En
agosto pasado el Ministerio de Salud presentó al Congreso
de la República el informe con las principales actividades
y logros de 2014-2015. El informe parece cumplir un formalismo,
sin mucho análisis ni discusión sobre los principales
temas que comprometen la sostenibilidad del sistema de salud
y los resultados del mismo para los colombianos. En una democracia
sólida, con mayor transparencia y un buen equilibrio
de poderes, un informe como estos debería ofrecer información
clara y precisa para el público, de manera especial para
apoyar el control político por el Congreso.
La lectura del informe no resulta fácil ni amena, dado
el énfasis en la relación de actividades y el
cúmulo de declaraciones generales, sin mucho sustento
ni análisis. Además, no hay buena integración
entre los temas y estos son tratados en forma diversa, en cuanto
a extensión y estilo, lo que deja ver un Ministerio poco
articulado en su interior. |
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En la introducción del informe se encuentra los denominados
'Avances normativos e innovaciones', temas que ameritan análisis
cuidadoso y buen seguimiento para concluir si de verdad, como
se dice en el informe, es posible “una transición
hacia un mejor modelo de salud, más cercano a la gente,
con mayor oportunidad y calidad” (Ver Cuadro 1).
Dirección del sistema, legitimidad
y confianza
El Ministerio reconoce la falta de confianza y legitimidad
entre los actores del sistema como aspecto crítico,
tanto que entre los retos plantea la necesidad de recuperarla.
No obstante las medidas parecen tímidas y el informe
no da buena cuenta de los esfuerzos que por ejemplo se adelantan
en la política pública integral anti-corrupción
y de la Ley de Transparencia y acceso a información
pública (Decálogo de transparencia e integridad).
Como resultado de la Cumbre por la Salud en Medellín
en febrero de 2014 y del debate en torno de una reforma al
sistema de salud, el Ministerio adoptó la “Instancia
de coordinación y asesoría”. Aunque pudiera
verse como un remedo del otrora Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, a la luz de la gobernanza del sistema es
apenas un espacio de diálogo que solo recomienda y
propone, dejando claro en el decreto de creación que
“las recomendaciones que se formulen al interior de este
espacio de coordinación y asesoría, son orientaciones
y por lo tanto, no tienen carácter vinculante”.
Luego de 6 meses de creada, en junio pasado tuvo la primera
reunión. Ojalá se constituya en el germen de
un organismo de más alto perfil y no sucumba en el
camino.
Administración centralizada
de recursos y sostenibilidad
En la misma perspectiva de un posible fortalecimiento
de la dirección, con repercusiones sobre la eficiencia,
el flujo de recursos y el control sobre su uso, se destaca
la creación de la entidad administradora de recursos
del sistema, como se dispuso en el Plan Nacional de Desarrollo.
No obstante, el informe del Ministerio no concreta nada sobre
el particular y apenas mantiene el tema como anuncio. Esta
iniciativa, que recuerda la propuesta de crear a Salud-Mía
y que significa un perfeccionamiento de la experiencia con
el Fosyga, puede significar un paso positivo en cuanto al
manejo unificado y más eficiente de los recursos, aunque
no estará exenta de dificultades en su implementación
y de riesgos en cuanto a politización y corrupción.
Sorprende por ejemplo que la Junta Directiva esté conformada
solo por actores políticos (3 ministros, un gobernador
y un alcalde).
Por otra parte, a propósito de la sostenibilidad del
sistema, de la permanencia de las EPS y de la futura configuración
del mercado de aseguramiento, las normas para garantizar la
solvencia de estas entidades significarán un gran esfuerzo
propio y de las entidades de vigilancia. En un escenario optimista,
si además el gobierno hace un esfuerzo por aclarar
y saldar deudas acumuladas, estas medidas pueden despejar
el panorama financiero.
Garantías para cobertura y
acceso
Consciente también de las dificultades para
garantizar la continuidad en la afiliación y el goce
efectivo del derecho a la salud (el acceso), se avanza en
varias experiencias que parecen compatibles con el alcance
de la cobertura universal y que amerita monitorear para conocer
sus resultados. Se destaca la movilidad entre regímenes,
despejando las trabas para resolver problemas cotidianos de
población vulnerable que puede tener empleo cíclico
pero que no puede garantizar cotizaciones permanentes, la
permanencia de los jóvenes entre 18 y 25 años
sin exigir que estén estudiando, y el diseño
de un modelo de atención integral tanto general como
para población dispersa. Esto, sin hablar de las exigencias
de la Ley Estatutaria, que pese a ser reconocidas en el informe
particularmente en atención de urgencias, no avanza
sobre ajustes requeridos.
Conclusión
El informe del Ministerio de Salud al Congreso podría
ser un documento con mejor información y análisis,
que ilustre el desempeño del sistema de salud y que
sirva como insumo básico para el debate público.
No obstante, deja entrever unas líneas de pensamiento
y de actuación que pudieran ayudar a fortalecer el
sistema.
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