MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 14    No. 169 OCTUBRE DEL AÑO 2012    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co


Manejo de finanzas territoriales golpea a prestadores y aseguradores
Altas deudas y mayor esfuerzo propio, pese a saldos en cuentas maestras
Jaime Alberto Peláez Quintero - Especialista en Economía de la Salud - elpulso@elhospital.org.co

El informe “Entes Territoriales” en la web de Supersalud que informa sobre cobertura, cuentas por cobrar de las EPS-S a cargo de entes territoriales, cuentas por pagar de entes territoriales a favor de IPS, situaciones administrativas, saldos de cuentas maestras y demás información financiera, da cuenta del estado de las finanzas territoriales en salud; el informe incluye la participación de cada ente territorial en su presupuesto para contribuir al financiamiento del régimen subsidiado a diciembre 31/11 y proyección de vigencia 2012.
El análisis de afiliación parte del reporte del Ministerio de Salud de afiliados activos en la BDUA a diciembre 31/11: de la población registrada por el Dane de 45'233.262 personas en 1.080 municipios, 22'160.025 de ellas (53.36%) están afiliadas al régimen subsidiado, el 45.81% (19'026.368 afiliados) al contributivo, y apenas 0.83% (346.635 afiliados) están en regímenes de excepción financiados con recursos de oferta. Se aprecia una cobertura entre total de población y los efectivamente afiliados a algún régimen, del 91.82%.
Obsérvese como la realidad fáctica contraría un postulado inicial de la Ley 100/93, que presuponía mayoría de afiliados en el régimen contributivo, que coadyuvarían a financiar los afiliados al subsidiado, mientras transitoriamente otro grupo estarían 'vinculados' al sistema, como garantía para lograr la meta de universalización. Pero en la práctica todo resultó muy diferente, por lo que financieramente se requieren mayores aportes parafiscales y fondos fiscales; esto aumentó dramáticamente el gasto en salud, al punto que hoy presiona fuertemente la supervivencia del régimen subsidiado con casi todas las EPS-S en afugias económicas y otras en farragosos procesos liquidatarios que de paso arrasan con la red hospitalaria pública, sometiéndola a alto riesgo de operación y con efectos en la imposibilidad de una atención digna, oportuna y de calidad a sus afiliados.
Financiación en 2011 y 2012 del subsidiado
Las 5 fuentes principales que financiaron el régimen subsidiado de abril a diciembre de 2011, ejecutaron efectivamente en el agregado $5 billones 283.946 millones, siendo las cajas de compensación las de menor participación con 1.68%, lo mismo que el presupuesto nacional con 5.38%, seguidas de los recursos propios con 9.21%, Fosyga con 12.90% y en mayor proporción el Sistema General de Participaciones (SGP) con el 65.52% de transferencias por $3 billones 462.196 millones.
Saldos Cuentas Maestras reportadas
por entidades financieras al Ministerio de Salud
Panorama bien diferente es el total liquidado para la proyección financiera de la vigencia 2012, toda vez que las cajas participaron con una cifra importante para co-financiación del aseguramiento del régimen subsidiado con $89.212 millones (1.11%), lo mismo que el gran esfuerzo fiscal de recursos propios de los entes territoriales con $1 billón 110.214 millones, es decir con el 13.84% del total consolidado. El Fosyga aporta $2 billones 993.644 millones (37.31% del acumulado), y la mayor participación es nuevamente del SGP con $3 billones 883.948 millones, para un significativo aporte del 48.41%.
Se destaca que casi la mitad del total de recursos que financian el régimen subsidiado en 2012 en los entes territoriales, provienen del SGP a través de las transferencias, según distribución del documento Conpes 148 (feb. 9/12), pero más relevante es la contribución de estos entes que aportarán $1.1 billones y los casi $90.000 millones de las cajas de compensación, que sumados a los $46.2 billones de presupuesto inicial para el sector salud, consolidan una cifra récord de $47.3 billones para la vigencia fiscal de 2012.
Presupuesto de salud2012:
sin precedentes
Cabe recordar que este cuantioso valor es el resultado de los aportes del Presupuesto General de la Nación en $25.5 billones y de $20.7 billones del Fosyga, que arroja un presupuesto para financiamiento de la salud de $46.2 billones, con una intermediación de las aseguradoras de ambos regímenes calculada en $2.3 billones; en salud pública son $870.000 millones (sólo se aplica 1.77% del total de recursos, porque el restante 98.23% va a atención de la enfermedad, hipotéticamente), y una cuarta parte (25%) va a medicamentos. Teóricamente, se constituye así en el gasto en salud sin precedente, frente a la magnitud de recursos aportados para otros sectores y actividades económicas.
Es tan significativo el gasto anual de salud en el país, que representa poco más de tres veces las utilidades netas de la empresa más grande y con mayor utilidad neta, Ecopetrol, que en 2011 tuvo utilidades de $15.4 billones; aún así, los recursos parecen insuficientes para garantizar la sostenibilidad y viabilidad financiera del sistema de salud en Colombia, cuando otros países con menor gasto en salud presentan mejores indicadores sanitarios, lo cual advierte fallas estructurales en inspección, vigilancia y control, y protuberantes ineficiencias técnicas y económicas que hacen del invertido modelo en salud una gestión anti-económica, donde unos pocos resultan altamente privilegiados. Esto lo convierte por tanto en asunto de primer orden en la agenda del ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
 
