Por enésima vez se trabaja un proyecto de ley para ser sometido a consideración del Legislador, con el tema del recurso humano en salud. Si bien es cierto solo hemos conocido el proyecto preliminar, el que seguramente tiene al momento de esta publicación modificaciones, se encuentra en él una serie de normas que vale la pena comentar, pues tal y como las vemos generarán dificultades y serán poco prácticas, obligando a futuro reglamentaciones que dificultarán aún más el ya complejo sistema de salud colombiano.
Cuando se habla de la definición de hospital universitario, se define como una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), que pertenece o ha suscrito un contrato de afiliación con una universidad acreditada para desarrollar conjuntamente programas de formación de personal de salud. Hasta aquí todo parece bien, pero, ¿qué es un contrato de afiliación? Porque una figura que además de no estar definida en nuestra legislación, al parecer pretende unir a las partes intervinientes en el contrato para que formen sociedades u otra clase de figuras, cuando hoy las relaciones docente-asistenciales se encuentran adecuadamente reguladas en la legislación vigente, propiciando de otro lado dependencias interinstitucionales que con seguridad generarán conflictos.
Se incluyen además en la propuesta, una serie de requisitos adicionales para los hospitales universitarios, que dejan serias dudas sobre su conveniencia, por ejemplo: Actuar como centro de referencia para redes de servicios nacionales o departamentales. Esta situación pone a depender de las EPS o ARS la categoría de universitario, pues de todos es conocido como la obligatoriedad de la red quedó en el papel, pues ésta depende del libre albedrío de las administradoras de planes de beneficios, generando un factor más de dominancia en el sistema. Otra condición: Cumplir en todos los programas docentes los criterios de evaluación de la relación docente-asistencial establecidos legalmente; aquí llama la atención el término "todos los programas docentes", pues queda a la interpretación de quién ha de definir en la aplicación de la norma el alcance del término, ya que no podemos olvidar que no todos los hospitales tienen todos los programas y algunas rotaciones son mejores en unos centros que en otros, no obstante todos tengan las evaluaciones acode a la ley.
El literal c) insiste en el contrato de afiliación y que éste debe comprometer al personal y sus recursos para la actividad docente, tema suficientemente claro en el decreto 190 de 1996. El otro requisito es el reconocimiento nacional e internacional para las investigaciones, como contribución a la resolución de problemas de salud. Estos trabajos de investigación se adelantan en compañía de las universidades, pues sin ellas la investigación es bien difícil.
Dice el adagio que para que una cosa no funcione, se debe nombrar un comité. En este proyecto que conocemos se habla de tres a falta de uno, a saber: 1° Consejo Nacional de Recursos Humanos en Salud, 2° Observatorio de Recursos Humanos en Salud, y 3° Los Colegios Profesionales. El primero es un organismo asesor del Ministerio de la Protección Social, y tiene como asesores permanentes a la Academia Nacional de Medicina y la organización mayoritaria que tenga mayor número de afiliados, tanto de las profesiones no médicas como de las ocupaciones u oficios de la salud. Con esta redacción, ¡cabe cualquiera!
Y este es solo el comienzo, pero se terminó el espacio. Continuaremos en la próxima Columna Jurídica, a lo mejor con un proyecto más elaborado.