Quien es “buena paga”, se esmera por cancelar sus obligaciones cumplida y correctamente. Quien no, dilata el pago, con mil excusas y pretextos. No otra cosa ocurre con las socorridas glosas de cuentas médicas y de salud, la forma más diplomática inventada en Colombia para evadir los pagos de los servicios de salud contratados por ciertas EPS con los hospitales y clínicas. ¿Será justo que algunas prósperas aseguradoras cuadren caja y apalanquen sus negocios a costa de las torturadas finanzas de las instituciones prestadoras que atienden a los enfermos del país?
Son admirables varias EPS que -pese al enrarecido sistema de salud y a la normatividad que sirve de patente de corso a la irresponsabilidad contractual- pagan honesta y responsablemente sus deudas a los hospitales, evitando las glosas infundadas y demás subterfugios técnicos que algunos colegas utilizan a su arbitrio.
Nadie desconoce que un cierto porcentaje de cuentas (muy bajo como lo demuestra el resultado de la auditoría final de cuentas) incurre en soportes insuficientes o mal elaborados, en incongruencias entre los servicios y tarifas pactados y los efectivamente aplicados, en eventuales faltas de pertinencia y otras fallas administrativas. Casos excepcionales, como lo demuestra el porcentaje en que queda la glosa definitiva en todo Colombia, frente a la glosa inicial. Lo corrobora el dictamen del señor Superintendente de Salud, Gustavo Morales Cobo, en declaración a este periódico. Así lo aceptan incluso las escasas y tímidas declaraciones de los voceros de EPS. Si admiten que muchas empresas se equivocan reiteradamente en esta práctica, ¿por qué no la corrigen de una vez por todas en vez de persistir en lo que la contralora saliente, Sandra Morelli, llamó con toda razón, “práctica abusiva” y “eventual abuso de posición dominante”?
El artilugio de glosa genera una distorsión del flujo de los recursos que engrosa la ya abultada cartera hospitalaria. Las cuantiosas glosas infundadas y extemporáneas sólo le sirven a las “entidades responsables del pago”, a la postre ni tan responsables, que juegan impúdicamente con la salud pública para maquillar sus estados financieros y dilatar el pago, acudiendo muchas veces al ridículo argumento de la “falta de autorización”, autorización que obviamente otorga o niega el ente glosador, en una auditoría concurrente inequitativa y tramposa.
La misma normatividad que regula las glosas -remendada, maltrecha e inoperante como toda la legislación del sistema- contiene vacíos y admite toda clase de esguinces y leguleyadas. Los artículos claves de esas normas -que consagran clara y taxativamente los deberes de cada actor- son violados sistemáticamente, y los entes de control, en especial la Supersalud, acusan desbordamiento e insuficiencia de recursos para frenar el fenómeno, ante el alud de procesos sancionatorios y la multiplicación de una práctica que a todo el mundo se le salió de las manos. En vano siguen argumentando algunos dirigentes de EPS que el problema es “técnico”, expediente tan fácil como el de las famosas “zonas grises”, cuando se trata de no pagar. En conclusión, las glosas son el suero antiofídico de las EPS contra las “culebras” más bravas que tienen con clínicas y hospitales en todo el país.