Con plata en cuentas maestras... y no pagaban
Lo más preocupante del informe de Supersalud, es que mientras los saldos en Cuentas Maestras reportadas por las entidades financieras al Ministerio de Salud a diciembre 31/11 estaban en $1 billón 915.327 millones, las cuentas por pagar de EPS-S a favor de las IPS era de $2 billones 265.847 millones, y las cuentas por cobrar de las EPS-S a cargo de los entes territoriales eran $1 billón 605.918 millones, de los cuales $106.804 millones (6.65%) correspondía a contratos de vigencias anteriores a 2011. Igualmente, $1 billón 215.433 millones (el 75.68%) son de contratos con vigencias anteriores a diciembre 31/10 y el 17.67% restante a contratos con vigencia a marzo 31/11.
Es tan sensible el tema que a casi todos los Departamentos la Supersalud les cuestionó la situación, así: “Saldo cuentas maestras: las Entidades Territoriales del departamento deben explicar y sustentar las razones por las cuales con saldos por valor -especificado- en las cuentas maestras del régimen subsidiado, no han cancelado las cuentas por cobrar que reportan las EPS del régimen subsidiado que ascienden a -valor especifico-“.
La masa crítica de recursos del sistema
de salud es más que suficiente para garantizar

sostenibilidad financiera y la universalización
del aseguramiento en condiciones de suficiencia,
pertinencia y calidad en la prestación del servicio.
Por ejemplo: Bogotá presentó un saldo de Cuentas Maestras del subsidiado por $729.460 millones, cuando a las EPS-S les debía $51.781 millones; no obstante, de este valor $45.681 millones corresponden a contratos de vigencias anteriores a diciembre 31/10 y a contratos vigentes a marzo 31/11, por $6.099 millones; por su parte, las EPS-S le debían a las IPS $212.803 millones. Asimismo, Santander que tenía en ese entonces en Cuentas Maestras $115.067 millones, debía a las EPS-S $35.098 millones, siendo $28.400 millones de contratos de vigencias anteriores a diciembre 31/10 y $6.698 millones de contratos con vigencia a marzo 31/11, cuando las cuentas por pagar de estas mismas EPS-S registraban deudas a favor de las IPS por $75.351 millones.
Lo anterior demuestra fehacientemente que la masa crítica de recursos que dispone el sistema de salud de $47.3 billones para 2012, y lo invertido o gastado en los últimos 18 años con crecimiento geométrico de 4.16 veces en promedio anual entre 1993 y 2009, y de 11.61 veces entre 2003 y 2009, son más que suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera y la universalización del aseguramiento en condiciones de suficiencia, pertinencia y absoluta calidad en la atención y prestación de servicios de salud, pero por falta de una adecuada función de inspección, vigilancia y control, cada agente de la densa cadena de intermediarios dilata, contemporiza, “jinetea” y hace gestión con los recursos de la salud, haciendo portafolio y hasta inversiones en formación bruta de capital.
Incluso el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se refirió a esta situación en su exposición de motivos del proyecto de ley 135, cuando dice que es necesario destrabar o como él mismo lo llama, “liberar el atrapamiento” de que son objeto estos recursos en Cuentas Maestras, por saldos de recursos no ejecutados o no comprometidos porque el valor de lo apropiado de las fuentes de financiación del régimen subsidiado hasta marzo de 2011 se realizaba con base en los cupos estimados previstos en los contratos de administración de los recursos que no utilizaban en su totalidad, de tal manera que se acumularon progresivamente excedentes en las cuentas maestras de los municipios. Al corte de julio de 2012, ascendían a $1.778.321.51 (cifras en millones de pesos), es decir $1.77 billones, lo mismo que los $62.359 millones de recursos patronales del SGP, más los rendimientos estimados por $6.000 millones, según informó el ministro en el proyecto de ley.
 
