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Alto y creciente déficit presupuestal ahoga a hospitales
públicos
Jaime
Alberto Peláez Quintero Especialista en economía y gerencia
en salud. elpulso@elhospital.org.co
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MEn las IPS públicas los ingresos presupuestados -los
reconocidos y los recaudados (por venta de servicios de salud
y otros corrientes)-, no alcanzan a cubrir sus obligaciones
y compromisos -los comprometidos (gastos de personal, gastos
generales, transferencias corrientes y gastos de operación
comercial y prestación de servicios por departamento,
es decir, cuentas permanentes en el tiempo)-. Esto las llevó
a un déficit fiscal en 2008 y 2009 de $1 billón
31.351 millones y $1 billón 576.208 millones, respectivamente,
que se agudizó en los últimos años generando
una crisis sin precedentes a la red hospitalaria pública,
y que urge de soluciones reales, sostenibles e inmediatas.
Así se concluye en la publicación de la página
web de la Supersalud, con los resultados del último
estudio a nivel nacional.
De 987 IPS públicas a nivel nacional en 2008 que reportaron
información, en 841 (90%) se presentó un desbalance
entre los ingresos reconocidos de $8 billones 66.688 millones
(recaudos por $4 billones 681.044 millones, o sea del 58%)
y los gastos por $5 billones 218.549 millones. No se pudo
registrar una mejoría en la vigencia fiscal de 2009,
pues el déficit fiscal fue mayor en $544.857 millones,
es decir de 53% en términos corrientes, por cuanto
los ingresos reconocidos fueron de $8 billones 709.730 millones
(con recaudos por $6 billones 765.534 millones, es decir el
77.6%), en tanto que los gastos totales por funcionamiento,
generales, comerciales y de deuda pública fueron de
$6 billones 613.587 millones, situación ésta
que generó una condición de iliquidez e insolvencia
a estas entidades, con efectos directos en su red de proveedores
de servicios.
Los gastos totales se distribuyeron en un 59% ($3 billones
899.794 millones) en gastos de personal, el 21% ($1 billón
406.101 millones) en gastos de operación comercial
y prestación de servicios, los gastos generales representaron
el 18% ($1 billón 173.447 millones) y las transferencias
corrientes equivalen al 2% del consolidado general de gastos
en 2009. En otras palabras: de cada $100 que estas IPS públicas
recibieron por la venta de servicios, $59 fueron al pago de
sueldos y salarios, $21 a gastos de medicamentos y material
médico quirúrgico y odontológico, los
gastos generales o indirectos fueron de $18, quedando sólo
$2 para el pago de cesantías y parafiscales.
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En hospitales públicos:
más gastos contra menores ingresos,
los llevó a un déficit fiscal en 2008 y 2009
de $1 billón 31.351 millones y $1 billón
576.208 millones, respectivamente.
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Como
se comentó, en el 90% de estas entidades los ingresos
operacionales no alcanzaron para honrar oportunamente los gastos
incurridos, lo que se traduce en posibles sobrecostos de intereses
y demás conceptos, además de la contemporización
de servicios, por cuanto la venta de servicios es insuficiente
para garantizar la asunción de compromisos presupuestales,
llevándolas a un déficit presupuestal que limita
la capacidad de oferta institucional; ello, sin contar las penurias
que deben transitar para obtener la mayor cantidad de recursos
financieros del costo de producción, a través
de la efectiva recuperación de la cartera que se dilata
por acciones muchas veces injustificadas en demoras en los reconocimientos
y pagos de las aseguradoras y entes territoriales (“jineteo”),
y a la restricción de oferta de servicios por condiciones
de nivel de atención y garantía de la calidad.
Lo anterior contrasta con la mayor asunción de compromisos
desde la promulgación e implantación de la Ley
1122/07, que les impuso nuevas cargas fiscales y administrativas,
que combinadas con otros esquemas de compensación como
la venta de servicios contra el pasivo prestacional, y hoy día
la obligatoriedad de vincular los funcionarios en calidad de
contratistas, hacen que el futuro de estas organizaciones sea
de pronóstico reservado y para algunos una seudo-forma
de extinción y el camino expedito para la privatización
de los servicios de salud en el país, donde las medidas
tomadas por el gobierno nacional -en especial para agilizar
flujo de recursos- resultaron infructuosas e ineficaces.
Cuando el análisis se realiza de forma individual (ver
cuadro), a partir de cada departamento, se puede observar cómo
en los 32 se presentó un déficit presupuestal
en 2008 y 2009, repitiéndose igual comportamiento negativo
en ambos años y en muchos de ellos el déficit
se hace cada vez mayor, significando que los ingresos institucionales
son insuficientes para la carga de costos y gastos que demandan
estas entidades. Tal fenómeno fiscal se constituye en
un problema estructural que demanda acciones concretas, siendo
los siguientes entes territoriales los de mayor déficit:
Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca, Huila,
Tolima, y Valle del Cauca. |
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Déficit presupuestal 2008-2009 en IPS
públicas
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| Una
lectura complementaria de esta situación presupuestal
para las IPS públicas, sería menester hacerla
con los resultados de los dictámenes de la Contraloría
General de la República y contralorías territoriales,
para conocer la calidad de los dictámenes contables y
de opinión presupuestal, pues también es necesario
agregar que en muchos municipios la contabilidad presupuestal
presenta serios reparos en la forma como es manejada, la calidad
de los registros, la gestión en la recuperación
de cartera, la consistencia de la misma y la debilidad en calidad
de los soportes contables, lo que indudablemente advierte una
dosis alta de incertidumbre sobre la razonabilidad de las operaciones
financieras y por tanto de los estados contables. Pero aun así,
no le resta importancia a la deteriorada situación financiera
de las IPS públicas, que discurren entre problemas de
iliquidez, alto endeudamiento y casi ninguna rentabilidad, en
un camino de difícil tránsito institucional que
demanda la intervención del alto gobierno, pues siempre
será necesario mantener este tipo particular de organizaciones
territoriales de la salud, dada la finalidad del Estado, inclusive
donde es necesario mantener un cierto volumen de recursos de
oferta, toda vez la característica de la población
objeto de atención. |
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