del actual plan de beneficios del régimen contributivo, en cumplimiento del principio de progresividad de la seguridad social; a precisar el contenido del nuevo plan de beneficios a tono con el principio de integralidad ordenado por la Corte; y a regular los procedimientos de los médicos tratantes adscritos o no a la red de las EPS, de forma que los Comités Técnico-Científicos (CTC) autoricen los servicios de salud requeridos por los pacientes al tenor de la Sentencia T-760 de 2008; la Defensoría sugirió además a la CRES, emplear este informe de tutelas como herramienta complementaria para ajustar el plan de beneficios.
También exhortó a las veedurías ciudadanas a vigilar la utilización de los recursos asignados al régimen subsidiado y pidió al Congreso de la República consagrar por ley la figura del Defensor del Usuario en Salud en cabeza de la Defensoría del Pueblo, para mediar entre aseguradoras y usuarios, y disminuir las acciones de tutela.
La Defensoría recomendó al Consejo Superior de la Judicatura programas de capacitación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud para jueces de la República, de manera que se les den mayores elementos para emitir sus fallos. También conminó al Instituto Nacional de Salud, a crear en los ciudadanos la cultura de donación de órganos. Y a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y a Gestarsalud, les pidió convocar a sus afiliados para comprometerlos en un acuerdo de no negación de servicios de salud incluidos en el POS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, y de autorización oportuna y sin dilaciones de los servicios de salud.
Quiera Dios que “todos pongan” en estos propósitos y no persista una situación en la cual, como dijo el ex profesor de la Universidad Nacional, Saúl Franco, el Estado “estimula que la salud se siga convirtiendo en una mercancía en la que unos pocos ganan mucho, y muchísimos otros la padecen” 6
 
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