Hospitales públicos: a programa
desaneamiento fiscal y financiero
Tras conocerse informe de Supersalud sobre saldos en Cuentas Maestras del régimen subsidiado en los entes territoriales, por recursos no ejecutados o no comprometidos, que a julio de 2012 ascendían a $1.77 billones (mientras no pagaban cuentas por cobrar de EPS-S e IPS), llama la atención que aún con contratos de vigencias anteriores a 2010 y varios de 2011 (el 81.33% de vigencias anteriores a 2012), no se avizorara una situación tan evidente como lamentable, previsible y evitable como ésta; ello impidió intervenir mucho antes para mantener una mejor condición financiera de las entidades de salud, y generó gran dificultad institucional a las familias y usuarios de servicios de salud.
Cuadro estadístico categorización Empresas Sociales del Estado
(Anexo Técnico)
Anexo técnico Nº 2
Más aún: se constituyó en parte del detonante de la grave crisis que atraviesa el régimen subsidiado y desencadenó un deterioro fiscal y financiero de la red pública hospitalaria del país, como advierte la resolución 2509 del Ministerio de Salud, a efecto de salvar muchas Empresas Sociales del Estado -ESE- que tienen lamentables indicadores financieros.
Categorización del riesgo en las ESE
Para sanear el creciente y preocupante déficit presupuestal, el Ministerio de Salud diseñó un programa de ajuste institucional y apoyo fiscal (o de salvamento fiscal) que recupere la liquidez de las ESE, pues los ingresos operacionales y no operacionales son infinitamente menores que los gastos operacionales y no operacionales, generando un índice de riesgo que hizo necesario categorizarlas.
Las 944 ESE del primer anexo técnico y las 24 del anexo técnico número 2, suman 968 ESE categorizadas, dando como resultado que sólo un poco más de la tercera parte no presentan riesgo en su gestión financiera (el 34.92%), por lo que el 65.08% de ellas presenta algún tipo de riesgo asociado con su administración financiera.
Con riesgo alto hay 296 hospitales públicos. En otras palabras: el 30.58%, casi una tercera parte de ellos acusan fuerte deterioro de la situación financiera y 9.75% presenta riesgo medio. Es decir: 40.33% de las ESE deberán sanear sus finanzas para garantizar su supervivencia institucional, so pena de entrar en alguna figura jurídica de permanencia en el sistema o de estar incurso en un proceso de disolución y posterior liquidación.
Dentro de los 60 días calendario a la circular del Ministerio a Direcciones Departamentales y Municipales de Salud, los hospitales en categoría de riesgo medio o alto deberán adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, acorde con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 1438/11, lo cual puede conllevar a que para algunos sea más pertinente su disolución y liquidación, con los consabidos efectos para su población geo-referenciada, generándose en consecuencia mayores presiones sociales e institucionales.
Un análisis por departamento enseña resultados dicientes y orientadores de la inminencia de acciones resolutivas, toda vez que Antioquia (41-14.3%), Santander (31-10.8%) y Cundinamarca (23-8%), con 95 ESE en alto riesgo, representan una tercera parte (33.1%) de las 287 ESE que estaban a diciembre 31/11 con grave situación financiera, además que son también los departamentos que participan con el 35.8% de las ESE de mayor riesgo medio.
 
