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Hospitales públicos
buscan no ahogarse
en plan de saneamiento financiero
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¿Qué pasará
con 540
hospitales públicos en riesgo
financiero medio y alto?
Olga
Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co
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Grandes cuestionamientos y mucha
preocupación generó la propuesta del gobierno
nacional de mejorar el desempeño de los hospitales públicos
mediante la adopción de reglas de ajuste fiscal a través
de los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), por
cuanto con su metodología y resultados esperados se conseguiría
la solvencia financiera pero se provocaría la insolvencia
social de los hospitales públicos colombianos. |
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Desde
las Empresas Sociales del Estado -ESE- y sus agremiaciones,
lo mismo que desde los municipios y departamentos -involucrados
en la concurrencia para sacar los hospitales de sus dificultades
económicas-, se critica esta medida reduccionista de
solución a la crisis hospitalaria a planes de saneamiento
fiscal y financiero, porque desconoce que la gestión
deficiente de los hospitales no obedece sólo a sus costos
administrativos y operativos, sino también a importantes
factores externos y del entorno del sector salud, como la falta
de pago por sus servicios que aumenta su cartera y asfixia sus
finanzas, y el ineficiente e insuficiente flujo de recursos
que los deja sin capacidad de maniobra, impide cualquier tipo
de administración y en cambio sí amenaza su supervivencia.
Además, los PSFF encierran la amenaza de que ante su
incumplimiento, los hospitales públicos corren el riesgo
de ser intervenidos, fusionados o liquidados. La Ley 1438/11
estableció que los hospitales públicos desarrollarían
programas de saneamiento fiscal y financiero: para ello, lo
primero era categorizar los hospitales según su nivel
de riesgo, considerando el mercado, el comportamiento financiero
y los
servicios de salud; según la Asociación de Empresas
Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), ese indicador quedó
mal construido, porque sólo se consideró la parte
financiera. Luego en la reglamentación de esa norma,
la resolución 2509 de 2012 que categorizó el riesgo
por primera vez, dejó en el país a 403 hospitales
(el 41%) en riesgo medio o alto; y este año la resolución
1877 que hizo una nueva categorización, dejó en
riesgo medio o alto en el país a 540 hospitales públicos.
Este resultado es una amenaza de gran magnitud, porque deja
expuestos más del 40% de los hospitales públicos
del país, al riesgo de la liquidación.
Según la Federación Nacional de Departamentos,
la Federación Colombiana de Municipios y la Asociación
de Empresas Sociales de Estado e IPS Públicas -Acesi-,
al menos en la mitad de estos hospitales aunque su facturación
es rentable, su recaudo efectivo en 2012 no alcanzó a
cubrir sus compromisos de gasto, pues en promedio de cada $100
facturados, solo recaudaron $61. Por ello indicaron la inconveniencia
de que el gobierno aplique a los hospitales el programa de ajuste
fiscal que aplica hace una década a entes territoriales,
para que ajusten sus gastos a lo que recaudan por venta de servicios,
pues esta solución pasa por ajustar la oferta de servicios
del hospital a su comunidad.
Agregan que esa respuesta basada en reducción de servicios
de salud o de acceso a los hospitales no es una solución
de fondo, porque corresponde al Estado garantizar que las EPS
le paguen a los hospitales los servicios que les prestan y la
recuperación de la cartera que les adeudan. De ahí
que cuestionen: ¿Cuáles son las medidas efectivas
tomadas por las autoridades de control en salud del gobierno,
para que los deudores de la red pública hospitalaria
cancelen los más de $4 billones que les adeudan? Y si
los municipios honraron sus deudas con el régimen subsidiado,
¿por qué no se obliga a las EPS a hacer lo mismo
con la deuda que tienen con los hospitales?
Además, de lograrse el equilibrio financiero basado en
recorte de servicios, se provocaría insolvencia social,
que pondría en duda la política social en salud.
Y no se puede olvidar que la Corte Constitucional ratificó
la necesidad de garantía de resultados sociales de los
hospitales públicos, por encima de la renta económica,
en la Sentencia C-540 de 2001.
Por todo lo anterior, hay un llamado nacional a que el gobierno
revise esa solución infortunada que no corregiría
el problema de fondo. |
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