540 hospitales públicos de Colombia en riesgo fiscal y financiero medio y alto son la exacta medida del estado del sistema de salud y seguridad social imperante. Ahí está el resultado de un modelo y un sistema equivocados, injustos e inoperantes en términos de bienestar social. Este voluminoso grupo de Empresas Sociales del Estado -que representa cerca de la mitad de las que tiene el país-, soporta una dura carga por cuenta de la cartera que en forma irresponsable han dejado crecer sus deudores, por cuenta del torpe y desigual flujo de recursos, y en cierta medida, por cuenta de la corrupción y politiquería empotrados en muchos de nuestros hospitales públicos.
Antioquia, departamento líder en grandes obras de emprendimiento, en industria y en desarrollo cultural y social, también lo es con frecuencia en terribles males como la violencia y como en esta emergencia sanitaria: 83 de sus 133 ESE en riesgo alto o medio, nada menos que 62% de su red hospitalaria pública. En la Guajira, 12 de sus 16 hospitales públicos (75%) de la red están en situación riesgosa, y la crisis no es menor en Santander, Valle, Cauca y otros importantes departamentos. Hoy, cuando están de moda los paros, no se necesitará del paro de los trabajadores de la salud, porque la salud se está paralizando solita.
Por fortuna, las instituciones afectadas por esta calificación avanzan, unas más que otras, en sus planes de saneamiento fiscal y financiero, y no pocas están saliendo al otro lado. Pero siguen con el sambenito que les impone una metodología aplicada a rajatabla y sin contemplaciones por el Ministerio de Hacienda, cuyos técnicos sólo atienden a la fría realidad de los números. Con razón, esa metodología ha recibido fuertes críticas de sus víctimas, sobre todo por el peligro de que esos rótulos de riesgo alto o medio disminuyan la utilización de sus servicios y por ende la facturación, pilar de cualquier plan de saneamiento. Con altibajos e intermitencias, el giro directo ha significado alguna mejoría en esos programas de recuperación, pero generalmente poco representa frente al lastre de la ominosa cartera que en su más alto componente está en cabeza de algunas EPS, que viven aferradas en forma parasitaria a los recursos del sistema.
Ningún plan de saneamiento fiscal y financiero será suficientemente eficaz para salvar a nuestros hospitales en forma definitiva de sus crisis recurrentes, si las causas estructurales del desangre se mantienen incólumes. El Estado es severo en esos procesos de recuperación, y no puede actuar de otra manera. Pero el usuario de la salud reclama igual severidad frente a los diversos causantes de la debacle económica de su hospital. Ante la inoperante vigilancia estatal, sólo la participación de la comunidad puede poner en su lugar al puñado de caciques de pueblo que esquilman los menguados dineros de los hospitales y convierten a éstos en fortines políticos. Y no puede ser que mientras a la ESE víctima se la castigue con rigor, a sus victimarios, un grupo de EPS irresponsables, se las premie con mayores prebendas y beneficios. En realidad, es la salud del pueblo colombiano la que está en altísimo riesgo.