Recursos para salud son más que suficientes
Independientemente de cualquier decisión del alto gobierno sobre intervención al modelo de salud, conforme con los nefastos resultados en financiamiento, calidad de la atención, accesibilidad y goce efectivo del derecho a la salud, se verifican verdades que deben considerarse como fuentes de criterio para el debate. Una, que los recursos de la salud son suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, evidenciándose un incremento correlativo entre el volumen de fondos de la salud y los problemas asociados al mismo, es decir que más recursos líquidos al sistema de salud implicará un incremento especulativo en el sector (más plata no implica resolver los problemas, quizás hacen “más atractivo el negocio”, con un efecto marginal por este fenómeno en tanto persista el modelo de funcionamiento, pues nunca serán suficientes los recursos que se asignen).
Es más, parte del problema es que hay tantas fondos disponibles que incentivan en muchos agentes la posibilidad de hacer negocio, y para ello ponen todo tipo de barreras y filtros que dilatan el flujo eficiente de recursos, y hasta esquilman parte de ellos en clara connivencia con la densa cantidad de normas, muchas inaplicables y otras contradictorias que por el contrario, paradójicamente facilitan la gestión anti-económica de estos agentes.
Como si fuera poco, en este lánguido panorama los especuladores encuentran muchas facilidades ante el vacío de instancias de inspección, vigilancia y control, pese a que para el caso de Supersalud este año cuenta con más de $112.000 millones y las últimas leyes la dotaron de instrumentos de control efectivo, sin que hasta ahora sea posible un real proceso de descentralización, desconcentración o delegación territorial; esto agrega una dosis altísima de confusión y caos, que es parte de la actual crisis del sistema de salud.
Además, la expedición de normas agrega alta incertidumbre a la correcta administración del sistema y lo hacen confuso para la solución de problemas; si fueran solo las normas los instrumentos que aseguraran reales soluciones al logro de objetivos, el sector salud sería de lejos el más eficaz, eficiente y el de mayor grado de satisfacción.
Finalmente, en la intermediación de aseguradoras, particularmente de las que operan el régimen subsidiado, ya por sustracción de materia y por la forma como fluyen los recursos (más del 60% de pagos son por giro directo y no asumen riesgos en salud ni financieros, pues están ilíquidas, insolventes, altamente endeudadas y con serios problemas patrimoniales), hablar de su extinción es una redundancia. No así para las del contributivo, que tienen mayor capacidad de maniobrabilidad financiera y suficiencia patrimonial, y al decir del querer del Ministro y del Presidente, su permanencia parece garantizada.
Así las cosas, lo ideal sería entonces que sean unas pocas EPS fuertes financieramente, supervigiladas y altamente controladas, evitando en todo caso que no operen fenómenos económicos de “cartelización” u oligopolios, con posiciones abusivas y dominantes, lo que exigirá medidas, controles, rendición de cuentas y acompañamiento permanente de las Superintendencias de Salud y Financiera.
 
 
 







 



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