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Hace rato que la existencia de los hospitales en Colombia
es cuestión de mera supervivencia. En noviembre de
2004 escribía en EL PULSO el académico José
Félix Patiño: “Yo simplemente le pregunto
al gobierno: ¿Qué empresa puede sobrevivir
si no le pagan?”.
Y en marzo de 2013, el entonces presidente de la ANDI, Luis
Carlos Villegas, declaraba en EL PULSO que la poca agilidad
en los pagos a las instituciones prestadoras de servicios
de salud, las obligaba a aumentar su capital de trabajo
para seguir atendiendo a los usuarios y cumplir compromisos
con la cadena de abastecimiento, o a apalancarse financieramente
con sus proveedores: “Notamos un agotamiento de ambos
mecanismos, lo que podría llevar a la parálisis
de servicios o abastecimientos. El hecho de que hasta hora
no haya suspensión de servicios por las entidades
que atienden la salud, las que en más del 90% son
de naturaleza privada, no significa que no exista el problema
y talvez por eso, porque se siguen atendiendo pacientes,
no se ha hecho evidente la urgencia de tomar mayores decisiones”.
Hoy en 2016, tres años después, ese cuadro
clínico de los hospitales en vez de mostrar signos
de recuperación se ha agravado radicalmente y bordea
el punto de no retorno y de amenaza de quiebra sectorial.
Es así como la crisis económica de clínicas
y hospitales tiene fuertes repercusiones sociales: atienden
Urgencias, pero con limitaciones de insumos y de personal
asistencial; pacientes no atendidos evolucionan con mal
pronóstico y se aumenta el riesgo de morir por falta
de atención oportuna y de calidad; aumentan complicaciones
y gravedad de las enfermedades de los pacientes; aumenta
morbilidad y mortalidad por falta de atención; se
atrasan pagos de nómina y prestaciones a miles de
personas que laboran en el sector salud en el país;
se cancelan eventos académicos por falta de recursos;
disminuyen los espacios de práctica para convenios
docente-asistenciales; y en últimas, se pone en grave
riesgo la atención en salud de comunidades enteras,
por esa falta de recursos derivada a su vez de la falta
de pago a clínicas y hospitales.
Y más delicado aún: en un sector salud en
crisis por falta de soluciones efectivas de largo plazo,
donde las instituciones aseguradoras y especialmente las
prestadoras de servicios de salud operan apenas para mantenerse
dentro del sistema, llega ahora la Superintendencia Nacional
de Salud cual bravo comisario del lejano Oeste norteamericano,
a amenazar con fuertes sanciones a las clínicas y
hospitales que les compruebe la negación o restricción
de servicios a afiliados de EPS que no les pagan.
Por supuesto las reacciones de rechazo no se hicieron esperar,
especialmente porque clínicas y hospitales tienen
cómo demostrar que carecen de recursos para seguir
apalancando el funcionamiento de las EPS y no pueden seguir
ellos apalancándose en los proveedores: ya muchos
los demandaron o les niegan el suministro o les despachan
para el “diario” y contra pago inmediato.
Y lo más grave: siguen creciendo las deudas y la
morosidad con los hospitales. Según la Asociación
Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), a diciembre
de 2015 las deudas de EPS, entes territoriales, Fosyga y
otras entidades del Estado con instituciones hospitalarias
superó los $6.1 billones (60.9% es cartera morosa
mayor a 60 días). Y cifra similar presentó
la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del
Estado y Hospitales Públicos (Acesi): a junio de
2016 la deuda con estos hospitales ascendió a $6.33
billones, mientras en igual fecha de 2015 era $5.36 billones
(aumentó $970.000 millones en 1 año).
Estas deudas de cartera hospitalaria no pagada son una bomba
de tiempo a punto de explotar, que al parecer el gobierno
aún no quiere reconocer.
Si el gobierno en vez de entregar soluciones radicales a
la crisis hospitalaria llega a amenazar las instituciones
con fuertes sanciones, entonces que primero les mande la
fórmula mágica para sobrevivir y prestar servicios
sin tener recursos y sin que le paguen por esos servicios.
Una solución de alquimia… O asumir el cierre…
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