El gobierno nacional está en mora de aportar soluciones reales y efectivas a la crisis económica generalizada del sistema de salud y a la iliquidez de los hospitales.
¿Quién puede contentarse con los exiguos recursos que entrega el Ministerio de Hacienda con la venia de la cartera de Salud ante la asfixia financiera de nuestras IPS públicas y privadas? La compra de la cartera (la mayor parte de entes privados) por parte del gobierno -que nunca ha sido solución de fondo y antes alcahuetea la cultura del no pago- se da en proporción ridícula. Sumado a lo anterior la censura velada de prensa y la penalización de la protesta social, pocas veces se ha visto semejante falta de contundencia oficial para enderezar la política pública hospitalaria y de las instituciones delegadas para la prestación de estos servicios.
La acción desplegada en los últimos meses por el Ministerio de Salud no se compadece con la dolorosa situación de los hospitales y clínicas. Recurriendo al socorrido expediente de todos los gobiernos, ha montado un show mediático tan hábil que todo el mundo, incluso sectores que conocemos cómo funciona este absurdo sistema, estuvimos a punto de llorar. Según las palabras del doctor Alejandro Gaviria, nunca antes el gobierno había invertido tantos recursos en la salud y en los hospitales, y a cambio recibe plantones y protestas. Además, ¿cuál crisis del sector salud? ¿Cuál crisis de los hospitales? Todos funcionan perfectamente, excepto uno que otro mal manejado, según el ministro. Y si algún desbalance existe en las finanzas, es por culpa de ciertos hospitales y clínicas que cobran tarifas exorbitantes porque se creen de mejor familia. Tal es el ilusorio mundo que se fabricó el gobierno para arriesgar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud al no atender a las clínicas y hospitales que velan por prestar los servicios demandados, violando de paso una Ley Estatutaria que expidió a regañadientes.
El gobierno nacional, y en particular el Ministerio de Salud, deberían decir la verdad a los colombianos. Más de un hospital de tercer nivel ha cerrado servicios indispensables, más de un proveedor le cortó los suministros a más de un hospital, más de un médico, enfermera y trabajador de la salud anda sin pago hace meses, más de un hospital dejó de recibir los pacientes que le remiten las EPS incumplidas. El Ministerio debería admitir de una vez por todas la difícil realidad hospitalaria y resolverla como rector del sistema de salud, en vez de recorrer el país tratando de ganar adeptos a sus tesis en los directivos de algunos hospitales, para contraponerlos a la acción reivindicante de otros.
Y la represión violenta de la Marcha por la Salud en Medellín el pasado 19 de agosto, cae como corolario de la incapacidad oficial para enfrentar la crisis. Un acto plenamente legal, pacífico, ordenado y autorizado, recibió la embestida del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Metropolitana. ¿Y por qué los medios de comunicación nacionales no dieron cuenta de estos atropellos? Es palpable la mano del gobierno para negar su acción providente a los hospitales, y encima de ello, interferir con la libertad de expresión y de información a la sociedad colombiana, acerca de las magnitudes reales del problema hospitalario que pretende desconocer, minimizar e invisibilizar.