Después de 21 años, hay consenso en que el sistema de salud creado por la Ley 100/93 requiere una “cirugía heroica” que lo saque del estado de postración que lo tiene al borde del colapso o que le dé buen morir para abrirle espacio a un nuevo sistema.
Las alertas no son nuevas: se escuchan los augurios desde su nacimiento en 1993, cuando la Ley 100 recibió decenas de demandas que advertían los peligros de instaurar un sistema donde se dejaba la satisfacción del derecho a la salud al arbitrio de la mano invisible del mercado. Continuaron los cantos de sirena en 1997, cuando se registraron caídas dramáticas en algunos de los principales indicadores de salud pública en el país.
Luego en diciembre de 2003 la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC) denunció en el Senado el escandaloso aumento de cartera hospitalaria y la lentitud en el flujo de recursos entre los agentes del sistema, generando tal preocupación que se conformó una Comisión Accidental para revisar los aspectos problemáticos de la Ley 100 y entregar al Congreso de la República un informe con recomendaciones. La gestión de la Comisión desembocó en el desarrollo de proyectos de ley discutidos durante casi 4 años, hasta la expedición de la Ley 1122/07 que introdujo ajustes y modificaciones a la Ley 100.
Sin embargo, pese a las normas que buscaban normalizar y agilizar el pago de cartera a hospitales, ésta siguió creciendo y se surtieron nuevas normas que tampoco sirvieron; en 2011 la Ley 1438 introdujo propuestas para reorientar el sistema con Atención Primaria en Salud, garantizar su sostenibilidad económica, atender al problema de cartera hospitalaria y mejorar indicadores del estado de salud de la población; ante el crecimiento imparable de la cartera el gobierno optó por medidas extraordinarias como el giro directo en régimen subsidiado y compra de cartera, que en algo aliviaron la situación de los prestadores. Y hoy en 2015 todavía se sigue intentando con la Ley Estatutaria en Salud y normas sancionatorias por prácticas indebidas en los pagos de aseguradores a prestadores, por un lado garantizar el derecho a la salud en un ámbito de insuficiencia de recursos y aplicar un Plan de Choque con recursos por $1.5 billones para clínicas y hospitales.
Pero las medidas son insuficientes: cada día que pasa crecen las deudas y la morosidad. Según Acesi a los hospitales públicos del país les deben $5.7 millones y según la ACHC a junio 30/15 la cartera hospitalaria ascendió a $5.8 billones, con 58% de cartera vencida. Cuentas más, cuentas menos, considerando cuentas por aclarar, la cartera hospitalaria calculada en el primer trimestre de 2015 en $12.3 billones, estaría en unos $13 billones.
Por eso EL PULSO consultó expertos de los actores del sistema y de la academia, para buscar luces que pudieran orientar al gobierno en la búsqueda de salidas a esta crisis del sistema de salud considerada la peor en su historia, con grandes sombras por despejar.
Se proponen medidas a corto, mediano y largo plazo, donde el Estado sea garante de la salud a través de políticas integrales, con equidad y justicia social; derecho a salud ligado a otros derechos humanos; cumplir la Sentencia T-760 y la Ley Estatutaria; exigir resultados en salud a todos los actores y sancionar a quienes no garantizan el derecho a salud; que las políticas y programas prioricen la salud de las personas y comunidades, antes que la salud financiera de aseguradoras; y predominio de incentivos por resultados en salud, por encima de incentivos financieros.
El cambio de sistema de salud no da espera. Sólo falta la voluntad política para ejecutarlo.