Muy curioso. Nadie creyó lo que juró y perjuró
el Gobierno Nacional y particularmente el Ministro de Hacienda
en relación con lo estupendo que sería para la salud
y la educación de los colombianos, la reforma a la llamada
Ley de Trasferencias y a los artículos 356 y 357, de la
distribución de los recursos y de las competencias, de
la Constitución Nacional. Y aseguró el Ministerio
de Hacienda, hasta por su misma página de Internet, que
lo que quería el Gobierno Nacional era garantizar el crecimiento
de los ingresos para los municipios, distritos y departamentos,
destinados a la educación y salud de los colombianos; estabilizar
y aumentar, por encima de la inflación, los recursos para
las regiones todos los años; fortalecer la educación
pública con más cubrimiento y calidad; evitar costos
académicos adicionales para los padres de familia colombianos;
unificar las nóminas de todos los maestros para que reciban
su remuneración en forma cumplida; y esta, que sí
es la más difícil de creer, por contraria a la realidad:
controlar el desbordado crecimiento en los costos de la salud
pública.
Ya lo hemos hablado acá, la inversión del país
en actividades de salud pública está reducida a
su mínima expresión y para constatar esto no hay
que hacer ningún esfuerzo extraordinario. Afirmar que el
gasto en salud pública está desbordado, es por lo
menos, vivir en otro planeta, o creer que todos somos tontos.
¿Quién iba a creer que con la economía estatal
tan maltrecha, el Ministro de Hacienda se batiera a brazo partido
con sindicatos, asociaciones, e incluso con entes del mismo Estado,
por aumentar los recursos para los dos sectores más mal
tratados siempre? Sería como la llegada del redentor esperado
por años, lo cual, por supuesto, no era cierto porque lo
que sí era y se sostuvo en los debates en el propio recinto
del Congreso, es que lo pretendido era un importante ahorro para
tratar de cubrir el déficit fiscal en un monto del orden
de los 9 billones de pesos en siete años. Insuficiente
ante el problema fiscal, sí, pero ese era “el tapado”,
que luego el mismo Ministro de Hacienda reconoció cuando
admitió que el nuevo régimen de transferencias hacía
parte del ajuste que se requería para equilibrar las finanzas
y disminuir el déficit fiscal.
Prometer unos alivios y hasta alcanzar unas condiciones superiores
a las actuales para la salud y la educación apoyados en
el sueño de un desempeño ideal de la economía,
cuando lo que tenemos y vivimos es todo lo contrario, es tratar
de engañar como se engaña a niños pequeños.
Más del 50 % de los colombianos no tiene hoy por hoy acceso
a los servicios de salud. Mañana la cosa será distinta.
Con menos recursos, la gravedad de la situación social
será nunca antes vista. Y un desempleo con tendencia a
incrementarse, empeorará el clima social, además
de que éste es el hecho que más incide sobre las
posibilidades del sector de la salud. Si no hay empleo, no hay
contribución al Sistema General de Seguridad Social, ni
hay consumo y por tanto, tampoco impuestos indirectos. Y sí
habrá, en cambio, deterioro en las condiciones de seguridad,
aumento en la violencia y deterioro de los demás aspectos
que tienen que ver con la salud pública, esa misma que
dizque tiene el gasto desbordado, como si se estuviera haciendo
mucho en su favor.
Los días por venir son negros, máxime si desde ya,
antes de que entre en vigencia la reforma, tenemos una situación
angustiosa en la mayoría de las instituciones de salud.
Y el problema no es lo que a ellas les suceda, no; son los niños
y las madres, los adultos y los ancianos, son los miles de personas
que van a llegar a buscar servicios a los centros de urgencias
y a las consultas de los hospitales y tendrán que seguir
derecho, posiblemente hacia sus tumbas.
