Por solidaridad, por mera precaución para evitar el estallido de una crisis social y del sistema de salud, por ética, por obligación constitucional, por responsabilidad moral e histórica, el Estado colombiano tiene que encontrar mecanismos de apoyo al pago de deudas de EPS liquidadas con clínicas, hospitales y proveedores en todo el país.
Infaustos recuerdos traen al sector salud nombres de EPS liquidadas como Bonsalud, Unimec, Barranquilla Sana, EPS Risaralda, Comcaja, EPS Caldas, EPS Corporanónimas, Red Salud, Cajanal, Seguro Social (ISS), Salud Cóndor, Selvasalud, Calisalud, SaludColombia, Comfenalco Antioquia, Solsalud, Salud Cóndor, Golden Group... Con estos y otros antecedentes, más grande es la preocupación por la cesación de pagos y no reconocimiento de deudas billonarias de mega-liquidaciones de las grandes EPS: SaludCoop en el régimen contributivo y Caprecom en el subsidiado.
La salud es un servicio público bajo dirección y responsabilidad del Estado, y es un derecho fundamental. Esas dos premisas han reglado la salud los últimos 25 años. El Estado no es por tanto, un simple observador frente a la salud como derecho, porque está bajo su tutela y directa responsabilidad. Para cumplir su objetivo, el Estado se sirve de organizaciones, contratistas e intermediarios, como son las EPS para administración de recursos o aseguramiento, y de IPS para prestación de servicios de salud. Sin embargo, el encargo en particulares o entes públicos no releva al Estado de su responsabilidad, mucho más si entrega cuantiosos recursos vía Unidad de Pago por Capitación.
Por estas razones, sorprende el gran número de EPS que reciben cada mes recursos tan grandes y están autorizadas para funcionar en condiciones precarias, pudiendo liquidarse o seguir funcionando en un estado alarmante de endeudamiento e incumplimiento. Hay 19 EPS bajo medidas especiales de Supersalud: 7 en Vigilancia Especial, 4 en Programa de Recuperación, 7 intervenidas para liquidar y 1 para suprimir y liquidar.
Muchas veces el ministro Alejandro Gaviria y expertos hablan de confianza; incluso está en el Plan Nacional de Desarrollo la recuperación de la confianza en el sistema de salud. Pero la confianza parte de la seriedad y de un acto muy sencillo que es responder por lo que se debe y por los servicios que se consumen. También proporcionar medidas que blinden la confianza: garantías. ¿Cómo puede haber confianza si existe un número tan grande de EPS liquidadas o en vías de liquidación o fusión, si nadie va a responder por las deudas que contraigan? ¿Cuáles son las garantías que pueden tener trabajadores, proveedores y hospitales al atender afiliados de determinada EPS, sabiendo que va a desaparecer y que nadie va a responder? No es una pregunta retórica: la amarga experiencia de las EPS liquidadas es la pérdida de empresas constituidas por muchos años, que afectan la población que no puede ser atendida.
Conociendo la situación tan precaria de muchas EPS, el Estado expidió normas de habilitación en el decreto 2702/14, que les amplía a 7 años el plazo para cumplir condiciones confiables, plazo que se extendería varios años más para EPS que recibieron grandes poblaciones de EPS liquidadas como Caprecom. ¿Qué sentido tiene darles 7 años más a las EPS sabiendo que están quebradas técnicamente y que seguirán estando quebradas, que no van a cumplir patrimonio mínimo (solvencia) ni reservas técnicas? Es darles 7 años más funcionando, sin tener con qué responder. Por eso el Estado tiene la obligación de crear un mecanismo para responder por las deudas insolutas que ya dejaron y dejarán otras EPS que inevitablemente se liquidarán.
Además, el Estado debe responder por estas deudas, porque ninguna EPS se quebró de un día para otro. Desde principios del siglo XXI se advirtió al gobierno de entidades que representaban un riesgo para los hospitales en caso de ser liquidadas y de que sus deudas jamás fueran saldadas. Eso que era una eventualidad se convirtió en una realidad. Y hoy, entidades que están entre irse o recuperarse son un riesgo, porque la historia y la experiencia demuestran que las que se van a liquidación dejan sus deudas perdidas y nadie responde. Este panorama es conocido por las autoridades: entonces no habrá argumentos que justifiquen que el Estado no responda por esas deudas.
Por ejemplo: ¿Por qué se dilató tanto la liquidación de Caprecom, una EPS pública con problemas, en cuya junta directiva hacían presencia 3 ministros (Salud, Trabajo y Comunicaciones)? Cuando en la última década se hablaba de corrupción y malos manejos en esa EPS, ¿dónde estaban los ministros? ¿Dónde estaban cuando le entregaron multimillonarios recursos y la dejaron languidecer?
Medidas como la creación de la Subcuenta de Garantías para la Salud del Fosyga y el Fonsaet, entre otras, son insuficientes frente a la cruda realidad de EPS en liquidación cuando son privadas, porque el gobierno en estos casos argumentará que no tiene por qué atender deudas de particulares. Esa postura debe cambiar, el gobierno debe ofrecer garantías reales frente a las deudas consolidadas con las EPS y frente a las deudas que a futuro se adquieran. Alguien tiene que responder. Y ese responsable es el Estado, porque desde la Constitución y las leyes, sin ninguna discusión, el Estado tiene bajo su rectoría y regulación la salud y su protección como derecho.