Las críticas a la financiación y sostenimiento del sistema de salud en Colombia, siempre pasarán por el debate a la funcionalidad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y del consorcio fiduciario que lo administra y usufructúa, por la perniciosa ambigüedad que entraña el manejo de fondos públicos por un ente privado, y sobre todo por los resultados en la irrigación de recursos al sistema, siempre deficitaria.
El poder adquirido y consolidado por la figura jurídica del Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga-, le ha dado un protagonismo (a veces en la sombra) de tal magnitud, que pasó en pocos años de ser un administrador de dineros del sistema de salud, a convertirse en el verdadero órgano rector que permite y maneja la marcha del sistema o el ogro que pone talanqueras para impedir un ágil y sano flujo de recursos, y por ende el buen funcionamiento del sistema.
Fosyga, corazón financiero del sistema de salud, figura jurídica creada en la Ley 100 de 1993 como una herramienta diferenciadora frente a otros sistemas sanitarios del mundo, que debía crear los mecanismos reales para brindar equidad y solidaridad mediante una adecuada administración de los recursos del sistema, se convirtió en una de las principales grietas que resquebrajan el sistema de salud y pone en riesgo a los demás actores por causa de su ineficiencia como motor del flujo de recursos.
Los procesos de cobro a Fosyga se convirtieron en trámites sumamente tortuosos y complejos -que algunos califican incluso como un calvario-, especialmente por la falta de efectivos sistemas de información y por no estar cobijado el Fosyga por la normatividad que regula las relaciones entre pagadores y prestadores, pese a ser el principal pagador.
La excesiva tramitología al interior del consorcio para gestionar los pagos, no sólo sobrepasa las exigencias de ley sino que dilata los procesos, que se justifican por tecnicismos jurídicos más que por razones de fondo. Al parecer, todo apunta a que estas talanqueras buscan que los recursos de la salud renten permanentemente en beneficio de la fiducia administradora, y para perjuicio de la salud de los colombianos.
El malestar con el funcionamiento del Fosyga es constante y los agentes del sector salud sostienen que el problema con el Fondo no es la falta de recursos sino su forma de operación. Entretanto, se volvió costumbre para el Fosyga asumir sus dificultades a través de un permanente plan de contingencia, justificar represamientos argumentando que las entidades “no han aprendido” a cobrarle, que el Ministerio de la Protección Social (y el de Hacienda) le cambia las reglas y que el Fondo está en un proceso de reingeniería (cuyos resultados nunca se ven).
El caso es que para el sistema de salud es más conveniente tener un fondo propio de administración de sus recursos, independiente de los demás presupuestos gubernamentales; por ello es necesario que dentro de la obligada reforma que deberá hacer el nuevo gobierno al sistema de salud, se incluyan los cambios necesarios al Fosyga, para garantizar que cumpla la función para la cual fue creado: ser un Fondo de Solidaridad y Garantía que garantice la equidad dentro del sistema de salud.